Cartas al director
En su escrito Renfe dice que la `Guía de servicios ferroviarios para viajeros con discapacidad´ es el punto de partida para hacer efectivo el derecho a circular en tren por el territorio nacional, pero ese derecho ya lo tenemos reconocido en el art. 19 de la Constitución todos los españoles y, que yo sepa, no ha sido derogado parcialmente para las personas con discapacidad. En su escrito Renfe reconoce que hasta la fecha la atención que hemos recibido, yo llevo haciéndolo desde octubre de 1975, por parte del personal de Renfe ha sido de manera altruista y voluntaria. Ello me permite dar gracias públicamente a todas las personas que solidariamente han ayudado a que pudiera desplazarme en tren y denunciar públicamente la dejación de responsabilidad que todos los ministros, políticos y responsables de Renfe han tenido para conmigo. Su obligación era haber puesto los medios humanos y organizativos para que pudiera acceder a un medio de transporte público, que significa para todo el mundo, y ha mirado para otro lado. Como si no se puede calificar el hecho de que se hayan gastado cientos de millones en adaptar estaciones y comprar plataformas elevadoras desde, que tenga constancia documental, 1993, si no se ha encomendado la tarea de su manejo a ningún trabajador. Decir que en la guía se “clarifican y establecen los servicios y prestaciones a los que estos usuarios tienen derecho” es de un desparpajo rayando en la temeridad. La guía no establece los servicios y prestaciones a los que las personas con discapacidad tenemos derecho. Tenemos derecho a desplazarnos por el territorio nacional y lo que establece la guía son los servicios y prestaciones que Renfe ofrece, que para que todo el mundo lo entienda representa que los malagueños solo podemos ir de Málaga a Antequera porque son las únicas estaciones de toda la provincia que ofrecen servicio de ayuda, las 25 estaciones de cercanías están vetadas por la vía de hecho a las personas con movilidad reducida que se desplazan en silla de ruedas y no esta contemplado que presten servicio trenes accesibles, CIVIA, hasta 2009.
Yo reclamo mi derecho a desplazarme por el territorio nacional en un servicio público como es el ferrocarril y de ninguna manera asumo que ese derecho se me intente cambiar por una guía y un servicio de apoyo restringidísimo. Por todo ello, creo firmemente estar no solo en mi derecho sino que lo considero un deber impedir la vulneración de mis más elementales derechos civiles y emprender cualquier acción legal que esté en mi mano para demandar por discriminación tanto a la empresa como al empleado que me niegue el acceso al tren cuando éste lo realice a costa y riesgo mío solicitando del poder judicial el amparo que por daño moral me corresponda. Vicente Valero Sanchís
Valencia