Parece ser que a una de las 17 españas se le ha ocurrido parchear las ridículas y dramáticas situaciones con las que se encuentran algunos de sus ciudadanos a la hora de percibir las prestaciones de la LEPA.

Supongo que esto va dirigido a aquellos a quienes conforme viene configurada esta progresista ley les pertenencen entre 0,99 céntimos de euro hasta poco menos de 3 euros mensuales por hacerse responsable cuidador de uno de sus familiares, o puede incluso que sirva para aminorar los posibles números rojos de débito a la administración en que algún que otro ciudadano, eso sí, de rango universal, en un momento dado pueda verse inmerso por haber cometido el delito de ser persona (in)Dependiente.

Me pregunto si esto es una solución, es un consuelo o hasta con lacitos nos la siguen clavando.

Eso sí, mientras tanto, debe de funcionar y por si acaso van probando.

Redacción: 25/04/2008

El vicepresidente primero anunció este juves que la Junta implantará unas ayudas complementarias que oscilarían, según el grado de dependencia, entre los 300 y 200 euros.

El vicepresidente primero, Fernando Lamata, explicó hoy que el Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando solventar la situación que se produce en el caso de personas con grandes dependencias (grados I y II) y dependencia severa (grado II), que optan a ayudas económicas para el cuidado por el entorno familiar y al mismo tiempo perciban una pensión de gran invalidez.

El portavoz del Ejecutivo autonómico señaló en su comparecencia ante los medios de comunicación que “se trata de una situación en la que la persona que padece esta gran dependencia estaba percibiendo otros ingresos de otras pensiones y la cantidad añadida que le correspondía se veía disminuida por esa prestación previa“.

Además, Lamata subrayó que en estos casos lo que sucede es que “el ingreso adicional no se puede producir por la incompatibilidad entre diferentes ayudas”, matizó.

Para evitar estos casos, en los que las ayudas para el cuidado por el entorno familiar se reducen sensiblemente, pues la Ley de Dependencia establece la incompatibilidad para acceder simultáneamente a prestaciones de análoga naturaleza y finalidad que las contempladas en las ayudas por cuidados no profesionales, el Gobierno regional está preparando diversas medidas con el fin de terminar con estas situaciones que pueden suponer un agravio comparativo para los beneficiarios.

En este sentido, el vicepresidente primero anunció que el Gobierno regional va a establecer “una complementariedad de las ayudas” en los casos de grandes dependientes (grado III, niveles I y II) que opten por estas ayudas para el cuidado por el entorno familiar.

Lamata especificó que podrán acceder así a una prestación de unos 300 euros aproximadamente equiparable a la media de una Pensión No Contributiva.

Por su parte, aquellos dependientes severos (grado II, nivel II) que se decidan por las ayudas para el cuidado por el entorno familiar, y que tengan pensiones por gran invalidez incompatible con estas prestaciones, percibirán también un mínimo de 200 euros.

La Consejería de Bienestar Social ha recordado que actualmente en Castilla-La Mancha hay 930 personas que se benefician de la ayuda para el cuidado del entorno familiar, que contempla la Ley de Dependencia.

Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades con un mayor índice de implantación de la Ley de Dependencia, de hecho, somos la tercera comunidad, tras Andalucía y el País Vasco, con más ayudas para cuidados no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social.

En el mismo sentido, nuestra región dispone en estos momentos de una red de plazas públicas en residencias, centros de estancias diurnas, viviendas tuteladas y una amplia red de centros que está dando respuesta a la demanda de cuidados especializados por parte de las personas en situación de dependencia.

Una joven arousana en silla de ruedas denuncia el trato de Renfe

Juliana Allo relata las trabas para minusválidos, que le impidieron asistir a una firma de discos en A Coruña ·· La empresa dice que fue un problema puntual.

Juliana Allo, una joven arousana de 18 años de edad, no acaba de comprender que todavía puedan darse situaciones como la vivida por ella el pasado 16 de abril, cuando pretendía asistir a la firma de discos de El Canto del Loco en A Coruña. Hace varios meses, Juliana descubrió que una persona como ella, que anda en silla de ruedas por culpa de una lesión de nacimiento, si quiere viajar en tren necesita “llamar 48 horas antes para avisar a qué hora va a ir y a qué hora va a volver en el tren”.

Pero el problema que ahora quiere denunciar Juliana se produjo a 6 km de A Coruña, en la estación de Uxes, donde el tren debía finalizar su recorrido por culpa de un desprendimiento. “Cuando llegamos allí, lo único que había era un autobús normal sin adaptación de ningún tipo”, al que ella no podía subir “porque las puertas son muy estrechas y no cabe la silla”. “En ese momento le pido explicaciones al interventor y le digo si me pueden dar algún tipo de solución, pero él me trató fatal, me dijo que yo no tenía que estar ahí y que no me podía dar solución”, explica la joven.

Juliana intentó conseguir un taxi por su cuenta, pero desde A Coruña no le pudieron garantizar un taxi adaptado libre. “Así que decidí volver en ese mismo tren a Vilagarcía”. Después de eso, Juliana, a la que no le devolvieron el dinero del billete, presentó una queja en el libro de reclamaciones de Renfe. Mientras, responsables de Renfe explicaron que desde hace tiempo se ha puesto en marcha un protocolo de actuación para facilitar la movilidad de personas con cualquier tipo de discapacidad para acabar con las barreras y los problemas suscitados a la hora de viajar en tren. Renfe explicó que se trató de un problema sobrevenido al encontrarse con la vía cortada y que, como recoge su protocolo de actuación, se pusieron en contacto con un servicio de taxi adaptado, pero que resultó imposible poder contar con sus servicios para ese momento y con el plazo de tiempo necesario para que pudiera llegar a tiempo.

Por favor, no olviden nuestros lectores que lo que antes se denominaba discriminación, ahora se denomina “problemas puntuales”; cada vez más numerosos, por cierto.

Levante-EMV, Valencia

Siete años atrapado en su piso

Actualizado martes 22/04/2008 20:31 (CET)

MADRID.- Hace siete años que no sale a la calle y no precisamente por estar en prisión. Joaquín Mora Mendoza, vecino de Huelva, va en silla de ruedas. Pero reside en una vivienda inaccesible, propiedad de la Junta de Andalucía, de la que ni siquiera puede salir al exterior al no disponer de ascensor para ello.

Desde que Joaquín Mora sufriera la amputación de su pierna izquierda hace siete años, su vida se ha convertido en “un auténtico encarcelamiento”, según él mismo asegura. La vivienda, un segundo piso, no dispone de ascensor, por lo que no puede salir al exterior. La única forma de hacerlo es bajando las escaleras, tarea imposible para él.

Según un informe emitido por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se considera inviable la instalación de un elevador para que Joaquín pueda acceder libremente a la vivienda donde habita. “Vivo en una jaula”, manifiesta.

Sin embargo, este no es el único obstáculo al que Joaquín se enfrenta a diario. Ni siquiera puede acceder al cuarto de baño, debido a las malas condiciones de accesibilidad. “Tengo que hacer mis necesidades físicas en el dormitorio“, señala.

Este ciudadano ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Huelva y a la Junta de Andalucía pero, según afirma, “unos se tiran la pelota a otros y los únicos remedios que nos han dado han sido verdaderamente indignantes”.

El primero de ellos, según cuenta el afectado, consistió en otorgarle “un piso bajo” para que se trasladase a él con su familia. Pero, a la hora de la verdad, “el piso fue concedido a otra persona”, afirma. La segunda solución, una vivienda de “30 metros cuadrados con una sola habitación”. Y la tercera, que se mudara “a un edificio situado en un auténtico ‘supermercado de la droga'”. “Esto se ha convertido en un juego entre David y Goliat, donde David no tienen ni honda”, concluye Joaquín.

Este discapacitado permanece a la espera del estudio de la situación por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, quien recientemente ha admitido a trámite su caso.

Leyes incumplidas

El Foro de Vida Independiente, al que pertenece Mora, considera “indignante” la situación que está viviendo y exige “una rápida intervención Administrativa en la resolución de su caso”.

Según la organización, “se están vulnerando por parte de la Administración principios y legislaciones básicas en favor de todos los ciudadanos y en particular de las personas con diversidad funcional.”

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad entiende que “la solución sería la permuta de la actual vivienda por otra, que reuna las condiciones adecuadas a las necesidades de accesibilidad que el señor Mora y su familia precisen.”

Clicar aquí y veréis las cartas que el CERMI ha cursado al:
Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y al
Delegado Provincial de Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Hambre

por Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

Altereconomía.- La impresionante subida de los precios de los alimentos está produciendo una gravísima debacle en el mundo entero. Estamos ante un momento de emergencia mundial que, en palabras del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, puede provocar la muerte de “millones de personas en breve”. El hambre se extiende velozmente por los países pobres provocando importantes revueltas populares de protesta, que ya han producido muertos en Haiti y la intervención del ejército en Pakistán. Además, la situación de pobreza se está agravando seriamente y, según la ONU, más de 100 millones de personas van a sufrir especialmente esta crisis alimenticia.

A pesar de la magnitud de este problema, los políticos y economistas occidentales se mantienen impasibles. De hecho, se sabía que esta crisis iba a tener lugar y no se ha actuado en ningún momento para evitarla. Es más, en realidad los grandes culpables y responsables de la actual situación son las entidades y organismos supranacionales que ahora se muestran tan sobrecogidos por la dimensión de la crisis alimenticia.

Responsables y cómplices porque ellos han diseñado, fomentado y fortalecido la estrategia de las multinacionales destinada a sustituir la agricultura tradicionalmente orientada a la alimentación por la producción de biocombustibles con la excusa de disponer de fuentes de energía más sostenibles medioambientalmente en los países ricos.

Así, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha advertido que las reservas mundiales de cereales caerán a su nivel más bajo en 25 años.

De esa manera se ha abierto un nicho de mercado muy rentable, gracias a la alta demanda que generan los países ricos, pero a costa de producir hambre en multitud de países. O, dicho de una manera más clara, como hace Jean Ziegler, portavoz especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, cometiendo un auténtico “crimen contra la humanidad”.

Para colmo, esta crisis alimenticia de proporciones gigantescas se ve agudizada profundamente por la crisis financiera que comenzó el verano pasado y que ha encarecido los créditos y aumentado los costes financieros.

Como respuesta a la incertidumbre imperante con respecto a las entidades crediticias, y gracias a las continuas inyecciones de liquidez de los bancos centrales (que en lugar de solucionar el problema financiero lo que hacen es prestar más recursos a los grandes financieros para que sigan llevando a cabo sus actividades especulativas), los inversores están dirigiendo actualmente sus operaciones hacia el mercado de futuros para las materias primas.

Estas inversiones puramente especulativas en el mercado de futuros están produciendo alzas impresionantes en los precios básicos, y están agravando con ello aún más los problemas a los que se enfrentan millones de personas a la hora de comer.

Así, el Banco Mundial estima que los precios de los alimentos han subido un 83% de media en los últimos tres años, y que en el caso del trigo el incremento ha sido de un 120% con respecto al año anterior. Subidas que se prevé sigan produciéndose si no se corta de raíz la deriva especulativa de los mercados.

Como es lógico, son las clases sociales más desfavorecidas quienes sufren las peores consecuencias de estas subidas de precios, pues mientras que en los países ricos las familias destinan aproximadamente un 10% de los ingresos al consumo de alimentos, en algunos países subdesarrollados esta proporción puede llegar a alcanzar el 80%.

En este contexto, los grandes organismos internacionales muestran una vez su radical inoperancia. No sólo han contribuido a crear las condiciones que han provocado el desastre sino que han sido incapaces de prever lo que iba a ocurrir y, ahora, se limitan a hacer propuestas evasivas o claramente insuficientes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sólo se muestran preocupados por las cuestiones financieras y el Banco Mundial (BM) ha advertido del peligro de disturbios que podrían poner en peligro la estabilidad de los distintos países pero sin detenerse a estudiar la causa última de los mismos, limitándose a solicitar a los países ricos que realicen donaciones monetarias para paliar la crisis que serán insuficientes y que no solucionarán los problemas estructurales de las economías destinatarias.

La FAO, por su parte, destinará 17 millones de dólares para ampliar su sistema de información sobre el mercado de productos alimentarios. Una cifra ridícula en comparación con las millonarias sumas de dinero que los Bancos Centrales de los países ricos han inyectado en los sistemas financieros para salvar los extraordinarios beneficios bancarios y que ponen de bien claramente de relieve que las prioridades de los poderosos son otras: les preocupan los quebrantos financieros de los ricos pero no el hambre de millones de empobrecidos.

Que nadie se extrañe, entonces, si los miserables se toman algún día la libertad de arrebatarles como sea sus inmorales privilegios.

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Olga Bejano, en su habitación, sostiene el galardón rodeada
de las máquinas que la mantienen con vida.

JONATHAN HERREROS

Olga Bejano, Medalla de Oro de La Rioja en 1998 y única mujer galardonada con esta distinción hasta el momento, ha decidido devolver su premio al Gobierno de La Rioja, que se lo concedió. La decisión parte del abandono al que se cree sometida por parte de las instituciones y a los compromisos que, según su testimonio, ha incumplido el presidente regional, Pedro Sanz.

Bejano asegura que, con la concesión del premio, las autoridades regionales le prometieron el cuidado de dos enfermeras y una auxiliar, aunque la familia renunció a una enfermera y a la auxiliar para hacerse cargo de parte de los turnos.

Sin embargo, señala que desde hace cuatro meses no se cumple ninguna de las promesas. «Por ello quiero comunicarle mi deseo de renunciar a un galardón, muy bello, pero absolutamente inútil. No rechazo el cariño con que se me concedió por parte del pueblo riojano; lo que rechazo es la hipocresía de estos acontecimientos en los que se pronuncian palabras muy bonitas que no se sienten y se hacen promesas que nunca se cumplen», explica Olga Bejano en la carta dirigida a Pedro Sanz. Desde diciembre, cuenta con una enfermera, pagada por la familia con ayuda pública, que la atiende, y mañana está previsto que el consejero de Salud, José Ignacio Nieto, se reúna con la madre de la joven para seguir buscando soluciones a las demandas asistenciales que plantea.

Olga sufre una pentaplejia, respira y se alimenta mediante máquinas y se expresa a través de unos garabatos que su actual cuidadora entiende y traduce. Esa comunicación y sus escasos movimientos, los impulsos de su brazo derecho que le sirven para escribir sus ‘garabatos’ y los aleteos del izquierdo, para expresar risa (que además utiliza muy a menudo), son los que ahora entiende negados por la falta de asistencia, que le obliga a estar postrada en la cama casi la totalidad del día. «Me he sentido incomunicada, inmovilizada y sucia», garabatea Olga en su cuaderno.

Sólo Livia, la enfermera contratada por la familia, acude a asistirla durante cuatro horas cada dos días. «Es imposible encontrar enfermeras que puedan atenderla porque no podemos competir con las condiciones laborales del sistema sanitario», indica su madre, Carmen Domínguez. «Nos dijeron que con la entrada de la Ley de Dependencia nos iban a dar una ayuda mensual insuficiente y que todavía no ha llegado. Pero lo que enfada a Olga es se haya incumplido lo que nos prometió el Gobierno regional», prosigue.

Ahora, cuando Olga parece entrar en la recta final de su enfermedad tras 33 años de sufrimientos, la atención continua de su madre y las ayudas de Livia, su enfermera, cada dos días, son el sustento de esta mujer que se encuentra «en condiciones que indican que soy una enferma de cuidados intensivos, pero estoy en mi casa atendida esencialmente por mi madre y acompañada por familiares y amigos. -«Ha pensado usted alguna vez cuánto dinero he ahorrado a la Comunidad? Yo he hecho mis cálculos y le aseguro que es una cantidad importante, más de seis millones de euros», indica Olga en su carta.

Pero pese al abandono, Olga no piensa dejar de luchar hasta el final para que reconozcan «no mis derechos, sino los de todos los enfermos», concluye.

DATOS

Medalla de Oro: Concedida por el Gobierno regional en 1998. Con el galardón, se prometió asistencia.

Reclamación: Desde diciembre del 2007, Olga Bejano reclama una asistencia del Gobierno regional que no llega. Una enfermera particular la cuida cuatro horas cada dos días.

La dependencia sujeta a la política

Juan Cotino,
Conseller de Benestar Social a la Comunitat Valenciana

P. G. del Burgo, Valencia