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Una clínica gaditana reduce el sueldo a las enfermeras que no llevan falda corta

Trabajadoras del centro San Rafael pierden 30 euros al mes por no llevar el uniforme que quiere la empresa

La clínica San Rafael, en Cádiz, ha retirado a una decena de empleadas su plus de productividad por no acudir al trabajo con una falda corta del uniforme. Las mujeres han sustituido el traje estipulado, que deja casi al descubierto las piernas y se complementa con un delantal ceñido, por los pantalones de pijama que llevan sus compañeros y también las empleadas que no trabajan de cara al público. Son 30 euros mensuales que dejan de ingresar.

Pero su queja, más que económica, va contra un código de vestuario que, denuncian, contraviene la Ley de Igualdad: “Nos sentimos como objetos decorativos. A la hora de trabajar no tenemos libertad de movimientos, no podemos agacharnos para atender a los pacientes que están encamados. Tenemos que exponer nuestro cuerpo para hacer nuestro trabajo”, explica Adela Sastre, presidenta del comité de empresa. Las empleadas cuestionan también que como castigo se les retire un plus salarial cuyo concepto nada tiene que ver con el vestuario.

El gerente de la clínica, perteneciente a la cadena sanitaria Pascual, ha desafiado a las trabajadores a que lleven el caso ante los tribunales. José Manuel Pascual considera justa la medida porque es consecuencia del incumplimiento reiterado de la normativa de vestuario. Una norma, recuerda, “que es sólo potestad de la empresa”. El mismo código de indumentaria se aplica también en el resto de centros de la cadena, aunque en ellos no se han dado casos de incumplimientos.

La Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz ha informado de que envió a la empresa Pascual un requerimiento para que informe sobre este asunto. Según fuentes de la Delegación de Salud, la Junta envió el requerimiento el mismo día en que tuvieron conocimiento de las quejas del comité (el pasado miércoles), informa la agencia Europa Press.

Las mismas fuentes han señalado que el concierto que la Junta mantiene con la empresa Pascual para sus hospitales es asistencial.

Satse: “Indignante”

La secretaria provincial del sindicato de enfermería Satse, Carmen de Porres, ha tildado de “indignante y vergonzosa” la actitud de esta empresa con sus enfermeras. De Porres sostiene que la utilización de este tipo de vestimenta, “con faldas, leotardos, zuecos y cofia, entre otros elementos”, cayó en desuso “hace más de 20 años”, ya que, “entre otros muchos aspectos era muy poco funcional para el trabajo de las enfermeras”, en declaraciones a la agencia Europa Press.

“Parece mentira que en pleno siglo XXI y cuando todo el mundo habla de la igualdad entre hombres y mujeres existan empresas de este tipo en la que sólo si eres hombre puedes llevar pijama sanitario”, ha criticado la dirigente sindical.

“La falda sube cada vez más y el escote baja”, lamenta De Porres, quien ha advertido de que esta situación “no sólo se produce en la clínica San Rafael de Cádiz, sino en otros hospitales” de esta empresa en la provincia, Huelva y Málaga”.

Miwa lleva un año postrado en una cama por culpa de un racista que le propinó una paliza

NICOLÁS CASTELLANO / CADENA SER 20-03-2008

El 10 de febrero de 2007 Miwa regresaba andando a su casa, en Alcalá de Henares. De repente un joven de 29 años con el pelo casi rapado comienza a increparle. Todavía hoy no ha olvidado esos gritos: “¡Viva España, eres un mono!”. Miwa trató de obviar estos insultos, pero entonces comenzó a recibir golpes por la espalda, uno de ellos tan certero, en el cuello, que le dejó parapléjico. Su pecado, ser negro.

Mirella, la mujer de Miwa, todavía no se explica cómo el agresor que ha destrozado sus vidas, Roberto Alonso de la Varga, pudo pasar casi nueve meses en la calle hasta que el fiscal lo envió al fin a la cárcel. Además, piensa que si la agresión hubiera sido en sentido inverso, habría sido distinto: “No creo que vaya a olvidarlo. Me levanto con eso, es muy difícil. El agresor está en la cárcel, pero nos costó muchísimo encarcelarlo. Desde el 10 de febrero hasta noviembre estuvo en la calle haciendo lo que le dio la gana. Si Miwa hubiera agredido a un español la cosa hubiera cambiado”

Su casa es ahora el centro de rehabilitación de lesionados medulares de Vallecas, en Madrid, donde vive postrado en una cama con escasos ánimos para seguir luchando. “Ya llevo un año aquí, con esta pena. El tiempo lo hace más difícil para mí. Dormir, dormir, ir a la rehabilitación, volver a dormir. Es una pena”, manifiesta un apocado Miwa.

¿Cómo ven el racismo?

Miwa tiene 42 años y llegó a España en el año 2000. Entonces, todo el mundo le decía que no tendría problemas de racismo: “El racismo está en todos sitios, pero en España yo no lo sentía, no pensaba que pudiera estar a ese nivel. Las autoridades tienen que tomar medidas. Es ideal que esté en la cárcel y pague por lo que ha hecho”.

Sin embargo, Mirella ve el racismo como algo mucho más sencillo: “Nunca nadie me ha preguntado nada, ni la gente de mi propia escalera. Veo muchas cosas, en el autobús, en el mercado. Pocas veces alguien se sienta a mi lado en el autobús”.

NC

Nueva Canarias apoya las reivindicaciones

del Foro de Vida Independiente

17 de marzo de 2008

Nueva Canarias (NC) se hace eco de las reivindicaciones del foro Vida Independiente, que denuncia que más del 70% de los colegios electorales del Archipiélago no cumple los requisitos necesarios para personas con movilidad reducida. Pedro Quevedo, secretario de Comunicación de Nueva Canarias considera que “es un atentado a la dignidad de las personas y a los derechos democráticos” de los ciudadanos que un individuo con problemas de movilidad tenga que verse obligado a ejercer su derecho al voto en plena calle, sin poder hacerlo de forma secreta y en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano, tal como ocurrió en las pasadas elecciones. NC se ofrece a impulsar y apoyar cualquier medida que esté orientada a acabar con esta discriminación que viene produciéndose en cada proceso electoral que ha habido hasta la actualidad. Asimismo, Nueva Canarias se solidariza con la denuncia planteada por el Comité Español de Representantes de Minusválidos en relación con el agravio sufrido por un invidente al que se le impidió realizar las funciones de presidente de mesa electoral. NC señala al respecto que si se hubieran realizado las debidas adaptaciones podría haber sido posible que este señor realizara estas labores que se considera un servicio a la democracia. En opinión de NC éste también ha sido un hecho que atenta contra los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y en la misma línea mantiene su compromiso de defender el derecho a la integración y normalización de las personas con discapacidad en la sociedad. En este sentido, anuncia que planteará su respaldo a todo tipo de iniciativa o medida legislativa que se ponga en marcha con el objeto de eliminar cualquier discriminación hacia este colectivo.

Somos una familia, como tantas otras en España, con una hija de 29 años con parálisis cerebral y como consecuencia de esta lesión cerebral con serios problemas de salud, los cuales han influido en nuestro estado de salud, teniendo incluso prohibido por prescripción médica, tanto mi esposa como yo, hacer esfuerzos físicos, algo que es imposible ya que mi hija necesita de una persona para realizar cualquier actividad por ser gran dependiente.
Desde hace muchos años hemos tenido la esperanza de tener el apoyo de la Administración Pública, lo cual pensamos que pasaría con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley crea un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía en el Estado español: el derecho de las personas dependientes, mediante una serie de prestaciones económicas y sociales como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el ingreso en residencia o en centro de día o la prestación económica por cuidado familiar.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Sr. Caldera, nos dirige una carta motivándonos a solicitar la valoración de la dependencia de nuestra hija, lo cual hacemos en mayo del presente año, tras preparar la documentación necesaria, recibir a los evaluadores, obtiene 91 puntos quedando en el grado III, nivel II de dependencia, posteriormente recibimos la noticia por parte de la trabajadora social de nuestro Ayuntamiento que la prestación que vamos a recibir no es otra que la que ya tenemos, plaza en centro de día, que no puedo optar a otra porque son incompatibles entre sí.
Las personas dependientes lo son las 24 horas del día, y como reconoce el libro blanco de la dependencia, la inmensa mayoría de las personas que necesitan apoyos reciben los cuidados a través del sistema informal de atención.
Esperábamos de esta ley cambios sustanciales en este aspecto, cambios que no están siendo acordes con algunas de las normas de desarrollo de la citada ley, concretamente con la Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, que en su capítulo III establece que el servicio de teleasistencia será compatible con todos los servicios y prestaciones salvo con el servicio de atención residencial y con la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio de esta misma naturaleza, no obstante establece que las restantes prestaciones salvo con el servicio de atención residencial y con la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio de esta misma naturaleza, no obstante establece que las restantes prestaciones económicas y servicios que reconoce la ley son incompatibles entre sí.
Por tanto en muchos casos una vez se aplique la ley nos encontraremos con una protección parcial de las personas dependientes, que al igual que en mi caso están atendidas en unidades de estancia diurna y posteriormente seguirá recayendo la atención de la persona dependiente en el entorno familiar sin recibir ayuda alguna para esta atención.
Mi pregunta es porque en el desarrollo de la norma, la comunidad autónoma de Andalucía ha restringido el acceso a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, ampliando las incompatibilidades entre los mismos, siendo un claro perjuicio para las personas que se encuentran en situación de dependencia, así como para las familias. Cuando se aplique la ley, las personas con discapacidad que tengan actualmente reconocida la ayuda a tercera persona y que estén atendidas en centro de día se verán perjudicadas pues desaparecerá este complemento económico de la prestación económica que reciben y al ocupar plaza concertada en centro de día no podemos acceder a un servicio de ayuda a domicilio.
El hecho de que la prestación económica sea incompatible con los servicios es preocupante ya que las familias necesitamos apoyos cuando nuestros hijos salen del centro de día, pues de lo contrario esta ley nos perjudica más que ayudarnos.
Nuestra comunidad autónoma, Andalucía, tiene que hacer un esfuerzo para que las prestaciones y servicios por dependencia serán compatibles, para que se garantice una cobertura integral de las personas dependientes de Andalucía.
Esta ley debe ser un elemento vertebrador de cohesión social evitando desigualdades sociales entre comunidades autónomas y garantizando el derecho a los servicios de dependencia de manera igualitaria en todas las comunidades autónomas del Estado español.
Por favor señores de la Administración, no nos defrauden.

Una minusválida de Cesures quiere ir al centro de día de Valga, pero la pensión no le alcanza

Una situación de necesidad
Autor:
Susana Luaña

A finales del mes de enero abrió sus puertas el centro de día de Valga, el primero de carácter público que se abre en la comarca. Las instalaciones, habilitadas en un local que el Concello puso a disposición de Vicepresidencia, tienen capacidad para treinta usuarios. Cuando se inauguró, disponía aún de plazas libres.
Esperanza Eitor Grela, una mujer impedida de Pontecesures, esperaba como agua de mayo este servicio, no solo porque le hace falta la ayuda, sino también para aliviar un poco la soledad. Tiene 70 años. Hace once que se quedó viuda, y después de ver morir a su marido, pasó por uno de los trances más duros para una madre: tuvo que enterrar también a su hijo.
Ya con la carga de la soledad encima, hace ocho años sufriño una trombosis que la dejó impedida, con una inmovilidad del 70%. En esas condiciones no puede valerse por sí misma, y necesita que le hagan la comida, que le realicen las tareas de casa y que le acompañen incluso para dormir. «Teñen que deitarme e levantarme, e se pola noite teño que ir ao baño preciso de axuda tamén, porque eu soa non podo saír da cama».
En silla de ruedas
Y con algún apoyo sí cuenta. Personal del servicio de ayuda a domicilio acude a su casa de lunes a sábado para hacerle las tareas más urgentes, y todos los días duerme con ella una mujer. «Fixéronme unha habitación abaixo e ela dorme comigo todas as noites». Pero lógicamente, ese servicio hay que pagarlo, y a Esperanza le cuesta 300 euros al mes. Asegura que la pensión que cobra es de 528 euros, y una vez restado el gasto de la compañía, le queda una cantidad muy escasa para sobrevivir. «Como na casa dunha sobriña, e a luz a paga outro sobriño, pero queda o alcantarillado, a auga, o lixo, o teléfono…». El día lo pasa sola en su casa, con el único apoyo de su silla de ruedas.
Compañía
Esperanza quería ir al centro de día de Valga, para disponer de ayuda especializada y de la compañía de los demás usuarios. Pero le cuesta 164 euros al mes. Y la pensión no da para más. Asegura que solicitó subvenciones en el Concello, y que se puso en contacto también con el personal del centro de día, pero de momento, ningún trámite ha dado sus frutos.
En el Concello de Pontecesures reconocieron ayer que conocían el caso de Esperanza Eitor, pero que por secreto profesional, no podían aportar datos del expediente.
Y así, de momento, y haciendo honor a su nombre, esta vecina impedida de Pontecesures deberá seguir esperando sola en su casa. Quizás en los próximos días se resuelva su situación, o puede ser que tenga que aguardar a que Vicepresidencia ponga a disposición de los usuarios las dos mil plazas de centros de día prometidas en Galicia. Por ahora, con las treinta disponibles en la comarca parece que no queda un hueco para Esperanza. Ella pensó que el servicio estaba hecho a su medida, pero por lo visto, no se ajusta al perfil.