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Solidaridad Digit@l/ Madrid-05/03/2008
Esperemos que esta promesita electoral se haga realidad, pero aun quedaremos pendientes los perceptores de pensiones no contributivas, culpables unicamente de ser objeto discriminación social, política y administrativa. ¡Viva España, que todo va bien!
El cabeza de lista del PSOE al Congreso, Pedro José Muñoz, aseguró que si el PSOE gana las elecciones elevará las pensiones hasta los 850 euros para los pensionistas con cónyuges a su cargo, y hasta los 750 euros, en el caso de las pensiones de viudedad. Así los subrayó antes de apuntar que su partido “cumple las promesas” y no sólo subirá estas prensiones, sino también los subsidios de orfandad.Además, según aseguró, el PSOE pondrá en marcha otras para los mayores, entre las que figuran la potenciación del ocio activo o los programas de termalismo, el impulso a Internet para los mayores de 55 años o la mejora del acceso al mercado laboral para personas con discapacidad.Por su parte, el candidato del PSOE al Senado por Ávila, José María Burgos, recordó que en la provincia de Ávila viven más de 38.000 pensionistas, de las cuales 21.000 se han beneficiado de subidas en esta legislatura. Según subrayó, se incrementaron en un 28 por ciento.Con respecto a la Ley de Dependencia, Burgos señaló que esta normativa permitirá el acceso al cuarto pilar del Estado del Bienestar a 4.300 abulenses, y generará más de 1.300 puestos de trabajo. Asimismo, el PSOE se ha comprometido a reducir el plazo de baremación de la dependencia a seis meses, para agilizar el proceso y reducir el tiempo de espera de las ayudas.
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Miércoles 6 de febrero de 2008 |
Como partido político, a VECINOS POR ALICANTE se nos va por los suelos la moral social de pertenecer a un sistema democrático que permite que los que dirigen política y administrativamente nuestro país y nuestra organización autonómica y municipal, no tengan recato ni respeto por los ciudadanos, en este caso los más necesitados de nuestra comprensión y sobre todo de nuestra ayuda, que son las personas dependientes.
Primero fue el gobierno propagandista de los señores Zapatero y Caldera, que no tuvieron los más mínimos escrúpulos en declarar que a partir de la presentación pública del proyecto de la Ley de Dependencia, todas las personas con grados de dependencia accederían a las ayudas, y todavía no estaba aprobada la Ley, creando una dañina y falsa expectativa, cuando ellos ya sabían todos los tramites y las infraestructuras administrativas que se hacían necesarias para sacar el proyecto adelante y la gran necesidad de consenso y de tiempo, hasta 15 años decían, que hacían falta, para poder aplicar al 100% la mencionada Ley.
Segundo, y más preocupante, es la falta de respeto de los responsables de la Generalitat Valenciana, y del Ayuntamiento de Alicante, que son los que nos afectan cercana y directamente, que buscan los fallos que puede tener la Ley, para no aplicarla, y sólo por el hecho de que otro gobierno y otro partido que no sea el suyo, se apunten los raquíticos honores de haber tenido la idea de poner en marcha una ayuda social de la que tan necesitadas estaban las familias con este tipo de problemas.
Es una vergüenza para cualquier político honesto y mucho más para los ciudadanos, el ver como, sin conciencia cívica ni moral, los dirigentes y responsables de ambos partidos, PSOE y PP, se enzarzan diariamente en disputas, sin tener en cuenta la situación de incertidumbre y de abandono que día a día viven los que necesitan ya las ayudas.
Apoyamos a todas las personas que continuamente salen a la luz pública de los medios de comunicación, denunciando su situación y el abandono en que se ven sumidas, por estas vergonzosas disputas.
Como VECINOS POR ALICANTE, partido de carácter local, apoyaremos todas las denuncias y actos públicos no mediatizados por intereses políticos partidistas coyunturales en época electoral, que se organicen y que deberían ser unitarios, tanto por los sindicatos, o por las ONGs que trabajen estos campos o por el Foro de Vida Independiente.
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José Luis Valdés Fernández Secretario General de Vecinos por Alicante |
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El CERMI denuncia que la junta electoral ha impedido a una persona ciega ser presidente de mesa
Agencias | 13:28 – 2/03/2008
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunció hoy la decisión de la Junta Electoral de zona de Sueca (Valencia) que impide a una persona ciega, por su discapacidad, ejercer como presidente de mesa electoral en los comicios del próximo día 9 de marzo.
El afectado es Ricardo Abad, persona ciega residente en Cullera (Valencia), y que había sido designado para ejercer como presidente de mesa en las próximas elecciones.
Discapacidad
Debido a su discapacidad, Abad solicitó a la Junta Electoral de zona, en un escrito remitido hace dos semanas, que le permitiera desempeñar las funciones de presidente de mesa apoyado por un asistente personal de su confianza, para que le ayudara en aquellas tareas que no pudiera hacer por sí mismo, como la lectura o la comprobación de documentos.
La Junta Electoral de zona denegó esta solicitud invocando un acuerdo de la Junta Electoral Central de fecha 29 de febrero de 2000 que establece que “la minusvalía física consistente en ceguera impide a la persona afectada por la misma el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a los miembros de las mesas electorales, tales como identificación de los votantes, examen de las papeletas de votación y participación en el escrutinio y otras que exigen el conocimiento directo de distintos documentos, cuya adaptación al braille no está en la actualidad legalmente prevista”.
La Junta Electoral de Sueca basa también su negativa en que la legislación electoral no contempla la posibilidad de que un miembro de mesa ejerza sus tareas, por razón de su discapacidad, ayudado por otra persona.
El Cermi entiende que esta decisión compromete gravemente los derechos fundamentales de Ricardo Abad, ya que por motivo de su discapacidad está recibiendo un trato menos favorable que otra persona sin discapacidad, lo que constituye una discriminación prohibida por la Constitución Española.
Además, esta decisión vulnera la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
El Cermi se ha dirigido a la Junta Electoral Central pidiendo que se revoque el acuerdo del año 2000 que impide a las personas ciegas y con otras discapacidades ejercer como miembros de mesa electoral y que admita en estos supuestos la figura del asistente personal, con las garantías que sean necesarias.
La figura del asistente personal ha sido consagrada en los artículos 14 y 19 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia como medida de acción positiva a la que define como “aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social”.
El Cermi ha denunciado esta situación, reclamando su intervención urgente, al Defensor del Pueblo y a la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad.
(SERVIMEDIA) 02-MAR-2008 DCD/jrv
Sobrevivir a rastras. (Visualizar video, pinchando en logo: ¡vergonzoso!)
Una mujer paralítica de Molina está condenada a subir arrastrándose por las escaleras porque sus vecinos no se ponen de acuerdo en el arreglo del ascensor, averiado desde hace dos años
Un único peldaño de los que María José Giménez escala ya supone todo una proeza. Cada mañana, esta vecina de Molina de Segura, de 37 años de edad, baja a la calle para realizar sus compras diarias. La vuelta al hogar supone siempre una ardua tarea. Subir las escaleras de su edificio ya le resta casi media hora de su tiempo. Para ello debe bajarse de la silla de ruedas en la que se mueve desde su infancia y arrastrarse por las escaleras hasta llegar al segundo piso. «Esto lo hago todos los días», exclama exhausta; «me arrastro como un perro».
Una simple avería inutilizó, hace dos años, el ascensor del edificio de protección oficial donde habita desde hace una década María José, enferma de poliomielitis y, como consecuencia, paralizada de cintura para abajo. «Siempre que planteo el arreglo, los vecinos me dicen que no tienen suficiente dinero para llamar a un técnico, así que se ha quedado sin arreglar». A falta de un ascensor en funcionamiento, a esta mujer no le queda otra opción que abandonar su silla de ruedas en un cuartito de la entrada y ascender, como puede, hasta su vivienda. «No me acostumbro a tener que subir de esta manera», relata indignada; «me duelen muchísimo la columna y los riñones».
Más difícil todavía
La lluvia o la suciedad de la escalera son algunos de los elementos que hacen aún más difícil la situación que María José se ve obligada a vivir cada día. «Siempre tengo que llevar cuidado para no pisar ninguna porquería», relata. La mala relación que esta mujer mantiene con sus vecinos tampoco ayuda. «Los niños me roban, me escupen y me insultan», denuncia María José; «y sus familias hacen oídos sordos».
Pese a las múltiples contrariedades a las que esta mujer hace frente a diario, de la boca de María José no cesan de brotar carcajadas. Su carácter vitalista y nervioso le impide estarse quieta ni un solo minuto. «Yo siempre he llevado mi enfermedad para adelante, sin problema», reconoce, «pero ahora siento, de verdad, que no me dejan avanzar».
El traslado a otra vivienda de ayuda social o la ayuda en la limpieza de su hogar son algunos de los asuntos que, a día de hoy, más preocupan a esta mujer. «Yo intento hacer las labores de la casa, pero hay algunas alturas a las que ya no llego», confiesa resignada, mientras señala con el dedo índice los marcos de la puerta, sucios.
Los servicios sociales le retiraron hace tres años el servicio de una asistenta que le ayudó, durante meses, en las labores del hogar. Sin esa asistencia, cualquier acción cotidiana para esta mujer supone todo un reto. Ella cree que cumple los requisitos necesarios para que vuelvan a echarle una mano.
«Ahora mismo sólo tengo una ayuda económica de 410 euros que me concede la Comunidad», señala, una opción que, según afirma, no le permite contratar a un empleado que le ayude en las labores que ella no es capaz de desempeñar. «Yo me siento totalmente abandonada, enterrada en vida».
Son las doce de la mañana y María José acaba de llegar a la puerta de su domicilio. Estirando completamente el cuerpo, María José consigue, no sin esfuerzo, abrir la puerta de su hogar. Exhala aire, una vez más, y con un fuerte golpe, consigue entornar la puerta para poder entrar. «Hogar, dulce hogar», exclama. Hoy no volverá a bajar las escaleras.
Políticos y especialistas aseguran que los trámites para conseguir una ayuda son “complicados y largos” ·· Aunque la normativa fija un plazo máximo de un año para recibir la prestación, si se precisa una residencia debe aún entrar en lista de espera ·· Reclaman más medios asistenciales
M.M. • SANTIAGO
Expertos consultados por este diario sobre el caso de Patricia, la joven que tuvo que dejar sus estudios de Derecho en Santiago para cuidar a su madre, con esclerosis, señalaron que la Ley de Dependencia “es una ayuda para estas personas”, aunque también la calificaron de “farragosa”.
Y es que aunque la citada ley marca un máximo de un año desde que se solicita una ayuda o un servicio determinado hasta que se concede, “los pasos a dar son muchos, complicados y se alargan en el tiempo”. Como ejemplo, explicaron que si Vicepresidencia, tras tener los oportunos dictámines que se exigen, determina que una persona dependiente debe ir a una residencia, “tiene aún que entrar en lista de espera, ya que las plazas públicas ofertadas son escasas”.
Si una persona con dependencia precisa ayuda debe dirigirse en primer lugar a hacer una solicitud a los servicios sociales de su Ayuntamiento, a los de la Xunta o a los de Sanidade. Tras este paso, una trabajadora social hace una visita al domicilio del demandante para hacer un informe. Para ello hay un plazo estipulado de seis meses.
Después, la delegación provincial de Servicios Sociales debe hacer una valoración para determinar el grado de dependencia. El siguiente eslabón de esta larga cadena sigue entrando en el Plan Individualizado de Atención (PIA), que determina si precisa una residencia, centro de día, ayuda a domicilio…
El caso de Patricia, que lleva seis años atada a su madre, con esclerosis lateral amiotrófica, parece abrir la caja de Pandora, con multitud de llamadas a este diario con quejas sobre la Ley de Dependencia ,y también sobre la “escasez” de medios asistenciales que existen, “porque las residencias públicas no llegan y los centros de día o no existen o son escasos”.
La concejala de Benestar Social del Ayuntamiento de Santiago, Mar Martín, coincidió con los expertos que tildan de “farragoso” el proceso para acceder a una ayuda de la citada ley. “Es necesaria, pero también hay que tener en cuenta que está empezando y habrá que ir solucionando las trabas que presenta”, explicó a este diario.
No obstante, recordó que, en el caso concreto de Santiago, “actualmente en el Concello no tenemos a nadie en espera para acceder a la ayuda a domicilio”.
En este sentido, subrayó la necesidad de que los ayuntamientos “tengan más voz” en la Ley de Dependencia, “ya que somos los que tenemos una red creada y sabemos de primera mano los recursos de los que disponemos”.
Martín, sin embargo, añadió que “hay una clara tendencia a que las familias de personas dependientes no quieran institucionalizarlos, sino que quieren cuidarlos en casa”. Pero también aseguró que “la carga que supone cuidar a una de estas personas es muy grande y supone un gran deterioro”.
Por este motivo, recordó que “aunque la ley ayude, cuando se presenta un problema de este tipo en una familia la solución es difícil. El problema seguirá existiendo pese a las prestaciones”.
Por su parte, Miguel Anxo García, psicólogo clínico del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, insistió en la necesidad de “una mayor cobertura asistencial” a los enfermos dependientes.
“Además de ampliar la red, facilitando a estos enfermos dependientes servicios de rehabilitación o logopedia, no debemos olvidar a la familia. Por eso, la atención psicológica para ellos, además del paciente, también es básica para sobrellevar, no evitar, estos casos que muchas veces son dramáticos”.
«La discapacidad comienza a formarse cuando vemos barreras»
El director de la Asociación AMICA reconoce que «no hay diferencias entre ‘nosotros’ y ‘ellos’»
La discapacidad es una gran desconocida para muchas personas. Sin embargo, para otros, el problema se encuentra en explicar que tienen las mismas capacidades que las personas sin discapacidad. El libro de Tomás Castillo ‘Déjame intentarlo’ acerca esta cuestión a la sociedad actual.
-En su libro reflexiona sobre la imagen que tiene la sociedad sobre las personas con discapacidad. ¿Cree que la ciudadanía en general las concibe como personas distintas?
-Precisamente por ser vistas con frecuencia como personas distintas las personas con discapacidad se siguen encontrando con numerosas barreras psicológicas. Hablamos de ‘nosotros’ y de ‘ellos’. Creamos en nuestra mente una barrera cuando vemos la discapacidad, y no a la persona, formándonos una idea que sitúa al otro como un ser que puede hacer muchas menos cosas. La discapacidad comienza a manifestarse en nuestra mente.
-¿Cómo es posible dar a conocer la verdadera dimensión de la discapacidad a personas que no la padecen?
-Resulta curioso observar cómo muchas personas ven la discapacidad como si fuera una situación que no tiene que ver con su vida, sin percatarse de que un simple accidente, bajando las escaleras, puede hacerles depender de muletas, y comprobar la multitud de barreras físicas con las que vivimos desde que nos levantamos. Las personas que actualmente tienen alguna discapacidad son autenticas expertas que pueden transmitirnos cuáles son las verdaderas dificultades que existen en nuestro alrededor. Es importante aprender de su experiencia para no encontrarnos con las mismas dificultades cuando nosotros conozcamos la discapacidad en primera persona.
-¿Por qué cree que una persona con discapacidad debe mostrar mayores aptitudes que otras para desempeñar la misma función?
-Esta es una consecuencia injusta de esta idea tan generalizada de que la persona con discapacidad puede hacer pocas cosas. El lenguaje tiene una carga negativa importante. Generalmente la persona con discapacidad se ve obligada a esfuerzos sobrehumanos para ser aceptada, para ser uno mas en un trabajo, en un grupo de amigos. Y esto porque a sus limitaciones se añaden las enormes barreras que hemos creado en nuestras mentes.
-Su libro se titula ‘Déjame intentarlo’. ¿Cómo se pueden ampliar las oportunidades de este colectivo tan amplio?
-El libro sitúa al lector frente a una realidad de nuestra existencia, que está determinado por la limitación. Históricamente hemos tratado de rehabilitar a las personas para convertirlas en lo más normales posibles. La reflexión pendiente de realizar es precisamente qué tiene que hacer la sociedad. Porque la discapacidad es el resultado de las limitaciones de la persona y del medio en el que vive. Daremos por tanto oportunidades a la persona, cuando la discapacidad se hace protagonista de su vida, si intervenimos prestándole apoyos, dándole oportunidades, eliminando barreras y permitiendo con ello que cada persona sea ella misma, de ahí el título del libro ‘Déjame intentarlo”- —
-¿Cuáles son los pilares en los que se basa su libro?
-Las reflexiones que se desarrollan, a lo largo de los diez capítulos de este ensayo, tratan de contribuir a que las ideas cambien, profundizando en la naturaleza del ser humano, para que avancemos en la comprensión de que significa la discapacidad.
El TS fija la indemnización para la mujer que quedó parapléjica en una operación para evitarla
EFE Actualizado 26-02-2008 10:12 CET
Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) ha fijado en 60.101 euros la indemnización para una mujer a la que en un hospital de Badajoz se le recomendó que, con carácter preventivo y para evitar una ulterior paraplejia, se operase de la columna vertebral y salió del quirófano con la paraplejia que se pretendía evitar.
Así lo ha acordado la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo en una sentencia, en la que estima el recurso que la paciente interpuso contra la dictada por la Audiencia Nacional, que en 2003 denegó tal indemnización. Según el TS, se ha vulnerado el artículo 10.5 y 6 de la Ley General de Sanidad “al no haberse informado a la actora de todos los tratamientos alternativos ante el padecimiento que sufría”.
Los hechos tuvieron lugar en 1995 después de que se le diagnosticara a la recurrente un cáncer de mama del que fue operada y sometida a quimioterapia. Los médicos le detectaron una metástasis en parte de la columna vertebral y en el hospital Infanta Cristina de Badajoz se le recomendó que se operase de la columna vertebral.
Según explica la sentencia, la mujer reclamó una indemnización al estimar que entró en el quirófano para prevenir una ulterior lesión y salió de la operación con la secuela que se pretendía evitar; y además no se le informó sobre los posibles tratamientos alternativos a dicha intervención.
La Audiencia Nacional concluyó que no se había probado, ni a nivel de indicios, una “mala praxis”.
Sin embargo, ahora el Supremo indica que “no consta que se le informase de un posible tratamiento alternativo con radioterapia”.
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