La Sindicatura de Agravios recibió ayer la queja número 20 referida a la tardanza del Consell para aplicar la Ley de Dependencia. Un grupo de discapacitados con distrofia muscular de Alicante reclamó la intervención de esta institución ante la pasividad del Gobierno autonómico para evaluar a los grandes dependientes y concederles la atención a la que tienen derecho. Se quejan de que no haya recursos para ellos y sí para proyectos faraónicos.

ÁFRICA PRADO

Un grupo de afectados por distrofia muscular en Alicante presentó ayer una queja en la Sindicatura de Greuges para denunciar la “pasividad” y el abandono por parte de la Conselleria de Bienestar Social en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Los nueve firmantes del escrito presentado ayer, todos ellos considerados grandes dependientes puesto que tienen entre un 80 y un 90 por ciento de discapacidad, tramitaron su solicitud entre los meses de mayo y junio para ser valorados y muchos de ellos presentaron a los seis meses una reclamación a la Conselleria al no haber sido valorados aún, sin haber tenido respuesta.

Los denunciantes consideran “una vergüenza” que ocho meses después de que entrara en vigor la ley, “estamos igual que que antes, alguna gente está valorada pero lleva meses esperando recursos, sobre todo los que viven con las familias, que somos los que más dificultades estamos teniendo”, tras recordar que la Generalitat debía haber evaluado en 2007 a todos los grandes dependientes y recientemente el conseller Cotino señaló que 8.000 personas recibirían ayuda antes de febrero.

Afectados y familiares manifestaron que “han ido a ver primero a las personas mayores a las residencias pero no a los grandes dependientes que viven con sus familias” y se preguntaron por qué el Gobierno autonómico “nos está dando de lado y no está cumpliendo la ley, que además tenemos constancia de que este año pasado ha recibido del Gobierno central una partida de dinero para atender a los grandes dependientes, ¿dónde está ese dinero?”

Mercedes Pastor, madre de un discapacitado, señaló ayer que “se burlan de nosotros porque sí tienen dinero para la Copa América, la Volvo y la Fórmula 1” mientras “hay personas que no pueden salir a la calle porque no tienen quien les empuje una silla de ruedas”, por lo que reclamó al Consell “que gobiernen para nosotros”. Los familiares indicaron que recurren a la Sindicatura para evitar gastos en los tribunales pero no descartan utilizar esta vía.

Con esta última, la Sindicatura de Greuges ha recibido ya una veintena de reclamaciones por el retraso en la aplicación de la normativa en la Comunidad, 17 de ellas individuales, una de ellas de una agrupación de discapacitados de Novelda, además de la queja de oficio abierta por Emilia Caballero.

La concejal socialista Laura Soler acudió ayer también al acto en apoyo del colectivo; ella tampoco ha sido valorada desde mayo.

Por otra parte, UGT en l’Alacantí ha exigido a la Generalitat que cumpla con los compromisos plasmados en el reciente convenio firmado el 21 de diciembre con el Gobierno central, “que asciende a más de 54 millones de euros”, y exige que firme “cuanto antes” el nuevo convenio de 2008, ya que “aún no se han resuelto los reconocimientos ni se ha procedido a aplicar los planes individuales de atención” para determinar las prestaciones.

A su vez, Vecinos por Alicante denunció las disputas entre PP y PSOE por aplicar la ley sin tener en cuenta a los ciudadanos.

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Si cada año se producen 120 lesiones medulares por cada millón de habitantes y cada uno de ellos pasa seis meses en el hospital, las matemáticas dicen que la unidad medular del nuevo hospital de Vigo debería tener unas 90 camas para dar servicio al millón y medio de personas que hay en el sur de Galicia. Además, según explicaron en la plataforma, por cada cama hacen falta tres trabajadores, porque este tipo de pacientes precisan ayuda y atención constantes.

La bandera pirata ondea en el Castillo

En la madrugada del martes al miércoles un grupo que se hace llamar Luther Blisset -como el colectivo de artistas, colaboradores de revistas culturales y activistas que se hicieron famosos la década pasada en varios países asociados con movimientos alternativos de izquierda- robó la bandera e izó la pirata en su lugar. El cambiazo fue detectado a primera hora de la mañana de ayer por los funcionarios, que retiraron la enseña y posteriormente la sustituyeron por otra española nueva, puesto que sólo quedaba un trozo de la que habían sustraído.

Paralelamente, el colectivo envió a los medios de comunicación un correo electrónico remitido por Luther Blisset reivindicando el “secuestro de la bandera” y apuntando que la habían sustituído “por la que creemos que es el verdadero estandarte de los dirigentes de este territorio. La bandera pirata”.

“El Pueblo, ante continuas agresiones y vejaciones contra el territorio, sus agentes y su cultura por parte de los intereses empresariales afines a nuestros representes políticos, dice: Basta ya de especulación inmobiliaria, de gastos en infraestructuras innecesarias; de represión social; de prohibiciones culturales; de privatizaciones que benefician sólo a unos pocos; de favoritismos de amigos en asuntos de todos; de promoción del transporte insostenible y de políticos corruptos”, manifiesta el colectivo.

El grupo reivindica el diálogo con los movimientos sociales en cuanto a movilidad, memoria histórica, cultura de base, ecología, entre otros, y los contrapone a los “intereses de las élites dominantes”.

Asimismo, en su escrito critica diversas actuaciones urbanas y advierte de que, si no se responde favorablemente a sus reivindicaciones, “nos veremos obligados a dirigirnos al Defensor del Pueblo Europeo para que decida sobre el futuro de la bandera, ya que aquí no tiene lugar”.

Este incidente no es el primero de este tipo que sucede en el Castillo, pues cabe recordar que el pasado mes de septiembre, cuando técnicos de una empresa contratada por el Ayuntamiento fueron a descolgarse por la Cara del Moro para fotografiar las grietas existentes, se sorprendieron cuando una persona apareció en lo alto de la fortaleza con una bolsa tras haber trepado sin ningún tipo de medidas de seguridad.

“Ha sido una gamberrada”

El concejal de Cultura y responsable del Castillo de Santa Bárbara, Miguel Valor, restó importancia a lo sucedido en la fortaleza y calificó el acto de instalación de la bandera pirata de una “gamberrada”.

El edil del PP indicó, no obstante, que el Ayuntamiento ha presentado denuncia en Comisaria por el robo de la enseña nacional, aunque indicó que los autores de los hechos rompieron la bandera, ya que parte de la misma apareció junto al mástil. Valor añadió que se ha tenido que instalar una enseña nueva. El edil insistió en que la bandera pirata no la ha visto nadie ondeando en lo más alto del Benacantil, ya que fue retirada muy temprano.

Sobre la seguridad del Castillo dijo que hay un sistema de control pero añadió que “el Castillo es muy grande”.

Un grupo de afectados de distrofia muscular y otras enfermedades degenerativas con un grado de discapacidad superior al 80 por ciento han denunciado hoy ante el Síndic de Greuges la ‘pasividad’ del Gobierno valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Una veintena de enfermos y familiares han presentado esta mañana un escrito de queja ante el Síndic en el que denuncian que el Consell no ha contestado a sus solicitudes y tampoco ha evaluado a los afectados, a pesar de haber difundido informaciones, en su opinión ‘falsas’, diciendo que ‘a finales de enero’ recibirían las prestaciones económicas contempladas en la ley estatal.

Según consta en la queja, en mayo del pasado año presentaron la solicitud para la evaluación y concesión de ayudas para grandes dependientes.

Seis meses después presentaron una reclamación administrativa ante la Conselleria de Bienestar Social por la falta de respuesta y hoy continúan sin noticias y sin que la gran mayoría haya sido evaluada, ha explicado la portavoz del grupo y madre de uno de los enfermos, Mercedes Pastor.

En opinión de Pastor, el Consell ‘se burla de nosotros, porque ahora dice que van a pagar las ayudas, pero todavía no nos ha evaluado’.

La portavoz, madre de un enfermo con distrofia muscular de Duchenne, ha asegurado que la Generalitat todavía no ha examinado a ninguno de los grandes dependientes de Valencia, Castellón y Alicante, aunque sí ha evaluado a ‘las personas mayores de las residencias’.

Pastor ha recordado que el Consell ya tiene la competencia sobre la materia y ha aprobado los decretos de aplicación de la ley, y ha criticado que se gobierne ‘para la Copa del América, el Circuito de Fórmula Uno y la Volvo Ocean Race, pero no para nosotros, las familias’.

Emilio Guillén, otro de los enfermos de distrofia muscular, ha considerado que a estas alturas ya ‘debería haberse agilizado’ la tramitación de las solicitudes y ha lamentado que en respuesta a sus demandas sólo reciban ‘excusas’.

Guillén ha señalado que esta ayuda le permitiría contratar a alguna persona para ayudarle en sus quehaceres diarios y ‘llevar una vida más o menos normalizada’.

La portavoz del grupo ha señalado que esta queja es el primer paso de sus reivindicaciones, pero no descarta ir a juicio si la Generalitat no entrega las ayudas.

CCOO del Nalón criticó ayer la actuación de la administración central, regional y local a las que acusó de “secuestro de información” puesto que aún no han dado a conocer los contenidos del futuro centro de referencia para discapacitados de Langreo. El secretario general de CCOO, José Manuel Martín Ferrer, señaló que aunque desde el sindicato no conocen estos documentos tienen “la certeza de que los contenidos no se van a aproximar ni lo más mínimo a lo que nosotros pedíamos”. El secretario se basó en las informaciones trasladadas desde la prensa “en la que se asegura que el centro tendrá 60 camas, 20 de ellas para lesionados medulares” a lo que apostilló que “tal vez se pretende trasladar las 20 camas destinadas a este fin desde el Hospital Universitario Central de Asturias”. Además, Martín Ferrer destacó que “parece que a los grupos de la oposición les da igual o no conocer estos documentos, puesto que no hacen nada para solventar la situación”.