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Jessica Hernández/ Madrid-24/01/2008
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La primera dama de Panamá asiste en la OEA a la aprobación de la Secretaría para los discapacitados
EFE
Actualizado 24-01-2008 00:20 CET
Washington.- La OEA aprobó hoy la creación en Panamá de la Secretaría Técnica para personas con discapacidad, acto al que asistió la primera dama de ese país, Vivian Fernández de Torrijos, quien dijo que ahora “hay que dejar el discurso y actuar”.
 La primera dama de Panamá, Vivián Fernández de Torrijos (i), saluda al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en Washington (EEUU), donde se aprobó que Panamá sea la sede de la Secretaría Técnica de las Personas con Discapacidad.
En declaraciones a Efe tras intervenir en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Fernández de Torrijos se mostró muy ilusionada con el proyecto y con el apoyo que recibe Panamá para convertirse en sede de la Secretaría Técnica, aunque también advirtió de que “es solamente una iniciativa para pasar de la palabra a la acción”.
Desde hace algunos años Panamá se reconoce por ser el abanderado de los derechos de los discapacitados en América.
La primera dama de Panamá también aseguró que ella prevé colaborar con la Secretaría Técnica, que dependerá de la Secretaría General de la OEA, ya que, explicó, ha “asumido un compromiso personal” con esta iniciativa.
El presidente de Panamá, Martín Torrijos, y su esposa tienen en lo más alto de su agenda social la defensa de los derechos de las personas discapacitadas.
La Secretaría Técnica servirá de apoyo y de seguimiento al Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 2006-2016, aprobado en el XXXVII período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebró en junio en Panamá.
En aquella ocasión Fernández de Torrijos pidió a los países miembros de la OEA que su país pudiera acoger la sede de la Secretaría Técnica.
El objetivo de esta iniciativa es lograr el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y su derecho a participar en la vida económica, social, cultural y política en igualdad de condiciones con los demás.
Durante su intervención ante la OEA, la primera dama afirmó que “para cada uno de los Estados miembros del organismo interamericano esta Secretaría Técnica tiene un gran significado e importancia, porque constituye un paso decisivo para la consolidación de las políticas estatales en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias en el continente”.
Además, señaló que la responsabilidad y el compromiso de los Estados miembros es ahora “trascender de las palabras a la acción, ya que la satisfacción de las necesidades de esta población no puede esperar. Nuestra deuda social aún no ha sido saldada”, recalcó.
Fernández de Torrijos recordó que solamente en América Latina hay 85 millones de ciudadanos con discapacidades.
La región cuenta con cuatro iniciativas para las personas discapacitadas: la Convención para eliminar todo tipo de discriminación contra las personas con discapacidad, que cuenta con un comité (CEDDIS) que preside Panamá, el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos la Dignidad de las Personas con Discapacidad y sus Familias y ahora la Secretaría Técnica.
A juicio de la primera dama de Panamá, los esfuerzos desplegados hasta la fecha, aunque significativos, “requieren de una enérgica renovación y un compromiso efectivo de los Estados”.
Para ello, consideró de “vital importancia” elevar las políticas sociales de los gobiernos en materia de discapacidad a políticas de Estado, incluir real y efectivamente a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, reducir la brecha social y equiparar las oportunidades de esta población.
También subrayó la necesidad de vigilar la aplicación de las políticas, normas, acuerdos y resoluciones en esta materia y la importancia de denunciar de manera oportuna y con firmeza cualquier acto que atente contra los objetivos de la OEA en relación a los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
La Secretaría Técnica funcionará con contribuciones voluntarias y no hará uso del Fondo Regular del organismo interamericano.
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MONÓVAR
Convenio para adaptar vehículos de minusválidos.
RAFA JOVER
La asociación de minusválidos “Com Tu” y la asociación dependencia y familia “Nit i Dia” de Monóvar han firmado un convenio de colaboración con la mercantil ilicitana Mor Desarrollos Urbanísticos, S.L., que en la actualidad está desarrollando y construyendo el plan de actuación integrada denominado Urbanización “Jardines de la Retjola”.
Este convenio va a permitir que los vehículos de ambas asociaciones sean reformados y adaptados a las necesidades de sus usuarios y beneficiarios con cargo a la mercantil, a cambio de que ambos vehículos publiciten el proyecto urbanístico de la propia empresa.
Las directivas de ambas asociaciones han mostrado su agradecimiento y su satisfacción con la mercantil, ya que este convenio les permite seguir prestando un servicio tan indispensable como es el del traslado de los beneficiarios y usuarios de un transporte que les permita trasladarse desde sus domicilios hasta los centros de día y de asistencia que dependen de ambas asociaciones locales.
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La falta de un autobús escolar adaptado obliga a un menor minusválido a pagar para ir a clase.
Tras semanas de absentismo, los padres del alumno abonan 400 euros a un taxi para que llegue al colegio.
E. OCAMPO / VIGO
Un alumno de 12 años residente en San Pelaio de Navia acude desde hace tres días al colegio en un taxi especial por el que sus padres pagan 400 euros al mes, ante la imposibilidad de hacerlo en un transporte escolar o público adaptado para silla de ruedas. El niño no podrá caminar probablemente hasta mayo, a consecuencia de una operación relacionada con la enfermedad que sufre de nacimiento (acondroplasia, conocida comúnmente como enanismo).
El alumno, que cursa primero de ESO en un centro concertado, sólo ha podido acudir unos días del curso a clase, según explican sus padres. Primero, por estar convaleciente de la intervención de elongación de fémures y después, “forzado” a tres semanas de absentismo escolar por no disponer de un medio adaptado, según su padre, Constantino Barreiro. “Desde el mes de diciembre, el niño podía haber ido perfectamente al colegio, porque no sufría dolores”, explica Barreiro, “pero tiene los huesos rotos y lleva fijadores externos”. La familia lo desplazó varias veces en su coche particular, pero considera las maniobras peligrosas para la salud del chico, por lo que pidió la colaboración del centro docente.
Los responsables del colegio (en Bouzas) y de la delegación de Educación de Pontevedra, atribuyen la responsabilidad del transporte escolar respectivamente a la otra institución.
“En colegios especiales tienen transportes adaptados, aquí no. Sólo tenemos el normal y no podemos comprar otro autobús. La Xunta no da ayudas para eso, así que el centro no tiene obligación”, dice la directora del colegio concertado. “Esto no es responsabilidad del centro y hay que tener en cuenta que es algo temporal. Los profesores ya va se encargan de ir a buscar al niño al taxi”, añadió.
Sin embargo, el delegado de Educación de Pontevedra se pronunció tajante: “El niño antes pagaba el transporte que ponía el colegio, por lo que ahora éste debería de encargarse del mismo”, explicó. “La responsabilidad no es de Educación, es el centro privado concertado quien tiene que dar un servicio especializado”. Y concluyó que “no es un alumno que a efectos de transporte dependa de educación”. Además, aconsejó a la familia informarse de ayudas de Vicepresidencia.
El pasado 6 de diciembre, los padres del menor afectado enviaron un escrito a la inspectora del Educación del colegio -tras una reunión anterior con la dirección- para dar a conocer la situación del alumno. En él, comentaban que el chico pudiese recibir clases en el domicilio. Tras diversas gestiones, los padres pidieron una audiencia en la Consellería de Educación. Enviaron una solicitud al departamento autonómico en el que recordaban que el articulado de la LOE recoge el derecho de los niños con algún tipo de minusvalía de disponer de un medio de transporte adaptado, amén de otras ventajas, así como de “facilitar la integración y ayuda cuando el niño tenga que faltar a la escuela por un largo período de tiempo”. La carta tiene fecha del 14 de enero y está firmada también por la presidenta de la Asociación Gallega de enfermos y familiares de acondroplásicos, por la presidenta de la Fundación Magar y el padre del niño afectado. Éste insiste en que los criterios que se exigen son “los mismos para los centros públicos y privados concertados”.
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Casi 30 discapacitados no pueden utilizar las casas en alquiler municipal que consiguieron.
García Raya asegura que los que accedieron a ellas por sorteo vieron que las casas no estaban preparadas para vivir personas minusválidas.
24.01.08 –
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No pueden entrar a los baños porque la silla de ruedas no puede girar, la bañera no tiene elevador, el lavadero tiene dos escalones, la cocina no tiene la repisa a la altura adecuada, el frigorífico alto, que desde una silla de ruedas no se alcanza. Son las palabras de la concejala del PSOE, Carmen García Raya, que ayer denunciaba que las personas con minusvalías que consiguieron casas en régimen de alquiler municipal en el sorteo que se realizó unos días antes de las elecciones municipales, no han podido acceder a las casas que les correspondían, porque en la mayoría de los casos, no se adaptan a las necesidades de una persona que tiene problemas de discapacidad.
Al sorteo de las viviendas en alquiler, repartidas en cinco promociones, cuatro junto a la Estación de Autobuses y otra en la carretera de Armilla, acudieron un total de 45 personas con discapacidades. De ellas, 13 consiguieron su futura casa en alquiler, pero cuando llegaron a ellas, tras superar los avales de entre 5.000 y 6.000 euros, encontraron que no tenían las condiciones para vivir una persona con problemas de movilidad. Además las empresas constructoras indican que no modifican las casas, por lo que la mayoría de ellos renunciaron a aceptar la casa, el turno del sorteo ha rotado hasta en seis ocasiones con más personas con problemas, hasta llegar a 30 personas, que se han visto afectadas por esta problemática.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, señala que los arrendatarios de VPO en alquiler que detecten carencias o defectos en sus viviendas deben dirigirse a las empresas promotoras y propietarias de dichos inmuebles, para que atiendan sus peticiones. Con estas palabras, la edil ha respondido a las críticas de la concejal socialista.
El Ayuntamiento cedió terrenos para que constructoras realizasen los edificios que se pondrían en régimen de alquiler controlado y facilitar el acceso a la vivienda a personas con pocos recursos. Después, dice Nieto, la Junta visó las viviendas para comprobar que cumplían con los requisitos, entre ellas las destinadas a minusválidos. En caso de existir defectos o carencias en los pisos adaptados para discapacitados, los arrendatarios afectados deben dirigirse a los propietarios de las viviendas a exponer sus peticiones para que puedan acceder a la vivienda.
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farodevigo.es » Gran Vigo
 Un mosense en silla de ruedas denuncia que espera desde 2006 por una operación en el Xeral.
Sanidade afirma que le ofrecieron intervenirse en marzo en un centro concertado y el enfermo se negó.
A. MÉNDEZ / VIGO Las listas de espera son meros números, pero tras las estadísticas trimestrales de la Sanidad pública se esconden, a veces, duras realidades e historias dramáticas que nunca, o casi nunca, salen a la luz. Uno de estos casos desconocidos para el gran público pero dignos de atención es el de un vecino de Mos de 76 años que lleva en silla de ruedas desde agosto de 2006 esperando por una segunda intervención quirúrgica en el Hospital Xeral-Cíes de Vigo.
Estos son al menos los plazos que baraja la familia de José Suárez, quien asegura llevar 16 meses en la lista de espera de Traumatología del Sergas “sin que nadie se haya preocupado por mi estado”.
El 22 de agosto de 2006 este mosense entró en quirófano para que le sustituyeran una prótesis desgastada en la rodilla. La intervención debería completarse en unos meses, “en cuanto el cirujano constatase que no había riesgo de infección”. La sorpresa del enfermo llegó cuando, pese a evolucionar favorablemente, entraba en noviembre de 2006 en lista de espera en Vigo.
“Siempre me decían que había gente antes que yo, incluso apuntada desde el año 2004”, comenta José, quien recuerda con humor que “incluso llamaron a mi mujer para operarse de un problema menor antes que a mí”.
Los meses fueron pasando y a principios del pasado año, “debido a la gravedad de la situación y la imposibilidad de llevar una vida normal”, el enfermo decidió solicitar los servicios de un abogado que le aconsejó acudir a la asociación madrileña El Defensor del Paciente, cuyos responsables hicieron ayer público el caso.
El día a día en el número 68 de la parroquia de Louredo, en Mos, lo define el denunciante como “un infierno”, pues al no disponer de ascensor en su vivienda, el enfermo tan sólo deja su casa, donde reside con su mujer y tres hijos, “cuando tengo que acudir a las revisiones del traumatólogo”.
Desvío a la concertada
Desde El Defensor del Paciente aseguran haber remitido una reclamación a la Consellería de Sanidade, pero fuentes del Sergas en Vigo insistían ayer por la tarde en que el departamento autonómico no tiene constancia de ningún escrito relacionado con la situación de José Suárez.
Estas mismas fuentes puntualizan que el paciente lleva en lista de espera 16 meses porque “en marzo se le ofreció ser intervenido en un centro concertado en Vigo o Pontevedra y rechazó esa posibilidad”, a lo que José responde que “de aceptar, si algo sale mal, ¿quien se responsabiliza, mi médico actual o el segundo?”.
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 “Estoy desesperado. Así no puedo seguir con mi vida”.
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