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El desarrollo de la Ley de Dependencia genera “malestar” a 65.000 familias.
Organizaciones que ayudan a discapacitados intelectuales exigen en una carta a Chaves un “urgente” cambio de la orden que impide compatibilizar las ayudas · Avisan de “discriminación” territorial
Antonio Fuentes / SEVILLA
Discapacitados intelectuales asisten a clase en un colegio especializado de Mairena del Aljarafe.
La aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía, en lugar de generar nuevos derechos, ha recortado los que ya existían. Ésa es la denuncia de 65.000 familias con discapacitados intelectuales a su cargo, muy molestas con la orden aprobada por la Junta de Andalucía para implantar en la comunidad la denominada Ley de Promoción de la Autonomía Personal. La Confederación andaluza de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (Feaps) representa a estas familias y, ante las insistentes demandas y quejas, se reunió con carácter de urgencia a finales de diciembre y dio traslado de esta situación al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y a la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro. La entidad, que atiende a 14.500 personas en sus 450 centros -el colectivo en Andalucía asciende a 149.000 discapacitados mentales-, exigió una “urgente rectificación” de la orden autonómica que desarrolla la ley.
En una carta remitida a ambas autoridades, Feaps enumeró sus reivindicaciones “en estos cruciales momentos para el futuro de nuestros hijos” y demandó una contestación que tranquilizase a sus asociados antes de la celebración de una asamblea el 12 de enero. No han recibido respuesta y crece la tensión de los padres.
La misiva, tras reconocer la “satisfacción” del movimiento asociativo por la aprobación de la ley nacional, traslada el “malestar” de las familias por la orden de la Junta de 3 de agosto en la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de incompatibilidades de las prestaciones y la gestión de las ayudas económicas. En Andalucía -denuncia- se ha determinado que sean incompatibles los nuevos servicios generados en la ley con las prestaciones que ya recibían las personas en situación de gran dependencia.
Un ejemplo: una familia no puede tener ayuda a domicilio para atender a la persona dependiente a primera hora de la mañana y optar a una plaza en un centro donde el pariente realice actividades durante el día. Y no sólo son incompatibles dos servicios, sino también la obtención de una prestación asistencial y una ayuda económica. O una u otra. Estas personas tienen necesidades de atención que, en muchos casos, cubren toda la jornada, pero si los recursos que ofrece la ley se limitan a unas horas, los padres entienden que se impide el principal objetivo de la norma: la promoción de la autonomía personal.
Las familias lamentan que se estén produciendo “retrocesos reales” con respecto a las prestaciones que recibían y el horizonte permanecerá invariable sin la “urgente rectificación” del texto legal para regular el régimen de incompatibilidades de forma “más realista”. Añaden que no reducen sus “legímitas expectativas a una paga” y piden que puedan ser compatibles con la prestación de los servicios.
Esta reglamentación de la ley no se reproduce en otras comunidades, según Feaps, que advierte que el factor geográfico puede aparecer como “elemento discriminatorio” y “ahondar en desigualdades sociales” entre comunidades autónomas, “cuando esta ley nació con un componente vertebrador y de cohesión social”.
Otros motivos de queja completan la carta. Las organizaciones reclaman que no existan diferencias entre discapacitados y otros colectivos dependientes, como las personas de tercera edad, en aspectos como el tiempo de reserva de plaza o el ámbito de prestación del servicio -provincial o autonómico-, así como solicitan que no se fuerce la admisión de otros perfiles de dependientes en centros exclusivos de discapacitados mentales. Suman que las listas de espera para acceder a un centro no deben alterarse por la aplicación del nuevo sistema y discriminar a quienes solicitaron plaza previamente. Por último, demandan una participación activa y la creación de un órgano consultivo que evite aprobaciones de normas sin contar con las organizaciones que representan al sector, como ha sucedido con esta orden.
