Tras analizar con detalle el asunto en una queja de oficio, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado y Hacienda que modifique la Ley de Haciendas Locales para establecer una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Esa modificación tendría como finalidad proteger “a las rentas más desfavorecidas del fuerte incremento tributario que ha sufrido este tributo en los últimos años, como consecuencia de diversos factores (inflación, especulación urbanística,…)”, señala un comunicado difundido ayer lunes por la institución que dirige Enrique Múgica.

Dicha bonificación se aplicaría a sujetos pasivos cuyo único inmueble en propiedad sea su vivienda habitual y cuyas rentas no superen determinados ingresos anuales, que fijaría el Ministerio de Economía, de acuerdo con su política de protección a las rentas más bajas procedentes, exclusivamente, de pensiones por jubilación, minusvalías o incapacidades, añade el comunicado.

A juicio del Defensor, “ello contribuiría además a procurar definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo el derecho reconocido en la Constitución a tener una vivienda digna, garantizando que los sectores más desprotegidos de la sociedad puedan mantener su vivienda”.

“Para el Defensor del Pueblo queda claro que el mandato constitucional se cercenaría si, obtenida una vivienda digna, los impuestos que pesan sobre ella, influidos por la inflación y la revalorización del mercado inmobiliario, obligan a prescindir de la misma”, concluye la nota.

El Observatorio Valenciano para la Dependencia -integrado por los colegios profesionales de Trabajo Social, la escuela universitaria, los sindicatos UGT y CC OO, y los gerentes en Servicios Sociales- denunció ayer que la reciente orden reguladora del bono-residencia para 2008 no contempla la posibilidad de incluir a nuevos beneficiarios, sino que queda limitada a la ratificación de los usuarios ya existentes. Para los colectivos mencionados, el hecho es “grave”, ya que aún no se han concedido ayudas acogidas al nuevo sistema de la dependencia. “Numerosas personas se pueden ver en una situación dramática”, subrayaron.

La Conselleria de Bienestar Social aseguró ayer que los potenciales nuevos usuarios del bono van a ser atendidos con las herramientas de la ley de Dependencia. Una portavoz agregó además que están “agilizando” el proceso para otorgar ayudas “lo antes posible”.

El observatorio acusó además al Consell de dilapidar 1,3 millones en una campaña de propaganda cuando todavía no ha concedido ninguna prestación.

P. G. del Burgo, Valencia

Cansados de esperar, de marcar decenas de veces números de teléfonos de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, de las delegaciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, de todos los 900 habidos y por haber de la Generalitat Valenciana en los que no les dan más respuesta que “vuelva a llamar en unos días”, ocho ciudadanos presentaron el pasado mes de diciembre otras tantas quejas ante la Síndica de Greuges en las que lamentaban la demora en la aplicación de la Ley de Dependencia y solicitaban su intervención para averiguar en qué circunstancias se encontraban sus expedientes, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de la institución.

Los ocho usuarios, con familiares dependientes a su cargo, presentaron la solicitud a partir de abril, una vez aprobado el decreto de baremación de la ley. Como en el caso de Vicente Peiró Rico, un vecino de Burjassot, recibieron la visita del equipo de valoración de la conselleria y de los equipos municipales, que son los encargados de aportar un informe minucioso de la situación del dependiente y sus cuidadores.

Lo que queda es la resolución definiva del expediente y la adjudicación del grado de minusvalía para poder cobrar las ayudas que contempla la ley y que pueden alcanzar una cuantía máxima de 1.014 euros al mes.

La legislación recoge que el Estado abonará el 50% de la prestación y las comunidades, el porcentaje restante.

En este sentido, el portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista en las Corts, Antonio Torres, acusó a la Conselleria de Bienestar Social de “intentar boicotear la ley por la gran repercusión social que tiene y porque soluciona la situación de miles y miles de personas en la Comunitat Valenciana”.

Presupuestos desajustados

Mientras que el Gobierno ha presupuestado 870 millones de euros para toda España, 83 de los cuales (el 9,70%) serían para beneficiarios de la Comunitat Valenciana, la conselleria ha destinado 37 millones de euros, casi la tercera parte de lo que tendría que haber presupuestado para atender las solicitudes.

Torres criticó la demora del Consell en firmar con el Gobierno el convenio que se establece el nivel de dependencia que se rubricó en diciembre cuando el decreto era de abril.