PAÍS VASCO

ELA denuncia que Gasteiz e Iruñea «sólo favorecen» a los empresarios

@Efe. Bilbao.- 09/01/2008

Agentes de la Ertzaintza detuvieron recientemente a cinco jóvenes de entre 18 y 22 años, acusados de haber agredido y humillado a una persona disminuida psíquica, así como de grabar la vejación realizada con sus teléfonos móviles para difundir las imágenes a través de un portal de internet. Según informaron este miércoles fuentes del departamento vasco de Interior, los arrestos se han practicado en los últimos quince días al concluir la investigación policial sobre el suceso ocurrido el pasado día 14 de noviembre en una lonja cuyo alquiler comparte un grupo de jóvenes en el municipio vizcaíno de Portugalete.

La asociación AACIC denuncia que la Generalitat no hace a la FP la reserva de plazas para los estudiantes enfermos del corazón.

MARCEL BARRERA. Barcelona

El Departamento de Educación ha excluido este curso al menos tres alumnos con cardiopatía congénita y con el certificado de discapacidad que querían matricularse el mes de septiembre pasado en tres institutos sufragados con fondos públicos de formación profesional (FP) de Catalunya por recibir clases de ciclos formativos de grado superior de diferentes especialidades. El caso, denunciado por la Asociación de Ayuda a los Afectados de Cardiopatías Infantiles (AACIC), es grave. La entidad cree que se ha «incompletado» el decreto de admisión de alumnos del gobierno catalán según el cual en los cursos de FP se deben reservar plazas para alumnos con discapacidad. Por la gerente de la AACIC, Rosa Armengol, la decisión es «indignante y frustrante» y Educación ha cometido un «grave error».

+ El AACIC participó en la última edición del maratón, dedicada a los enfermos del corazón.

Foto: EL PUNTO

El Departamento de Educación ha impedido que este curso tres estudiantes enfermos del corazón estén estudiando ciclos formativos de grado superior por premura de plazas, un hecho que según el AACIC vulnera el decreto de admisión de alumnos, que en el artículo 13.3 establece que la reserva de plazas para el alumnado con discapacidad en los ciclos formativos de formación profesional «no puede ser inferior al 5% de la oferta del curso».

El AACIC, que no había recibido nunca ninguna queja en este sentido, se encontró a inicio de curso tres casos similares. Un instituto de las comarcas barcelonesas y otro de las comarcas gerundenses fueron los que en primera instancia no cumplieron el decreto «seguramente por premura de información», segundos señala Armengol.

RESPUESTA DE INSPECCIÓN

La decisión de excluir los tres estudiantes, que no se pudieron matricular, movilizó la asociación, que trucó a la inspección de guardia del departamento en cada uno de los tres casos. La respuesta fue siempre la misma: no hay reserva de plazas para alumnos discapacitados al FP. El caso quedó aquí hasta que una alumna con discapacidad a quien se le había denegado entrar a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Barcelona consiguió entrar tras mucha lucha de su familia, que también batallar a fondo por conseguir que la alumna, enferma del corazón, tuviera las llaves por poder subir y bajar con ascensor. «fue a partir de aquí que empezamos a consultar las normativas y vimos que había la reserva de plazas a la FP», comenta Armengol. En todos los casos, los alumnos enfermos del corazón habían pedido cursar estudios que no requerían esfuerzo físico y disponían del certificado de discapacidad, por lo cual el rechazo estaba injustificado, según el AACIC. Por la entidad, Educación ha cometido un «grave error que está afectando el proyecto de vida de algunos jóvenes», puesto que ha alegado falta de plazas cuando habría de haber reservado al menos un 5% de los lugares. «La normativa puede existir, pero a la práctica no se está ejecutante, y si la familia no tiene las cosas muy claras no se aplica porque ni siquiera la inspección la conoce.» De hecho, en la resolución de Educación que desplegaba el decreto de admisión de alumnos y que se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 30 de marzo, el artículo 2.4 indica claramente que «en los ciclos de formación profesional, el centro debe reservar dos plazas de cada grupo para el alumnado con necesidades educativas específicas».

IMPRESOS MAL HECHOS

El decreto aprobado el 29 de marzo pasado menciona como uno de los objetivos «favorecer la integración y la distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas». «No tiene sentido que se aplique esta reserva a toda la enseñanza y que desaparezca en los ciclos de grado superior como está pasando actualmente», señala Rosa Martínez, responsable de los servicios de atención a los centros educativos del AACIC, que añade que en los impresos de matrícula de FP que distribuye Educación no consta ninguna casilla dónde el alumno pueda decir que tiene alguna discapacidad. «Alguien del Departamento de Educación no sabe que a la FP también se deben reservar plazas», concluye Martínez.Se da el caso que un de estos alumnos excluidos tenía la intención de entrar a la FP tras dejar la universidad, dónde sí que se está aplicando –como el conjunto de la educación o
bligatoria– la reserva de plazas. «La familia quedó muy sorpresa por el hecho que a la universidad había podido entrar con una reserva de plazas y, en cambio, a los ciclos formativos, no», comenta Martínez. «Si no reservamos plazas para estos alumnos los estamos abocando al fracaso y obligándolos a cobrar una pensión de invalidez a los 30 años; no los estamos dando ninguna oportunidad», coinciden a decir Rosa Martínez y Rosa Armengol.

– A los ciclos de formación profesional de grado mediano o grado superior, el centro debe reservar dos plazas para el alumnado con necesidades educativas específicas. (…) Con anterioridad al inicio del periodo de preinscripción el Departamento de Educación ha de establecer el porcentaje de plazas que se reservan para el alumnado con discapacidad.

Debido a la parálisis cerebral que sufro de nacimiento -tengo treinta años-, tengo muchísimas complicaciones, no sólo para moverme, también para expresarme correctamente cuando hablo. Quizás sean estas últimas las que me traen más problemas. Por esta razón siempre he sido vista y tratada por los servicios sociales como una persona que tiene una minusvalía mental y física juntas. A lo largo de mi vida, nadie se ha molestado en comprobar, aunque sea con alguna prueba que detecte, que sólo tengo una minusvalía física y no psicológica como, sin ningún fundamento, siempre se ha supuesto en base a no sé qué.

Por no corregir ese error, que supondría admitir en el que están tanto los servicios sociales, como la propia sociedad, resulta que desde siempre he sido tratada y juzgada como una persona, que además de una grave minusvalía física, tiene otra psicológica, por lo que ni siento ni padezco. Por ello, consideran que tengo que estar recluida en el lugar adecuado a dicha discapacidad según su criterio. El mío no cuenta. Por este motivo desde los 9 hasta los 19 años me internaron en varios centros especiales que no eran apropiados para alguien que tiene las facultades mentales correctamente, como es mi caso. Por esta razón quiero y necesito e incluso reclamo que se me reconozca el derecho a decidir dónde quiero vivir. Aunque no lo crean estoy capacitada para hacerlo y sé lo que quiero o no quiero. Por eso, a los 19 años decidí, con el apoyo de mis padres, no regresar al centro de León donde los servicios sociales me habían internado.

Para que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro, cuando mis padres no estén, por ejemplo, quiero que se me reconozca de alguna manera, que a pasar de mi minusvalía física estoy capacitada para tomar decisiones como cualquiera. Esto es muy fácil de comprobar: sólo hay que hablar conmigo un rato. Pido, pues, ser escuchada. Reclamo, además, que se me deje ejercer el derecho que tengo como ser humano a vivir dignamente donde yo quiera y con la ayuda necesaria, que tanto proclama el Gobierno de España.

Si una persona normal no es recluida porque sí en una cárcel o en un centro, que para mí son lugares parecidos a los que en donde, contra mi voluntad, me han internado, porque los dos quitan la libertad, ¿por qué yo estoy condenada a estar toda mi vida recluida en un centro en contra de mi voluntad? No lo entiendo. Si mi único delito, por otra parte involuntario, es tener una discapacidad física; necesito decidir por mí misma, y que no lo hagan los servicios sociales u otras personas que no me conocen; y sólo se basan en un expediente que alguien ha redactado describiendo lo que ella considera que son mis limitaciones; pero en el que nunca aparece reflejado mi estado mental. Sólo se fijan en el mal estado de mi cuerpo.