Beneficiarios de pensiones de invalidez y asociaciones de discapacitados físicos denuncian que la Ley de Dependencia los ningunea, al establecer incompatibilidades entre las ayudas.
La esposa de Luis Bonillo dejó de trabajar hace siete años, cuando éste quedó tetrapléjico tras caer de un andamio: su marido sólo mueve la cabeza. La pareja aplaudió la Ley de Dependencia. Luis, de 44 años, vive en Las Pedroñeras, un pueblo manchego de 7000 habitantes donde no hay centro de día. Creyó que con la nueva norma su mujer recibiría una prestación económica y cotizaría a la Seguridad Social.
Pero a Luis se le denegó la ayuda. Según el artículo 31 de la Ley, al importe que le tocaría recibir (un máximo de 487 euros) se le resta la pensión de gran invalidez que ya cobra. Y como estas pensiones contributivas, aunque Luis no quiere aclarar la cuantía de la suya, son como mínimo de 792 euros, la resta sale negativa.
El caso de Luis es el ejemplo de por qué otras personas con sus limitaciones y asociaciones de discapacitados como el Foro de Vida Independiente y la Plataforma Representativa de Discapacitados Físicos (Predif) opinan que la Ley de Dependencia no está pensada para ellos, sino para quienes se ideó en un principio: las personas mayores.
Antes del accidente, en casa de Luis entraban dos sueldos. La pareja, con un hijo estudiante de 20 años, se basta ahora con la pensión. “Mucho menos de lo que cobraba”, asegura. Luis añade que los gastos tampoco son los mismos. “No se tienen en cuenta los costes adicionales de ser tetrapléjico”, denuncia José Antonio Novoa, del Foro de Vida Independiente.
Las quejas de Bonillo y de otro manchego a cuya esposa sólo se le dieron 2,80 euros por las mismas incompatibilidades han hecho reaccionar a la Junta de Castilla-La Mancha. Hace un mes, anunció que concederá una ayuda mensual complementaria de 328 euros para los grandes discapacitados y de 246 para los discapacitados severos.
Mejor no pedir la ayuda.
Vicente (no quiere dar su apellido) no ha pedido la ayuda de la Ley. Se la conoce “de cabo a rabo”, pero duda de su calidad. Tiene 50 años y desde hace uno está postrado en una silla, 14 horas pendiente de un respirador volumétrico y con una traqueotomía gracias a la cual evita ahogarse por las flemas. Sufre distrofia muscular. “Soy mutante”, dice quien hasta el año pasado trabajaba como administrativo en la Generalitat valenciana.Vive con su esposa, “minusválida, pero menos dependiente”. Tienen una hija de 17 años que estudia en el instituto. Sus pensiones suman 1800 euros y llegan justos a fin de mes. Como mínimo, dan 200 euros a la mujer de la limpieza y Vicente recuerda que pagan los favores. “Si se sale el agua de la lavadora, si hay que cambiar una bombilla, tenemos que pagar a alguien”, explica.
Las comunidades dan ayudas
Como Castilla-La Mancha, Cantabria y la Comunidad Valenciana han establecido complementos para salvar las incompatibilidades de la Ley. Ambas dan una cantidad nunca menor a una pensión no contributiva por invalidez, como mínimo de 328 euros. Extremadura reduce el importe a la mitad de la pensión y Andalucía establece que el mínimo a pagar será del 75% de la pensión no contributiva. Madrid garantiza un 25% de la prestación que le corresponderí a. Catalunya también ofrece ayudas.
Según la responsable confederal de UGT para la Igualdad, Almudena Fontecho, la Ley “intenta consagrar un derecho mínimo universal. A partir de ahí, las comunidades pueden dar más”. Pura García, secretaria de Políticas Sociales de CCOO, recuerda que, mientras no se acuerde el decreto de copago, cada autonomía “hará lo que le dé la gana”.
García insiste en que la prioridad de la Ley de Dependencia es crear infraestructuras y que las ayudas económicas -las que generan las incompatibilidades- se dan sólo cuando no se puede ofrecer, por ejemplo, una plaza en un centro de día.
“Estuve tres años en una residencia y no quiero volver”, se indigna Alejandro Rodríguez, madrileño de 40 años, tetrapléjico desde hace 18 por un accidente de tráfico. “Quiero decidir quién me limpia el trasero”, critica. Por eso ni ha solicitado las ayudas de la Ley. Vive con su madre, 470 euros y “la ayuda de la familia”.
Una portavoz de Predif explica que “se necesita más personal de apoyo que infraestructuras”. Aunque aplaude la Ley, porque es “un gran avance social”, aún tiene muchos errores”, interpreta. “No está pensada para que las personas vivan en su comunidad”, critica Novoa. Defensor de su independencia, Alejandro insiste en que sólo en su casa puede mantenerse activo: estudia en la universidad y da cursos sobre vida independiente. Y sale. “Los cojos también vamos al bar”, bromea.
27000 grandes dependientes sin reconocimiento
27000 sin ayuda reconocida. Más de 27000 grandes dependientes no tienen aún reconocido el derecho a la prestación que les daría la Ley de Dependencia. Según datos del 5 de mayo, 178581 grandes dependientes han obtenido las ayudas. El Libro Blanco de la Dependencia estima que en España hay unos 206000 grandes dependientes. Por ello, faltaría alrededor de un 14% por reconocérsele la ayuda.
11000 cuidadores
10928 cuidadores no profesionales han suscrito un convenio con las comunidades autónomas para el cuidado de personas en situación de dependencia. La mayoría (10293) son mujeres. Por edad, más de la mitad (5209) son menores de 50 años.
260 millones de financiación en 2007
El Estado repartió el año pasado 260 millones de euros entre las comunidades autónomas para el desarrollo de la Ley de Dependencia. El Estado paga a cada comunidad en función del número de dependientes que atienda. Andalucía y Catalunya fueron las que más recibieron.
5394 ayudas a domicilio
5394 familias han recibido ayuda a domicilio. Este tipo de ayudas, junto con las económicas para cuidados familiares, son las preferidas por muchos discapacitados, que sólo viviendo en casa se ven capaces de mantener una cierta independencia. Estas prestaciones se concentran en Andalucía (4655) y Extremadura (696), además de La Rioja (2), Baleares (3) y Ceuta (38). En el resto, no las ofrecen.
Madrid niega las ayudas económicas
La Comunidad de Madrid es la última a la hora de reconocer prestaciones para los cuidados familiares. Desde que se puso en marcha la ley, en enero de 2007, la región que preside Esperanza Aguirre no ha dado ni una sola ayuda a los familiares de personas dependientes para que les cuiden o asistan.
Las otras dos comunidades que están a la cola son Canarias, con tres, y Castilla y León, con dos. Las tres están gobernadas por el Partido Popular. En el otro extremo, está Andalucía, que ya ha otorgado 7377 ayudas para cuidadores familiares. Además, según denuncia el PSM, la Comunidad de Madrid ha sido la penúltima región en aprobar la normativa para desarrollar la Ley de Dependencia. Además, según CCOO, Aguirre se ha saltado el procedimiento administrativo para evaluar a los dependientes. Ha excluido a los trabajadores de los servicios sociales, que trabajan a pie de calle y lo gestionan directamente desde los despachos de la Consejería de Asuntos Sociales.
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