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Discriminación

¡A Dios rogando y con el mazo dando!

Un cura expulsa a un grupo de la catedral de Almería por tener síndrome de Down.

Según uno de los monitores que los acompañaba, un cura los echó diciendo que “ni sienten, ni padecen, ni entienden”

Lo que iba a ser una tarde de paseo para un grupo de 12 jóvenes con síndrome de Down se convirtió el jueves en franca indignación. Según publicó este viernes La Voz de Almería, cuando el grupo se encontraba de visita en la Catedral un sacerdote les echó de malos modos aludiendo a su discapacidad. Los monitores aseguraron que la excusa para echarlos fue: “Ni sienten, ni padecen, ni entienden”.

Según la asociación Asalsido, se trataba de dos grupos de jóvenes de entre 20 y 30 años acompañados de cuatro monitores. Dieron un paseo por el centro de Almería y visitaron la Catedral. Los monitores explicaron a La Voz que durante la visita un cura de avanzada edad les dijo que se fueran y la polémica frase.

La asociación pidió a los responsables eclesiásticos “consciencia” de a quién sitúan al frente de la Catedral. “Esta actitud no la debería tener nadie y menos un sacerdote”, sentenció Josefina Soria, presidenta de Alsasido. La entidad espera una disculpa. Según La Voz, tanto el sacerdote encargado del culto, como el archivero y el deán de la Catedral aseguraron no saber nada de esta situación.

Uno de ellos afirmó haber visto al grupo de jóvenes, pero insistió en que no vio ningún altercado. Todos ellos reconocieron que si hubiera ocurrido así sería “una barbaridad”.

¡Es una Discriminación!

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en material de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Art. 16.4. Son infracciones muy graves:

a) Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por razón de discapacidad.


Mas información: http://www.publico.es

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Denuncia Pública

Repsol trabaja para que la integración sea una realidad.



Bien por la Petrolera…¿o no?


Estimado señor:

La LISMI, Ley para la Integración Social de los Minuválidos, más de 25 años tiene esa Ley, luego no es “nueva” como la de Dependencia que sólo existe desde enero de 2007, obliga a las grandes empresas (con más de 50 empleados) a contratar como mínimo a un 2% de personas con diferentes capacidades.

¿Qué significan estas palabras? Sencillamente que si una sociedad tiene a 100 empleados fijos, 2 de ellos tienen que tener capacidades diferentes. Si son 200 los fijos, cuatro personas con discapacidad, y de ese modo suma y sigue. Fácil de llevar a cabo, ¿verdad?

La propia página de la Petrolera informa de que tiene contratadas indefinidamente a más de 32000 personas. Eso está muy pero que muy bien. Genera riqueza, empleo, etc.

El 2% de esa apabullante cifra son 640 personas. Pero resulta que esta compañía tiene en su plantilla a 300 personas con diversidad funcional. Y eso ya no suena tan bien. No llega al 1% el obligatorio empleo para las personas con diversidad funcional.

Y se enorgullece, nos lo anuncia insultándonos impunemente, se jacta de ello en los medios audiovisuales con una campaña publicitaria propia de un mundo color de rosa (el anuncio merece un Óscar).

La empresa, ¿merece un premio, una peseta, una medalla o que la investiguen y condenen por incumplir la Ley y regodearse en ello?

Atentamente,

César Giménez Sánchez

Málaga

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Opinión


De la autocrítica a la acción para acabar con la exclusión, sabiéndose “uno de ellos”

Un artículo de: Mª Ángeles Sierra Hoyos *


No hace demasiado tiempo en España -y quizás todavía-, las personas con algún tipo de discapacidad, eran, éramos motivo de ocultación y vergüenza personal, familiar y social. En una sociedad que marca de una manera generalizada sus formas y contenidos, salirse por las razones que sean de ese contexto viene a ser sinónimo de exclusión y de desprecio, no pocas veces revestido de lástima.

En los últimos 30 años este tipo de situaciones han ido notablemente cambiando, pero hay algo de ese poso que aún pervive en nosotros y en los demás que conlleva tantas veces a encontrarnos con desagradables e injustas situaciones que perecen socialmente prehistóricas.

Es como si midiéramos aun la desgracia y el problema y nos mantuviéramos al margen de buscar la solución. Una especie de secuestro emocional y conceptual que ralentiza el sentido de nuestra plena integración como individuos iguales y a la par diferenciados. Una pretendida y posiblemente pretenciosa ausencia de identidad con la realidad que nos toca vivir, que más parece ser dominio de las sociedades que de los propios individuos afectados.

Cuando surge el individuo independiente, auto determinado, capaz desde su realidad de encararse a la vida como uno más, dispuesto a aportar y exigir soluciones, el asunto se ennegrece. La realidad a la que has de enfrentarte puede ser tal, que no todo el mundo dispone de fuerzas ni de las herramientas suficientes como para emprender ese camino, lo que en la mayoría de ocasiones obliga de un modo directo o indirecto, consciente o inconsciente a efectuar el repliegue.

Si a la hora de resolver un problema, no somos capaces de sentirnos parte sustancial de la solución, difícilmente podremos resolverlo por lo que lo habremos dejado en manos de terceros y posiblemente nos encontremos con una solución que no es precisamente la nuestra sino la de aquellos que se sirvieron de la forma más cómoda de resolverlo para si mismos. Solo si nosotros mismos tomamos conciencia en primera instancia de nuestra necesidad de ser parte directamente implicada en esa solución, podremos resolver o al menos contribuir a resolver de una forma más directa y efectiva el problema.

Creo que las personas con diversidad funcional, aun fallamos por la base, fallamos por el concepto, fallamos por la identificación, fallamos por el sentido de la libertad y el ejercicio de la responsabilidad que solo a nosotros mismos nos debemos.


Evidentemente es fácil fallar en todos esos ámbitos cuando el concepto social de la discapacidad se presenta viciado desde la historia de los tiempos y siempre se le ha atribuido un significado de inferioridad de una forma natural, a todo aquel ser que presentaba algún tipo de limitación física, orgánica, mental, intelectual o sensorial.

Tal vez de ahí que todo cuanto a una sociedad le resulta inferior y desvalído ha de ser protegido al tiempo que despreciado, ninguneado o relegado a un segundo plano.

Pero nuestra sociedad es otra; ha cambiado y no podemos por mucho tiempo seguir manteniendo este juego porque cada vez somos más los que entramos en ese sector de “desvalídos” e “inferiores” y de seguirlo manteniendo acabaremos construyendo una sociedad desamparada e inferior, incapaz de buscar soluciones a la que le vendrán un alud de problemas imposibles de resolver a través de una hábil y rápida intervención, previamente calibrada. Estaremos creando no una sociedad de felicidad, sino más bien una sociedad del más cruel, absurdo e innecesario sufrimiento.

Fallamos por la base porque posiblemente aun no hemos aprendido a reconocernos sino más bien a diferenciarnos, generando con ellos subgrupos o subclases que vienen a marcar un significado u otro, que nos crece o nos inferioriza dentro de nuestro mundo diverso. Seguimos aun marcando las diferencias catastróficas entre ser cojo, o ser ciego, entre ser sordo o con diferencia intelectual, o entre tener una diversidad desde la infancia o sobrevenida, con lo cual, entre nosotros indirecta e inconscientemente nos mordemos. Unas veces pensamos que lo peor es lo nuestro o por el contrario, marcamos nuestro estatus con respecto a otro tipo de discapacidades.

Fallamos por la base porque fallamos por el concepto y parece que aun ni nosotros ni el conjunto social hemos terminado de asimilar que la vida en si misma es la vía a la discapacidad, a la longevidad, al deterioro y a la muerte, y que eso no tiene porque suponer una tragedia ni un motivo de abandono o aparcamiento de las sociedades frente a las necesidades que a todos, de un modo u otro, nos están en un momento determinado por venir.

El gran problema es, tal vez, que estamos construyendo la idea social desde la perfección y la belleza imposibles de mantener en su totalidad, olvidándonos de la diversidad, si se quiere, la imperfección y las necesidades tanto materiales como subjetivas que ello genera, imposibles en todos los tiempos de evitar, por lo que precisan soluciones cada vez más comprometidas, participativas y respetuosas con todas las realidades.

Así pues, este tipo de pensamientos que se van propagando desde los núcleos más próximos hasta los más lejanos, nos terminan embullendo a todos de forma tal que acabamos por no entender el sentido del respeto y de la libertad y mucho menos de desarrollar la capacidad de la responsabilidad que se necesita para ejercer esa libertad desde la autodeterminación y el respeto.

Pero la realidad continúa y continúa su dinámica natural y con el tiempo, quienes en un momento dado son de rango cazadores, se convierten en la presa. Resultando que en el transcurso del tiempo somos más presas que cazadores porque nos negamos a formar parte de la solución desde el sentido de la autocrítica dirigida a la acción, para acabar y de una vez por todas con la exclusión, posible únicamente, sabiéndose sentir a priori, se esté donde se esté y porque se puede acabar algún día siendo: “uno de ellos”.

* Mª Ángeles Sierra Hoyos
es miembro del Foro de Vida Independiente


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Política

Para los seguidores de los buenos políticos. Pocos tan honestos, responsables y didácticos como Anguita.

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Entrevistas

Montserrat Trueta: Semblanzas de una mujer luchadora


“¡Jamás diga que su hijo tendrá límites!”


MONTSERRAT TRUETA PRESIDE LA FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN

Tengo 74 años, nací y vivo en Barcelona. Soy fundadora y presidenta de la Fundació Catalana de Síndrome de Down (FCSD), desde hace 22 años. Soy viuda de Ramon Trias Fargas. Tengo cuatro hijos, Toni (47), Katy (45), Mireia (37) y Andy (34), que tiene síndrome de Down. Y tengo seis nietos. Defiendo los derechos humanos y soy catalanista

Entrevista a Montserrat Trueta

Entrevista a Montserrat Trueta (presidenta de la FCSD) publicada en “la contra” de La Vanguardia el 30-11-06
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Noticia

El Gobierno suspende en política de integración de los discapacitados

– El 9% de los españoles presenta algún tipo de discapacidad
– Solamente el 1% de este colectivo logra acceder a la universidad
– El 80% de las empresas no cumple la obligación de reservar un 2% de sus plazas.
Actualizado lunes 28/04/2008 14:45 (CET)

YOLANDA TÉLLEZ

MADRID.- En el marco de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Fundación ONCE ha presentado el informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad en España’, que analiza la situación de las personas con discapacidad en el territorio español, desde la óptica de los derechos humanos.

El documento ha sido realizado en catorce país, concretamente en Alemania, Armenia, Bulgaria, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía.
En el caso español, el escrito, además de proporcionar datos acerca del número de personas con discapacidad en España y analizar las leyes existentes en este ámbito, observa distintos aspectos como la vivienda, el empleo, la educación, la comunicación y la accesibilidad, entre otros, mostrando una serie de propuestas para una mayor inclusión del colectivo. “Vivimos en una sociedad donde o caminamos todos o no estamos yendo a ninguna parte”, afirma Leonor Lidón Heras, autora del informe en el caso español.
De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), de 1999, el porcentaje oficial de personas con discapacidad en España asciende al 9%, representado, aproximadamente, a tres millones y medio de personas. “El mayor número lo representan las mujeres, por lo que sufren una doble discriminación”, manifiesta Lidón Heras.
La Constitución de 1978 incluye la legalidad de las acciones positivas, la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Además, la legislación existente, tal como la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI) y la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) caminan en busca de esta igualdad. Sin embargo, en la práctica, aún se detectan barreras tanto legales como de inclusión, en torno a este colectivo.
Principales barreras.
Entre los aspectos principales que el documento resalta proponiendo una serie de mejoras para la integración de las personas con discapacidad se encuentran algunos como la incapacitación, la comunicación, la educación, la vivienda, el empleo y la accesibilidad.
En lo que se refiere a la incapacitación, principal barrera legal existente para este colectivo, el sistema legal español prevé la limitación de la capacidad legal de las personas con discapacidad. “El resultado es que la persona no puede gobernarse por sí misma, en vez de que el sistema se centre en las capacidades que sí que posee esa persona”, expresa Lidón Heras. Sin embargo, además de las barreras legales, las personas con discapacidad se encuentran con distintos ámbitos exclusivos en su vida diaria. Entre ellos la accesibilidad, no sólo en sí misma, sino también desde el punto de vista de la vivienda y la comunicación, donde ésta no se cumple en ninguno de los casos.
La educación es otro de los áspectos donde existe una mayor inclusión. Sólo el 1% de los estudiantes con discapacidad llega a la universidad. Además, el 40% de ellos, lo hace a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). “Se detecta que el número de alumnos con necesidades especiales en la educación integrada disminuye una vez superada la educación obligatoria”, señala la autora del informe.
Por último, en el caso del empleo, el documento muestra que una de cada tres personas con discapacidad es inactiva, existiendo una doble discriminación en el caso de las mujeres. Además, el 80% de las empresas obligadas a reservar un 2% de su plantilla para este colectivo no cumple la medida.

La presentación del informe ha contado además con la participación de Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo, Luis Crespo Asenjo, director general de Fundación ONCE, y Mª Luz Sanz Escudero, vicepresidenta del CERMI.

Convención de la ONU

Tras la exposición del documento, el acto ha contado con una mesa redonda acerca del impacto legislativo que tendrá en España la entrada en vigor, el próximo 3 de mayo, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Convención de la ONU, ratificada por España el pasado mes de diciembre, obligará a los más de un centenar de países firmantes a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes para eliminar toda barrera o restricción que impida a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, garantizando así los derechos humanos y las libertades fundamentales para el colectivo.
El coloquio ha contado con la participación de distintos expertos en materia de discapacidad y con la moderación de Fernando Fernández-Arias Minueda, director de la Oficina de DDHH del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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Noticias

Tres mil discapacitados en la bolsa del paro de Alicante.

Alicante

La provincia de Alicante registra en los últimos años una de las tasas más altas del país de desempleados por discapacidad del lenguaje


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Tienen mucho más complicado encontrar un trabajo. El problema es que la vía laboral es necesaria para que puedan lograr su plena inserción social. Casi 3.000 discapacitados buscan un trabajo en la provincia, según el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad realizado por el Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Los datos, correspondientes a 31 de diciembre de 2007, muestran una tasa de demandantes ligeramente inferior a la media española que se sitúa en el 2,76%, pero también ponen de manifiesto que Alicante es una de las tres provincias del país que registra un mayor peso porcentual de demandantes de empleo entre personas que padecen una minusvalía en el lenguaje.

De los 2.943 alicantinos que sufren una discapacidad y que están en la cola del Inem, 47 no han declarado su minusvalía frente a 1.570 personas que sufren una discapacidad física (el 53% del total). Respecto a las discapacidades psíquicas, hay 850 demandantes de empleo, y otros 422 que padecen una discapacidad tipo sensorial. En el caso de las minusvalías del lenguaje, el Inem tenía registrados a final de año a 54 personas, la segunda cifra más alta del país sólo por detrás de Valencia (76 personas). En tercer lugar se sitúa Madrid con 44 personas.

Menor tasa de contratos
Otro de los aspectos que recoge el informe es el número de contratos realizados en este mismo año. Así, las provincias con mayor volumen de contratación a personas con discapacidad son las más pobladas como Madrid, Valencia y Barcelona. En el caso de la provincia de Alicante se realizaron 3.811 contrataciones, lo que representa el 2,32% del total de contratos que se registraron en España y una tasa del 0,65%, por debajo de la media del país que se situó 0,88%. Esta última cifra es destacada en el informe.

Respecto al perfil de las personas que fueron contratadas, la mayoría de los empleos fueron ocupados por alicantinos con una discapacidad física (1.252), le siguieron los discapacitados psíquicos (513), sensoriales (390), sin discapacidad declarada (52) y del lenguaje (41).

Principales ocupaciones
Personal de limpieza de oficinas y hoteles, peones de industrias manufactureras, dependientes en tiendas, almacenes o quioscos, peones del transporte y descargadores, conserjes de edificios, peones agrícolas, taquígrafos y mecanógrafos, vigilantes y guardianes y camareros son las ocupaciones que registran un mayor número de contratos a personas con discapacidad.

En cuanto al perfil de los demandantes, el Inem destaca que casi dos tercios poseen estudios a nivel de ESO con o sin titulación (32,74% y 30,82%, respectivamente). Le siguen las personas sin estudios (8,20%), los que poseen grado medio de FP (7,23%) y de Bachillerato o equivalentes (6,84%).

Por género, el 48,35% son mujeres, por lo que -según resalta el informe- tienen una doble dificultad para encontrar un empleo dada su discapacidad y además por su condición de mujer. Si se tienen en cuenta las edades, el 28,28% de los demandantes tienen entre 45 a 54 años, y otro 27,30%, entre los 35 a 44 años.

Le siguen el colectivo entre 25 a 34 años (19,44), los mayores de 54 años (17,56%) y los menores de 25 (7,42%).

Ahora bien, a la hora de realizar contrataciones, las tasas más altas de empleo a personas con discapacidad se dan entre el colectivo de 25 a 44 años (60% del total) y más de dos tercios tenían estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) con o sin titulación académica.

Peor lo tienen las mujeres, porque en su caso, en las contrataciones de las mujeres las cifras vuelven a ser más bajas, con sólo un 38,11% de los contratos.

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Noticias

Los políticos juegan con las personas con diversidad funcional.

“Los políticos juegan con los discapacitados”

Cocemfe critica que la Ley de Dependencia se ha utilizado como instrumento electoral

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Carta de Joaquín Mora Mendoza, al Defensor del Pueblo Andaluz.

José Chamizo de la Rubia, nacido en Los Barrios (Cádiz) en 1949, es sacerdote y Licenciado en Historia de la Iglesia, por la Universidad Gregoriana de Roma, en Historia Contemporánea, por la Universidad de Granada, y tiene la diplomatura en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano.

Fue designado Defensor del Pueblo Andaluz por el Pleno del Parlamento el día 16 de Julio de 1996 (BOJA 82, de 18/7/96) y reelegido para nuevos mandatos por el Parlamento en Noviembre de 2001 y Febrero de 2007.

Estimado Sr:

Agradezco la disponibilidad que ha tenido a bien llevar a efecto en el tratamiento de mi caso, no obstante he de manifestarle mi disconformidad, en una parte de su actuación, así como con la propuesta que me hace de mantenerme a la espera de adquirir nueva vivienda en el momento oportuno, por entender que he rechazado tres anteriores permutas, sin que haya requerido mi consulta para poder considerar los motivos y bajo que determinadas circunstancias sucedieron los hechos que recientemente he denunciado, de forma pública, a través de los medios de comunicación, cuya copia le adjunto así como el enlace de su posterior publicación por parte de Europa Press.
Lamento profundamente que unas manifestaciones basadas en medias verdades, lo que es igual a una mentira por parte de la Junta de Andalucía, hayan puesto en entre dicho, no solo mi reputación, sino también la confianza y fe que como ciudadano desprotegido, venía depositando en la figura que Ud. representa, al entender, a través de su escrito, que dando por ciertas y posiblemente inaceptables las declaraciones vertidas contra mí, entendía que desde su institución solo les restaba como alternativa invitarme a perder todos los derechos que tengo adquiridos y contraídos a través de mi contrato de compraventa con la Junta de Andalucía.

Así mismo le recuerdo, que el archivo adjunto que decía enviarme sobre la respuesta que le trasladó la Consejería de Urbanismo de la Junta de Andalucía, no lo he recibido, por lo que agradecería se aseguraran de realizar dicho envío al objeto de conocer su contenido.

En la confianza de que ningún ciudadano antes de ser atendido y escuchado debidamente se vea envuelto en una situación tan desagradable como en la que yo me he visto, por parte de la Delegación de Transporte y Urbanismo de la Junta de Andalucía, por parte de los medios de comunicación y por parte de su propia institución, que parece contraponerme a ejercicio de mis derechos como ciudadano y sin pretender restarle en ningún momento el valor de su acción por intentar dar solución a mi caso, le saluda atentamente.

Joaquín Mora Mendoza.

Nota: De esta comunicación se presentará copia al Foro de Vida Independiente, así como a los medios de comunicación que pudieran estar interesados en ello.


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Huelva.- El minusválido sin accesibilidad en su casa emplaza a la Junta a "demostrar" que ha rechazado tres permutas


4 May. (EUROPA PRESS)

Joaquín Mora, el discapacitado que ha denunciado “llevar siete años arrestado en su propia casa porque no cuenta con accesibilidad para su estado en silla de ruedas, emplazó hoy a la Junta a “demostrar” que ha rechazado hasta tres permutas de vivienda, información por la que considera que ha sido “difamado”.

En declaraciones a Europa Press, Mora aclaró que, en enero de 2005, le fue adjudicada “de forma verbal y por parte de un funcionario de la Delegación de Obras Públicas de la Junta en Huelva una vivienda en la Avenida de Guatemala, que sí acepté”, pero lamentó que, “en el momento de la mudanza, desde la Junta nos notificaron que la decisión de entrega de la vivienda la había tomado un funcionario que estaba sustituyendo al titular por vacaciones y que no tenía potestad para para hacer eso, lo que provocó en el seno familiar una gran decepción y angustia por lo injusto de esta actuación”.

De la misma forma, relató que, “poco tiempo después, la Delegación de Obras Públicas ofertó, sin aportación documental, otra vivienda en la Avenida Cristóbal Colón, un segundo piso que resultó ser un apartamento de entre 30 y 40 metros con un sólo dormitorio”, por lo que justificó que tuvo que rechazarlo porque, “de aceptarlo, me veía obligado a desalojar a nuestro hijo, entonces de 16 años, del núcleo familiar por falta de espacio vital para él”, respondiendo los funcionarios a esta situación que “el niño se emancipara”.

Mora añadió que el pasado 25 de abril, el delegado de Obras Públicas de la Junta en Huelva, Gabriel Cruz, “ante un nuevo intento de desbloquear esta situación, se personó en mi domicilio y me ofertó permuta en la provincia, lo que me originaría nuevamente un grave quebranto familiar y personal, especialmente en el transporte, debido a mis continuadas revisiones médicas”.

Igualmente, indicó que le ofertó como posibilidad la “remodelación de los interiores del piso, cuando el problema principal que tengo es el de la imposibilidad de la puesta de ascensor, por lo que mi situación de cautiverio no alcanzaría solución alguna, aunque parecen estar conformes con efectuar un gasto a todas luces innecesario, ya que ya han hecho un peritaje del interior de la vivienda”.

Con todo, Mora apuntó que ha remitido un escrito a Gabriel Cruz en el que solicita “cooperación en el alquiler de una vivienda accesible por la diferencia entre su coste y lo que yo pago por el piso en el que vivo, hasta que dispongan de vivienda para llevar a cabo dicha permuta y sin con ello tener que perder los derechos que ya tengo adquiridos”, para lo que espera una respuesta.

Con estos argumentos, Mora considero que se le está haciendo un “daño moral porque la Junta de Andalucía está dejando de manifiesto con sus actuaciones la falta de voluntad tanto administrativa como política de solventar esta situación, no sólo porque no me oferta las soluciones viables y legítimas a que está obligada al construir edificaciones fuera de la Ley de Accesibilidad”.

Y es que, a su juicio, la Junta “está intentando confundir a la opinión pública que me apoya, a las entidades de apoyo que han luchado y están luchando por ver solución al caso, a los medios de comunicación que tanto se han molestado en esclarecer mi caso, sino también a instituciones tan insignes como la del Defensor del Pueblo Andaluz”.

En este punto, se mostró convencido de que el Defensor “se ha basado en unos argumentos acusatorios por parte de la Junta de Andalucía, no demostrados fehacientemente, me emplaza, por haber rechazado tales permutas, a comprar nueva vivienda cuando proceda en tiempo y forma, cuando estas acusaciones son una burda mentira manipuladora, ya que la primera permuta que me ofrecieron, sí la acepté al resultar una oferta digna y acorde con mis necesidades, pero simplemente nos la arrebataron cuando ya gozábamos ilusionadamente con el fin de un cautiverio al que nos abocó la propia Junta de Andalucía”.