MADRID, 31 (ATB NOTICIAS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, emplazó hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, a que explique a los españoles cuál es su postura ante la propuesta de privatización del sistema de pensiones que defiende su ‘número dos’ por Madrid, Manuel Pizarro, y ante la “degradación” de la sanidad pública de la capital tras la sentencia que exonera de mala praxis médica a los doctores del hospital Severo Ochoa.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, López Garrido censuró que el líder los ‘populares’ esté “sistemáticamente callado” ante cuestiones de esta envergadura, y le pidió que “dé la cara” porque, sostuvo, “el que calla otorga”.

Sobre la privatización de las pensiones, el dirigente socialista criticó que el ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, abogue por aplicar el sistema que había “en el Chile de Pinochet” y le recriminó que “ponga en cuestión” el que se aplica en España.

NO PUEDE ESTAR “SISTEMÁTICAMENTE CALLADO”.

En este punto, López Garrido instó al jefe del principal partido de la oposición a que “salga a la palestra” y exponga cuál es su opinión ante muchas cuestiones decisivas de servicios públicos esenciales que están siendo “puestas en cuestión” por destacados dirigentes de su partido mientras que él está “callado”.

Entre éstas se refirió al “ataque furibundo” del PP a la sanidad pública madrileña en su propósito de “desmantelar” el servicio médico del Hospital Severo Ochoa de Leganés con una acusación de 400 homicidios al dar “pábulo” a una denuncia anónima.

Frente a este hecho, Diego López Garrido urgió a Rajoy a que “dé la cara” y explique por qué el PP ha “degradado” la sanidad pública madrileña porque, a su juicio, “no puede aspirar a gobernar la sanidad de toda España”, pero, sobre todo, que “asuma responsabilidades”.

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA

Todos los colectivos, partidos políticos y segmentos de la sociedad coinciden en aplaudir y resaltar el avance que para los minusválidos y ancianos supone la ley de Dependencia. Y, sobre todo, para los cuidadores.

Sin embargo, una norma de esta envergadura requiere en ocasiones ajustes para adaptarse a las necesidades y a la propia realidad. Los graduados sociales, de hecho, se ven, a su juicio, justo en medio de algunos problemas generados por la aplicación del nuevo marco normativo.

Por ello, este colectivo ha constituido en Málaga una comisión interna que pretende elaborar un documento con las deficiencias y quejas de estos empleados con el fin de que se subsanen. La inestabilidad laboral, la necesidad de afianzar la estructura existente y la inseguridad que padecen ante las denuncias directas que están recibiendo de los beneficiarios de la norma son las principales preocupaciones del colectivo.

“Queremos aportar soluciones desde el prisma y la experiencia de los profesionales que trabajan con los dependientes de la provincia”, destaca el presidente del Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Málaga, Rafael Arredondo.

“Cuando no se cumplen los plazos de las valoraciones o no se otorga el recurso deseado, los beneficiarios de la ley denuncian al trabajador, que no se siente cubierto por la administración. Éste es un aspecto que queremos cambiar”, destaca.

Profesionales.

Más de 300 colegiados trabajan de una u otra forma con dependientes. “El trabajador social es el que da las buenas y malas noticias y el que firma los informes denegando o autorizando las prestaciones”, reseña el presidente del colectivo.

La intención de los trabajadores es elaborar un documento con propuestas de mejora para discutirlo posteriormente con la delegada para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga, Amparo Bilbao.

Este colectivo profesional pretende que sus aportaciones sean constructivas. “Somos los máximos defensores de la ley y, aunque nuestro objetivo es reivindicativo, pretendemos actuar aportando soluciones”, concluye.

Vigo no tiene dónde tratar a sus lesionados medulares. Lo denunciaban ayer en la asociación de discapacitados Amico, que ha iniciado una campaña para promover que el hospital que se va a construir en Beade incorpore un servicio centrado en lesionados medulares. Su propuesta ha calado ya en otros colectivos de discapacitados, en asociaciones como la Federación Veciñal viguesa y en ayuntamientos como los de Vigo, Salvaterra, Tui y Ponteareas, que han decidido constituir una plataforma para solicitar a la Consellería de Sanidade que dote al nuevo complejo hospitalario de un equipo que asista a las personas que sufren una fractura en la columna.

La ausencia en la actualidad de este dispositivo obliga a los enfermos y a sus familias a trasladarse a A Coruña e incluso a Toledo para ser atendidos. En ambas ciudades cuentan con unidades especializadas en lesiones de médula como la que ahora demanda Vigo. Por eso, el planteamiento que hacen en Amico es que el nuevo hospital de Vigo se encargue de tratar a los pacientes que sufran este tipo de lesión en el sur de Galicia.

Y no son pocos los que se ven frente a una silla de ruedas después de sufrir un accidente. Según los datos de la Xunta facilitados ayer por la plataforma Amico, durante el último año se produjeron en Galicia 703 lesiones medulares, de las que 152 correspondieron a Vigo, 51 a Pontevedra y 83 a Ourense. Muchos de ellos acabaron en el hospital coruñés Juan Canalejo, el único que en la comunidad cuenta con camas (30) para atender a estos pacientes.

Fractura familiar

Pero el Canalejo no da más de sí, según cuentan los afectados. «Cada año 120 pacientes se dirigen a este centro, la mayoría de ellos de la provincia de Pontevedra. Y sabemos que la estancia media es de entre seis y siete meses, por lo que es imposible que las 30 camas del Canalejo den. Y aunque lo ampliasen a 36 como quieren hacer, seguiría sin valer para los pacientes del sur de Galicia, que deben trasladarse hasta A Coruña para ser tratados, con los problemas que eso genera», comenta el portavoz de Amico, Leonardo Fernández.

Entre esos problemas destaca sin duda el efecto que tiene la situación en las familias, que además de sufrir con quien padece la grave lesión, se ven obligadas a dividirse para acompañar al enfermo durante su estancia en el hospital: «Se produce una fractura familiar terrible para un enfermo en estas circunstancias, que necesita el apoyo físico y psicológico de su familia, que es imprescindible. Y luego hay un quebranto económico, que importa menos, pero importa, porque las familias desplazadas tienen que buscarse un lugar para quedarse al lado de los suyos», argumenta Fernández, mientras otro de los portavoces de la plataforma, Manuel Fandiño, denuncia que la falta de sitio en el Canalejo coruñés «está obligando a dar altas precipitadas».

De ahí el interés de la plataforma en reunirse con la conselleira de Sanidade, a la que plantearan que Vigo centralice la atención medular del millón y medio de habitantes del sur de Galicia. Cuentan para ello con el respaldo de colectivos de Ourense, que consideran preferible ser cuidados en Vigo que en A Coruña. «Cada año se dan 120 casos por cada mil habitantes, así que pedir más recursos para Vigo es una reclamación justísima», concluía Manuel Fandiño.