Es m\u00e1s barato dejar al dependiente en la vivienda que una plaza de geri\u00e1trico.<\/u><\/font><\/h5>\nLos familiares no han recibido a\u00fan la formaci\u00f3n que se hab\u00eda prometido.<\/u><\/strong><\/font><\/p>\nEn Murcia apenas se ha concedido m\u00e1s que dinero para las cuidadoras.<\/u><\/strong><\/font><\/p>\nPero dos factores han dado la vuelta a la tortilla: las preferencias de los ciudadanos, guiados a\u00fan por modelos tradicionales de cuidados a la vejez, y lo barata que les sale a las comunidades esta prestaci\u00f3n, mucho m\u00e1s que una plaza en un geri\u00e1trico. A ello se a\u00f1ade la escasez de servicios, que aboca a los profesionales, en ocasiones, a recetar esta ayuda econ\u00f3mica con tal de que el ciudadano reciba algo. Los trabajadores sociales reconocen que, a veces, no es lo m\u00e1s adecuado para el anciano, pero no hay otra cosa que ofrecer. La ley prev\u00e9, adem\u00e1s, formaci\u00f3n para el cuidador, que tampoco la est\u00e1 recibiendo.<\/font><\/p>\nEspectacular es el caso de Murcia, que, a juzgar por los datos, no ha hecho otra cosa en la Ley de Dependencia m\u00e1s que dar esa ayuda. Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla (ambas bajo la gesti\u00f3n del Gobierno), todas muy por encima de la media, que ya es bien alta. "Con estas cifras se puede decir que se ha desvirtuado la ley. Estas ayudas se contemplaron como algo excepcional para algunas zonas rurales, donde es m\u00e1s dif\u00edcil que lleguen otros servicios, pero se est\u00e1n generalizando", explica Montserrat Mu\u00f1oz, coordinadora ejecutiva de Pol\u00edtica Institucional de IU. Mu\u00f1oz, que particip\u00f3 activamente en el nacimiento de esta ley, opina que "estas ayudas est\u00e1n evitando que se cree empleo de calidad ligado al bienestar de los ciudadanos". Y a\u00f1ade: "La mayor\u00eda de los cuidadores son mujeres, lo que las consolida en el papel que han desempe\u00f1ado siempre. No se les est\u00e1 dando un empleo, aunque \u00e9ste fuera con un gran sesgo sexista".<\/font><\/p>\nLa secretaria de Asuntos Social del PSOE, Marisol P\u00e9rez, opina que esta desviaci\u00f3n de la ley hacia la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica es propia de los inicios, pero que cambiar\u00e1. "No hay suficientes servicios a\u00fan y s\u00ed una cultura familiar que persiste: esta tarea la hac\u00edan muchas mujeres y algunas quieren seguir haci\u00e9ndola. Cuando se hizo la ley, \u00e9ramos conscientes de esa realidad social. Se necesitar\u00e1 un cambio generacional para modificar esa costumbre, pero, mientras tanto, esas mujeres tienen ahora ventajas, cobran por ello y se dan de alta en la seguridad social", explica.<\/font><\/p>\nPor su parte, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, lamenta que "lo excepcional se est\u00e9 convirtiendo en ordinario. Si se consolida este modelo, finalmente, la gente contar\u00e1 con un poco m\u00e1s de dinero, pero no se habr\u00e1n resuelto los problemas de autonom\u00eda personal ni de calidad de vida. Por no hablar del empleo que dejar\u00e1 de generarse. Y encima, el aumento de esa prestaci\u00f3n no va acompa\u00f1ado del apoyo y la formaci\u00f3n a los cuidadores que tambi\u00e9n preve\u00eda la ley".<\/font><\/p>\nUna plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda m\u00e1s concedida, con casi un 20% de los casos. Pero esto es enga\u00f1oso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geri\u00e1trica (86.220 en total) ya estaban atendidas all\u00ed antes incluso de que se aprobara la ley. Las comunidades aut\u00f3nomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables auton\u00f3micos. Madrid sorprende por encima de todas las dem\u00e1s, 55 puntos por encima de la media en la supuesta concesi\u00f3n de plazas residenciales. Con esas cifras, la comunidad madrile\u00f1a habr\u00eda debido abrir en los \u00faltimos tres a\u00f1os docenas de geri\u00e1tricos.<\/font><\/p>\nEl Gobierno se hart\u00f3 de las cifras que las comunidades reflejaban sobre la concesi\u00f3n de nuevas plazas en residencias y sac\u00f3 un decreto en febrero en el que advert\u00eda a las comunidades de que s\u00f3lo les dar\u00eda dinero si el procedimiento de solicitud y reconocimiento de una ayuda lo hab\u00eda solicitado el propio beneficiario. Las comunidades pararon. Pero Madrid, por ejemplo, ya hab\u00eda sumado por entonces de un mes para otro m\u00e1s de 4.000 personas nuevas ingresadas en una residencia.<\/font><\/p>\nEl resto de las prestaciones se han concedido en porcentajes muy escasos (ver gr\u00e1fico) y alguna de ellas, como la ayuda a domicilio, est\u00e1 en manos de los ayuntamientos. Por tanto, la gran novedad, tres a\u00f1os despu\u00e9s de iniciarse la Ley de Dependencia, ha sido la paga a los familiares por cuidar a sus ancianos, justo lo contrario de lo previsto. Pero, al menos, es una ayuda derivada directamente de esta ley, porque antes no exist\u00eda. De todas las dem\u00e1s, caben dudas.<\/font><\/p>\nA las comunidades les sale muy barato prescribir estas ayudas. Castilla y Le\u00f3n (PP), que ha hecho p\u00fablicos datos como el n\u00famero de beneficiarios y el de prestaciones, as\u00ed como la financiaci\u00f3n que recibe, ha calculado que si concediera un 51,4% de ayudas a los familiares (la media nacional), en lugar del 34,8% que da en la actualidad, se ahorrar\u00eda 6,1 millones de euros al mes.<\/font><\/p>\nHoy se re\u00fanen los consejeros con el Gobierno para aprobar, previsiblemente, un nuevo modelo de informaci\u00f3n que clarifique las estad\u00edsticas de la Dependencia.<\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ELPAIS.com > Sociedad El 51% de las ayudas concedidas es una paga para las mujeres que atienden a sus mayores – La falta de servicios y la tradici\u00f3n abocan a este recurso econ\u00f3mico. 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