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BIENESTAR SOCIAL<\/p>\n
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Suma y sigue<\/h2>\n
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<\/a> <\/p>\n\u00b4Mantendr\u00e9 un clima de colaboraci\u00f3n con los afectados por la Ley de Dependencia\u00b4<\/a><\/h1>\n
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(Titular de la entrevista realizada el d\u00eda 30 de agosto de 2009)<\/h3>\n
La consellera anuncia un nuevo decreto para reducir los plazos de respuesta a las solicitudes y cumplir los seis meses que marca la norma.<\/h1>\n
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A. PRADO <\/b><\/h3>\n
La consellera de Bienestar Social, Ang\u00e9lica Such, reconoci\u00f3 ayer en Alicante que "las dificultades en la tramitaci\u00f3n llevan a esperas indebidas" en la resoluci\u00f3n de solicitudes presentadas por la Ley de Dependencia y anunci\u00f3 la elaboraci\u00f3n de un nuevo decreto que reduzca el tiempo de respuesta, tras admitir que "la tramitaci\u00f3n es excesivamente larga".<\/h3>\n
Such indic\u00f3 que la puesta en marcha de este decreto se prev\u00e9 para enero del pr\u00f3ximo a\u00f1o y con ello se pretende reducir a seis meses el tiempo de resoluci\u00f3n de las solicitudes, "trataremos de cumplir lo que marca la ley". Esta revisi\u00f3n de la normativa se produce, cabe recordar, casi tres a\u00f1os despu\u00e9s de que se aprobara la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, aunque la norma comenz\u00f3 su desarrollo a mediados de 2007.<\/h3>\n
La titular del departamento, que s\u00f3lo lleva dos meses en el cargo, se reuni\u00f3 ayer con el S\u00edndic de Greuges, Jos\u00e9 Cholbi, que valor\u00f3 el inter\u00e9s de la consellera en resolver este asunto, ya que a esta instituci\u00f3n han llegado 2.000 quejas por los retrasos en aplicar la ley, lo que supone aproximadamente el 50% del total de reclamaciones. Such consider\u00f3 "importante" esta cifra, aunque "no excesiva", y apunt\u00f3 que agilizar la ley de Dependencia "en el menor tiempo posible es y ser\u00e1 uno de los objetivos en el tiempo que resta de legislatura". <\/h3>\n
La consellera, no obstante, record\u00f3 que el informe del comit\u00e9 de expertos del Congreso de los Diputados sobre la aplicaci\u00f3n de dicha ley "establece las dificultades de llevarla a la pr\u00e1ctica y su inestabilidad, ya que las comunidades aut\u00f3nomas financian el 70% de su coste" y no al 50%, como contempla la ley. Por ello, reclam\u00f3 financiaci\u00f3n "adecuada y suficiente" al Gobierno central, y que \u00e9sta se realice "en funci\u00f3n, no s\u00f3lo del n\u00famero de personas, sino de los recursos con los que se atienden".<\/h3>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en el \u00faltimo a\u00f1o la cifra de resoluciones en la Comunidad se ha incrementado en un 60% "y cada vez ir\u00e1 a m\u00e1s" tras indicar que en la Comunidad Valenciana hay 57.000 personas que tienen reconocido sus derechos como dependientes y 26.000 de ellos reciben alguna prestaci\u00f3n o servicio. Respecto al desajuste en la contabilizaci\u00f3n de expedientes entre el Gobierno central y el auton\u00f3mico, la consellera apunt\u00f3 que "el sistema estad\u00edstico del Gobierno no respond\u00eda a las cifras que ten\u00edamos" y, tras la aprobaci\u00f3n de un sistema homog\u00e9neo el pasado 22 de septiembre, "no creo que estemos a la cola en aplicar la ley, eso lo veremos en breve".<\/h3>\n
Such afirm\u00f3 que el presupuesto del Consell en 2010 para dependencia aumentar\u00e1 un 22% con respecto al a\u00f1o anterior y, en t\u00e9rminos generales, el presupuesto de Bienestar Social crecer\u00e1 un 13%.<\/h3>\n
Por otra parte, el grupo socialista en las Cortes denunci\u00f3 ayer que los dependientes tardan m\u00e1s cuatro a\u00f1os en empezar a percibir las ayudas que les otorga la Ley de Dependencia, debido al retraso en la aplicaci\u00f3n de esta norma por parte del Gobierno valenciano. As\u00ed lo afirm\u00f3 el diputado Manuel Mata, quien asesora legalmente a un grupo de dependientes en la consecuci\u00f3n de las ayudas.<\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"