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LEVANTE-EMV\/ E. P. VALENCIA <\/b><\/p>\nLa aportaci\u00f3n de Andaluc\u00eda, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana para el cumplimiento de la Ley de Dependencia es similar a la del Estado, de modo que se acercan a los par\u00e1metros correctos del modelo de financiaci\u00f3n. As\u00ed lo confirma el informe Financiaci\u00f3n y costes de la Ley de Dependencia, realizado por la Asociaci\u00f3n Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, del que ayer inform\u00f3 Europa Press y al que ha tenido acceso Levante-EMV.<\/h3>\n
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Por el contrario, otras comunidades aut\u00f3nomas como Canarias, Baleares y Murcia vulneran el sistema de financiaci\u00f3n de la Ley para la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las Personas en Situaci\u00f3n de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios. <\/h3>\n
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As\u00ed, la Administraci\u00f3n General del Estado (AGE) aporta para 2009 m\u00e1s de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7%), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8%) y las comunidades 954,2 millones (27,5%). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportaci\u00f3n de los dependientes, las administraciones auton\u00f3micas deber\u00edan aportar lo mismo que el Estado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central aportar\u00e1 105,7 millones de euros en 2009 (el 41%), seg\u00fan los niveles m\u00ednimos acordados con cada autonom\u00eda. Los usuarios cofinanciar\u00e1n en 2009 (a trav\u00e9s de sus pensiones o las cotizaciones a la seguridad social de los asistentes) el 19,8% (50,4 millones). Por lo tanto, si el coste total de los servicios y prestaciones que se dar\u00e1 a los dependientes asciende a 255 millones s\u00f3lo en la Comunitat Valenciana, una simple resta desvela que la Generalitat aporta 98,8 millones de euros, el 38,8% del esfuerzo financiero, lo que la sit\u00faa en la media del cumplimiento de la Ley de Dependencia.<\/h3>\n
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Aunque la diferencia entre lo que aporta cada administraci\u00f3n en el caso de la Comunitat Valenciana se acrecienta si se a\u00f1aden a los 105,7 millones que aporta el Gobierno otros 36 millones del fondo estatal. Con este este c\u00e1lculo la aportaci\u00f3n del Estado a los dependientes valencianos en 2009 sumar\u00eda 141,8 millones (el 55,6%) y la aportaci\u00f3n de la Generalitat se reducir\u00eda hasta los 62,7 millones (el 24,6%). No obstante, los autores del estudio recuerdan que el fondo estatal que se pacta con cada comunidad aut\u00f3noma "no es directamente aplicable a los gastos de prestaciones y servicios de los dependientes, por lo que creemos m\u00e1s correcto tener s\u00f3lo en cuenta el nivel m\u00ednimo y el acordado" en el que el esfuerzo de la Generalitat y el Gobierno se equiparan. <\/h3>\n
La peor aplicaci\u00f3n de la Ley de Dependencia se produce en Canarias, seg\u00fan los autores del estudio. El gobierno de las islas recibe del Estado 53,6 millones (118%) y los usuarios aportan m\u00e1s de 8.300 millones (18,5%), de tal manera que no s\u00f3lo no aporta nada al sistema, sino que con estos fondos puede atender a todos sus dependientes e incluso le sobra dinero (3,9 millones). <\/h3>\n
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Algo similar ocurre con Murcia, que percibe del Gobierno 63.492 millones (98,4%) y los beneficiarios pagan 5.276 millones (8,2%), de tal manera que le sobran 4.233 millones (6,6%). Por su parte, Baleares recibe del Estado 35.588 millones (93% por ciento del coste), los usuarios aportan 5.535 millones (14,5%) y, por tanto a esta comunidad le sobran casi 3.000 millones (8%). A esta lista de las autonom\u00edas que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Catalu\u00f1a y Arag\u00f3n.<\/h3>\n
El estudio tambi\u00e9n revela que el coste de un dependiente al a\u00f1o en la Comunitat Valenciana asciende a 11.729,41 euros al a\u00f1o. De esta cantidad total, el Estado aporta 6.521,98 euros por dependiente frente a los 2.885,58 euros con los que colabora la Generalitat, lo que supone que existir\u00eda un gasto por valenciano de 50,72 euros para mantener a los dependientes. <\/h3>\n
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Tarjeta para discapacitados en 2010<\/h2>\n
La consellera de Bienestar Social, Ang\u00e9lica Such, anunci\u00f3 ayer que en 2010 se implantar\u00e1 una tarjeta acreditativa para personas con discapacidad, que beneficiar\u00e1 a las m\u00e1s 300.000 personas residentes en la Comunitat Valenciana que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Con su implantaci\u00f3n se pretende ganar en rapidez y comodidad para acreditar su discapacidad ante los procesos de gesti\u00f3n administrativa, y deber\u00e1 presentarse cuando se utilicen servicios o recursos del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. La medida se implantar\u00e1 de forma progresiva empezando por las acreditaciones nuevas, funcionar\u00e1 como una tarjeta electr\u00f3nica y servir\u00e1 tambi\u00e9n para acreditar la discapacidad en aparcamientos, transportes e instalaciones p\u00fablicas. Seg\u00fan resaltaron, en la Comunitat hay 315.716 personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.<\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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