{"id":684,"date":"2008-01-24T12:33:00","date_gmt":"2008-01-24T10:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/diversitatfuncional\/2008\/01\/24\/684\/"},"modified":"2008-01-24T12:33:00","modified_gmt":"2008-01-24T10:33:00","slug":"684","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/diversitatfuncional\/2008\/01\/24\/684\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"

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SANIDAD
<\/span> El Sacyl tendr\u00e1 que indemnizar a una enfermera por el siniestro total de su veh\u00edculo en un accidente de tr\u00e1fico durante su jornada laboral.<\/span><\/span> <\/p>\n


Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00famero 1 de Valladolid obliga a la Gerencia Regional de Salud a abonar a una enfermera la indemnizaci\u00f3n que le corresponde por el siniestro total en que qued\u00f3 su veh\u00edculo tras un accidente en el transcurso de un desplazamiento por motivos de trabajo.<\/p>\n

<\/span> <\/span> Ical. Valladolid <\/span><\/p>\n

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La trabajadora interpuso un recurso ante el citado Juzgado porque la Gerencia Regional de Salud le hab\u00eda denegado la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os en su veh\u00edculo, seg\u00fan informaron fuentes del sindicato de enfermer\u00eda Satse. La enfermera pretend\u00eda acogerse a las ayudas que la Administraci\u00f3n regional concede para compensar los gastos ocasionados por da\u00f1os en los veh\u00edculos particulares derivados de accidentes de circulaci\u00f3n acaecidos por raz\u00f3n del servicio en el a\u00f1o 2005, con cargo al Fondo de Acci\u00f3n Social 2006, seg\u00fan refleja la sentencia en sus fundamentos de derecho.<\/span><\/span>
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<\/span> “La Junta de Castilla y Le\u00f3n se opon\u00eda a la pretensi\u00f3n de la trabajadora, ya que la convocatoria de las ayudas cubre los gastos sufridos por el personal destinatario de las mismas con ocasi\u00f3n de la reparaci\u00f3n del veh\u00edculo siniestrado”, pero que en este caso, “el veh\u00edculo no ha sido reparado al haber sido siniestro total, por lo que no ha lugar a reparar da\u00f1o alguno”, apunta el fallo judicial.<\/span><\/span>
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<\/span> Tras analizar las bases de la convocatoria de esas ayudas, en concreto la Base Primera de la Resoluci\u00f3n de 10 de abril de 2006 por la que se establece dicha convocatoria, el magistrado que dict\u00f3 la sentencia considera que la pretensi\u00f3n de la trabajadora “ha de ser estimada” ya que “la declaraci\u00f3n de siniestro total de un veh\u00edculo supone un da\u00f1o derivado del accidente de tr\u00e1fico”.<\/span><\/span>
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<\/span> Adem\u00e1s, este siniestro “no est\u00e1 incluido en ninguno de los dos supuestos de exclusi\u00f3n expresamente previstos en el apartado segundo de la Base Primera de la convocatoria”, es decir, aquellos casos en los que la obligaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os corresponda a un tercero o a una entidad aseguradora, y los da\u00f1os derivados de aver\u00edas mec\u00e1nicas.<\/span><\/span>
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<\/span> El juez tambi\u00e9n tiene en cuenta que las propias bases de la convocatoria de las ayudas, a la hora de establecer la documentaci\u00f3n que debe acompa\u00f1arse a la solicitud de las mismas, citan el “documento justificativo de la baja del veh\u00edculo en el supuesto de producirse la misma, lo que, impl\u00edcitamente est\u00e1 suponiendo que se incluyen los supuestos en los que el veh\u00edculo no es reparado por ser dado de baja”.<\/span><\/span>
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<\/span> “El hecho de haberse quedado, como consecuencia de un accidente, con un veh\u00edculo inutilizable y que ha de ser dado de baja en la circulaci\u00f3n, sin duda alguna supone un da\u00f1o derivado del accidente de circulaci\u00f3n”, apunta el magistrado, para el que “el hecho de que el solicitante de la ayuda no haya realizado un desembolso econ\u00f3mico no supone que no haya sufrido un da\u00f1o como consecuencia del accidente”.<\/span><\/span>
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<\/span> El fallo judicial tambi\u00e9n apunta que “las ayudas p\u00fablicas o las subvenciones se configuran tradicionalmente como una de las medidas que utiliza la Administraci\u00f3n p\u00fablica para fomentar la actividad de los particulares hacia fines considerados de inter\u00e9s general”. La cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n tendr\u00e1 que ser determinada por una comisi\u00f3n de seguimiento de acuerdo a lo establecido en el apartado s\u00e9ptimo de la convocatoria de ayudas, no pudiendo ser superior a los 6.238 euros, cantidad reclamada por la recurrente, seg\u00fan se\u00f1ala la sentencia contra la que no cabe recurso de apelaci\u00f3n, explicaron fuentes de Satse.<\/p>\n

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