En lo que respecta a las otras tres compañías líderes del sector, las gestiones también se pueden realizar, pero además de difíciles resultan costosas.
En Vodafone se inventan un término, al que llaman “trámite de código”, gracias al cual cobran seis euros por la liberación. Desde la empresa alegan, ante las quejas de los usuarios por este cobro, que la ley, si bien les obliga a liberar los móviles, no les impide cobrar por ello.
En Orange, el precio de la liberación del móvil sube hasta 10,89 euros, si el terminal es de contrato mensual y ya ha finalizado el compromiso de permanencia. De lo contrario, puede alcanzar los 25 euros. Si el móvil funciona con una tarjeta de prepago, Orange cobra 6,09 euros por su liberación. Actitudes como las de estas dos operadoras son denunciables ante los órganos de consumo estatales y autonómicos, rellenando ciertos formularios.
Yoigo, que nunca ha subvencionado teléfonos, facilita en cambio la liberación de los que pertenezcan a usuarios que quieran hacer tratos con la compañía, es decir, que vengan de otras operadoras. Pero externaliza la liberación a una tercera empresa, DoctorSIM, que cobra entre 10 y 20 euros según el modelo de móvil.
En el caso de adquirir un móvil subvencionado por la compañía operadora o financiado a plazos, tenemos los derechos a tener un móvil liberado y a cambiar de compañía. Según la ley, el consumidor tiene derecho a cambiarse de compañía sin más y el bloqueo de terminales que usamos es ilegal y sancionable. Se aconseja que se denuncie esta situación antes los órganos de consumo de telecomunicaciones.