Una ley relativa a la protección de la identidad preveía la creación de un procesamiento de datos de carácter personal que facilitaba la recopilación y la conservación de los datos requeridos para conseguir el pasaporte francés y el documento nacional de identidad: el estado civil, el domicilio, la talla, el color de los ojos, dos huellas dactilares y la fotografía. Estuvo previsto que los agentes de policía y de gendarmería podían tener acceso a estas informaciones para las necesidades de la prevención y de la represión de infracciones diversas, particularmente vinculadas al terrorismo.
Si el Consejo constitucional considera que en su principio la creación de un procesamiento de datos de carácter personal permite asegurar los títulos de identidad y se justifica por el mejoramiento de la eficacia de la lucha contra el fraude y el interés general, considera sin embargo que en este caso el fichero que debía estar constituido fue destinado a recoger datos relativos a la casi totalidad de la población francesa, que contenía datos sensibles (dadas biométricas, particularmente las huellas dactilares), que este fichero podía ser consultado a otros fines que la comprobación de la identidad de una persona y, que por fin, la ley deferida autorizaba la consulta o la interrogación del fichero no sólo para conseguir y renovar títulos de identidad y de viaje o de verificación de la identidad, sino que a otros fines de policía administrativa o judicial. Teniendo en cuenta que la amplitud de estos usos y del tipo de datos recolectados, es decir al final de un razonamiento pragmatico, teológico y de evaluación de la adecuación de los medios a los fines, el Consejo constitucional consideró que estas disposiciones son contrarias al derecho al respeto de la vida privada y son proporcionadas con relación al fin perseguido.
Por otra parte, el Consejo constitucional consideró que el legislador no había bastante precisado las condiciones de utilización de las firmas electrónicas grabadas en el documento nacional de identidad, particularmente cuando esta utilización tiene fines comerciales (por ej. pagamiento con el documento).
Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 Loi relative à la protection de l’identité
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