Los corregidores del primer municipio borbónico, al igual que sus sucesores en los años venideros tenían una serie de obligaciones que venían con el cargo. Toda esta serie de individuos debían, por lo menos de forma teórica, asistir a los cabildos ordinarios que se celebraban en el salón de plenos dos veces por semana, al igual que atender a las comisiones particulares acordadas en cabildo.
Otra de las obligaciones básicas de los ediles alicantinos era la referida a temática urbana y de conveniencia civil, sobre todo en aspectos relacionados con el mercado urbano, la política sanitaria y la regulación de la producción de los gremios.
Por lo que a temas fiscales se refiere se encargaban de la recaudación de las rentas reales, actuando como agentes de la administración monárquica. Además se encargan de organizar los festejos y procesiones de la ciudad, que eran también competencia municipal.
Uno de los menesteres de los que se ha hablado antes es el del abastecimiento de Alicante (en caso de necesidad se traían productos desde Castilla la Nueva o por vía marítima), no de los trabajos más importante. Era necesario que el mercado estuviera provisto de los productos considerados de primera necesidad, al igual que era necesario controlar el flujo económico, para evitar las estafas (controlando el registro de grano, exenciones arancelarias, requisaban embarcaciones, se prohibía el acopio por particulares, etc…). Estas dos funciones, la de abastecimiento y la de control eran las dos principales preocupaciones de los corregidores a nivel social.
Si bien uno de las principales bazas de los regidores para mantener el abastecimiento de Alicante era el puerto, era al mismo tiempo una de sus principales preocupaciones, pues se debía de controlar todo lo que entraba, ya que al ser Alicante uno de los grandes puertos del Mediterráneo el riesgo de contagio por vía marítima era considerable. Para mantener la salubridad pública, y con atención especial a la sanidad marítima, se nombraban cada año dos diputados responsables de esos cometidos. En el siglo XVIII se generalizaron las Patentes de Sanidad, documento que certificaba la procedencia de las mercancías que transportaba cada embarcación y que facilitó el control sanitarios. Si la citada patente no estaba “en regla” el barco quedaba en cuarentena, finalizada la cual, un médico, un cirujano y un escribano inspeccionaban el buque y, tras ser dada la aprobación el municipio permitía el inicio de las transacciones comerciales.
El control de las corporaciones gremiales era también una competencia de carácter municipal. Si bien es cierto que la incidencia de la artesanía en la economía alicantina del s. XVIII era escasa, no por ello se dejaba de lado. La labor de los regidores en este ámbito consistía en informar preceptivamente de las ordenanza que debían regular la vida corporativa del sector artesanal, ya que era el Consejo de Castilla quien finalmente, las aprobaba o denegaba, eso sí, las consideraciones municipales eran tomadas en cuenta por el consejo. Si ponemos un ejemplo en el que las autoridades municipales mostraron gran interés fue en limitar el alcance de la reglamentación que regulaba la actividad del gremio de los sarrieros, que agrupaba a los individuos dedicados a la elaboración de esteras, capazos, y demás enseres de esparto, ya que estas labores de manipulación de fibras vegetales suponían una modesta fuente de ingresos para gentes de condición humilde. Este reglamentación se limitó puesto que de haber sido demasiado estricta podría haber tenido efectos sociales negativos en este grupo de artesanos.
Deja un comentario