El alcalde mayor, también denominado Teniente de Corregidor, era la segunda autoridad de la ciudad tras el corregidor. El letrado que lo ocupara tenía una doble función: por una parte actuaba como juez (ya que debía de ser conocedor del derecho) en los pleitos de causas civiles y criminales por delegación del corregidor, al carecer este de preparación jurídica; por otra intervenía en la gestión económica y administrativa del municipio, especialmente en materia de abastos y obras publicas.
Dado que el cargo de corregidor militar acostumbraba a estar ocupada por individuos de perfil militar el alcalde mayor disponía de una elevada importancia. Hasta 1750 fue habitual que el cargo de alcalde mayor recayera sobre el gobernador de la ciudad.
Dos de las desafortunadas características de los alcaldes de Alicante durante la primera mitad del siglo fueron, de buen seguro con demasiada frecuencia, la tendencia a abusar de la autoridad de que disponían y la búsqueda del beneficio económico personal. Un triste caso de esta tipología de alcalde lo podemos encontrar en Francisco Esteban Zamora, primer alcalde mayor que tubo la ciudad y uno de los mandatos más dilatados en el tiempo, nombrado en 1709 por el corregidor Miset (de quien ya hemos hablado previamente), y reafirmado en el puesto hasta 1724, año en el que el corregidor conde de Roideville decidió nombrar un nuevo alcalde. Uno de los episodios más destacable de su mandato fue la detención en 1718 del regidor Luis Boyer, manteniéndolo incomunicado durante dos semanas, por considerarlo sospechoso de oponerse a las prácticas de cohecho que habían enriquecido al alcalde mayor. Estas acusaciones, tras muchas investigaciones realizadas por el humanista Felipe Bolifón, resultaron ser acertadas, ya que se encontraron indicios sólidos de que el alcalde Zamora admitía sobornos en la administración de justicia, se apropiaba de fondos correspondientes a la ciudad con los que iba adquiriendo tierras en su Caravaca natal, junto a esta acusación se adjuntaban 27 cargos de cohechos y prevaricaciones. Tras toda una serie de pleitos salió impune y sin cargos.
Este caso es meramente un ejemplo límite de la impunidad con que las nuevas autoridades borbónicas actuaron en los años de posguerra. El perfil de los alcaldes mayores, como ya hemos dicho, tendía a afirmar su posición de poder indiscutible y por consiguiente a extralimitarse de sus funciones. Otra de sus características es que, debido al poder centralizador irradiado desde Castilla, el cargo era copado por individuos castellanos, en todo momento letrados identificados con el proyecto político uniformista y asimilador de la nueva dinastía reinante.
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