1. Las instituciones del rey
1.1. El lugarteniente general o virrey
El lugarteniente general, conocido también como virrey, representaba la máxima autoridad real en la Corona de Aragón. Este funcionario ejercía el gobierno en nombre del rey durante su ausencia, desempeñando un papel crucial como autoridad delegada.
Durante la Edad Media, los lugartenientes generales eran funcionarios con amplias facultades de gobierno, pero sus nombramientos se realizaban para situaciones específicas. Esta figura evolucionó notablemente cuando Juan I y Martín I comenzaron a designar comisarios para abordar problemas de orden público. Con el tiempo, estos comisarios evolucionaron hacia la figura de lugartenientes, encargados de ejercer la autoridad en representación del rey. A medida que se consolidaba su rol, los lugartenientes fueron identificándose cada vez más con el heredero a la Corona. El primer nombramiento de un virrey tuvo lugar en Mallorca en 1397, y a comienzos del siglo XV, esta práctica se extendió a otros territorios peninsulares, así como a Sicilia y Cerdeña.
En la Edad Moderna, el cargo de lugarteniente general se transformó de una posición coyuntural a una representación real permanente y regular en cada uno de los reinos de la Corona de Aragón. Este cambio fue impulsado por el continuo absentismo real que surgió a partir de la unión dinástica. Los virreyes eran designados por el rey y provenían de la nobleza. En Cataluña y el Reino de Valencia, se seleccionaban nobles de cualquier territorio de la Monarquía. En cambio, en el Reino de Aragón, los virreyes debían ser regnícolas; los nombramientos de virreyes extranjeros fueron especialmente políticos, hasta que Felipe II, tras las Alteraciones de finales del siglo XVI, consolidó su derecho a nombrar a virreyes de cualquier procedencia. En Mallorca y Cerdeña, los virreyes eran principalmente nobles peninsulares, con predominio de aragoneses y valencianos. Inicialmente, las personas designadas para este cargo tenían sangre real, pero posteriormente fueron nombrados Grandes de Castilla. La duración del mandato de los virreyes dependía de la voluntad real, aunque tendía a ser trienal.
El poder del lugarteniente general estaba limitado por la legislación de los reinos y las órdenes reales. Entre sus funciones se hallaban ejecutar las órdenes reales (poder ejecutivo), actuar como capitán general (poder militar) y presidir la Real Audiencia (poder judicial). A partir de finales del siglo XVI, se observó una tendencia a limitar el poder político de los virreyes mientras aumentaba su poder militar.
1.2. Los gobernadores y las Gobernaciones
Los gobernadores en la Corona de Aragón actuaban como representantes del rey, pero no para sustituirle en sus ausencias, sino para colaborar con él en las tareas de gobierno. Esta función era compatible con la presencia del rey en el territorio. Los gobernadores tenían la capacidad de delegar su poder en lugartenientes y subrogados, y estaban subordinados al virrey y a la Real Audiencia.
La estructura territorial de las gobernaciones variaba según la región. En el reino de Aragón, había un regente de la Gobernación General. En Cataluña, existían dos portant-veus de la General Governació: uno para los condados del Rosellón y la Cerdaña, con sede en Perpiñán, y otro para el resto de Cataluña, con sede en Barcelona. En el reino de Valencia, había dos portant-veus (en Valencia y Orihuela), cuatro lugartenientes (en Valencia, Castellón, Játiva y Orihuela), t un subrogado permanente en Alicante, y los gobernadores tenían la posibilidad de nombrar otros subrogados o lugartenientes temporales. Durante el siglo XVII, Alicante intentó arrebatar a Orihuela la capitalidad de la Gobernación. En Mallorca, el procurador real era asistido por un regente de la Gobernación durante sus ausencias. Y en Cerdeña, había dos gobernadores militares, uno en Cagliari al sur y otro en Sassari al norte.
El personal de la Gobernación incluía un asesor, un abogado y un procurador patrimonial. Los gobernadores eran designados por el rey, generalmente a propuesta de una terna presentada por el Consejo de Aragón. La duración de su mandato dependía de la voluntad real, aunque los nombramientos solían ser prácticamente vitalicios, excepto el de Orihuela, que fue trienal desde las Cortes de 1645. Los gobernadores solían ser nobles o caballeros, naturales del reino o de la Corona de Aragón. Este cargo presentó un elevado grado de patrimonialización, ya que varias generaciones de la misma familia podían ocuparlo. Ejemplos de esto son los Requesens o los duques de Cardona en Cataluña, los Maza de Lizana en Orihuela, los Cabanilles en Valencia y los Gurrea en Aragón.
A pesar de contar con una sede oficial, los gobernadores solían viajar por los territorios de la gobernación para controlarlo mejor. Tenían poder jurisdiccional, actuaban como una instancia intermedia entre las autoridades municipales y la Real Audiencia (excepto en los señoríos), y solían ejecutar órdenes del rey y del virrey. También tenían responsabilidades relacionadas con en el mantenimiento del orden público y la persecución de bandoleros y malhechores, aunque carecían de una fuerza armada permanente. Además, ejercían como lugartenientes del capitán general.
Con el tiempo, los gobernadores experimentaron una pérdida de poder frente a los virreyes, pero a su vez reforzaron su autoridad frente a los municipios.
1.3. El Consejo de Aragón
El Consejo de Aragón se integró en el Gobierno central de la Monarquía Hispánica como uno de los consejos territoriales del régimen polisinodial. Su función principal era tratar los asuntos relacionados con los Estados de la Corona de Aragón, constituyendo el máximo organismo administrativo de la Corona. Tenía un carácter eminentemente consultivo.
El origen del Consejo de Aragón se remonta a la época medieval, cuando la Cancillería Real, regulada por ordenanzas de Pedro IV, desempeñaba un papel similar. También tuvo relación con la Audiencia Real, que era la asesora de la Cancillería en asuntos judiciales. Con el tiempo, el Consejo reunió a todos los miembros de la Cancillería para administrar la totalidad de la Corona de Aragón.
Tras la unión dinástica, Fernando el Católico se rodeó en la corte de un grupo de juristas de los reinos de la Corona de Aragón para tratar desde allí los asuntos de dichos Estados. En 1494, decidió formalizar las reuniones de dicho grupo creando un organismo permanente, el Consejo de Aragón. La regulación de su composición, horario de reuniones, atribuciones, procedimientos y jurisdicción se estableció a través de ordenanzas. La introducción del Consejo se llevó a cabo sin problemas significativos en los reinos de la Corona de Aragón. A lo largo del tiempo, el Consejo experimentó varias modificaciones, destacando las de 1522 (confirmación por Carlos I), 1543, 1579 y 1623.
El Consejo estaba presidido de facto por un vicecanciller, que era un jurista. Además, estaba compuesto por seis regentes de la Cancillería, dos de cada reino (Cataluña, Aragón y Valencia, sin incluir a Cerdeña y Baleares). Estos regentes eran equiparables a los consejeros de otros Consejos y eran letrados designados por el rey. También formaban parte del Consejo un tesorero general, encargado de las cuestiones de Hacienda, y un protonotario, primer notario del Estado, que tenía los sellos y autorizaba los documentos. También formaban parte del Consejo otros miembros, como un teniente, un procurador fiscal y patrimonial, varios secretarios (entre 4 y 5), unos 20 escribanos y otros cargos menores. Todos los miembros, salvo el tesorero, eran naturales de los Estados de la Corona de Aragón. En la composición del Consejo hubo algunas cuestiones que generaron cierta controversia, como los intentos reales de obviar la cuestión de la “naturalidad” de los componentes del Consejo o las tensiones existentes entre nobles (miembros de capa y espada) y letrados (miembros de toga) por acceder a los cargos más importantes, especialmente el de vicecanciller o presidente.
El Consejo de Aragón tenía diversas competencias que abarcaban varias áreas. Se encargaba de cuestiones de política exterior (Estado). Trataba temas militares (Guerra). En cuestiones de Gobierno, transmitía las órdenes reales a los representantes de la Administración real en los reinos de la Corona de Aragón, facilitando la comunicación entre la Monarquía y sus oficiales y controlando las actuaciones de estos. Y, además, preparaba pragmáticas, cartas reales y otras disposiciones. Así mismo, gestionaba la concesión de mercedes y la provisión de oficios reales, beneficios eclesiásticos y hábitos de órdenes militares (Gracia). Y en el ámbito de la justicia, actuaba como Tribunal Supremo para Valencia, Baleares y Cerdeña. En Cataluña, su competencia se limitaba a cuestiones patrimoniales y de interpretación de privilegios, mientras que en Aragón no tenía competencias judiciales.
Inicialmente, los asuntos de los reinos de Nápoles y Sicilia, que originalmente formaban parte de la Corona de Aragón, fueron tratados en el Consejo de Aragón. Sin embargo, en 1556, Felipe II creó el Consejo de Italia para gestionar los asuntos de Nápoles, Sicilia y Milán. Otros consejos temáticos generales de la Monarquía, como el Consejo de Estado, el Consejo de Guerra y el Consejo de la Inquisición, también influían en los asuntos de la Corona de Aragón con sus decisiones.
Comparado con otros Consejos como el de Estado y el de Castilla, el Consejo de Aragón tuvo una actividad política escasa. Finalmente, el Consejo fue abolido en 1707 con los decretos de Nueva Planta, que reestructuraron la administración de los territorios de la Monarquía Hispánica.
1.4. Las Reales Audiencias
1.4.1. Origen, composición y funciones
Las Reales Audiencias constituían el órgano supremo de administración de justicia en la Corona de Aragón, ejerciendo sus funciones en nombre del rey. En ocasiones, sus sentencias, que favorecían los intereses de la Corona, eran contrarias a los intereses de los reinos, lo que provocaba el rechazo de los estamentos y las Cortes.
El origen de las Reales Audiencias se remonta a la época medieval, específicamente como una evolución de la Cancillería Real creada por Pedro IV. La necesidad de consolidar organismos judiciales permanentes surgió tras la unión dinástica, lo que llevó al establecimiento de estas instituciones judiciales.
La organización de las Reales Audiencias varió según los reinos y el número de salas fluctuó a lo largo del siglo XVI. Sin embargo, durante el siglo XVII, se tendió a consolidar una estructura compuesta por dos salas de lo civil y una de lo criminal, con una media de cuatro jueces en cada sala.
El virrey actuaba como presidente de las Reales Audiencias, mientras que los jueces, conocidos como oidores, eran naturales del reino. Estos jueces eran reclutados mediante ternas creadas por el Consejo de Aragón. Su nombramiento suponía la culminación de su carrera, iniciada en tribunales inferiores, como los municipales o los de las gobernaciones. En algunos casos, los oidores se ennoblecían.
Las Reales Audiencias funcionaban principalmente como tribunales de carácter civil y se encargaban de la administración de justicia en las tierras de realengo. No intervenían en causas que afectaban a las jurisdicciones eclesiástica, señorial y militar. Sin embargo, tendían a intervenir en materias inicialmente ajenas a su jurisdicción, como los conflictos de jurisdicción, causas criminales que involucraban a nobles o eclesiásticos, y crímenes de especial gravedad. Además de sus funciones judiciales, las Reales Audiencias asesoraban al virrey en temas judiciales y políticos, y elaboraban informes solicitados por el Consejo de Aragón, de acuerdo con el derecho foral.
1.4.2. Real Audiencia de Aragón
La Real Audiencia de Aragón tenía su sede en Zaragoza. Su origen se encuentra en la legislación del reinado de Juan II y las Cortes de Calatayud en 1461, donde se creó un consejo de letrados. Fue formalmente fundada por Fernando II en 1493. A lo largo de su historia, esta Audiencia experimentó choques de competencias con la Corte del Justicia Mayor de Aragón y tendió a favorecer a la Corona, especialmente tras la revuelta de Aragón en 1591.
La organización de la Real Audiencia de Aragón se estabilizó en 1493, con la inclusión de cinco letrados naturales del reino. En 1510, estos letrados comenzaron a ser elegidos por insaculación. En 1528, la Audiencia se convirtió en un órgano colegiado, presidido efectivamente por el regente de la Cancillería y compuesto por cuatro consejeros (oidores), que eran juristas experimentados nombrados por el rey entre naturales del reino. En 1565, se creó una sala de lo criminal, con cinco jueces o consejeros, presididos por el de mayor edad, separando así las funciones de lo civil y lo criminal.
1.4.3. Real Audiencia de Cataluña
La Real Audiencia de Cataluña, con sede en Barcelona, fue fundada por Fernando II en 1493. Esta institución tenía competencias judiciales y asesoraba al virrey en cuestiones de gobierno, actuando como el tribunal supremo de Cataluña. Se encargaba de las apelaciones y juzgaba algunas causas reservadas en primera instancia. Las apelaciones no podían llevarse al Consejo de Aragón, salvo en casos específicos relacionados con nobles o la interpretación de los fueros. En caso de discrepancias, las apelaciones se resolvían cambiando de sala y, si persistían, se resolvían en pleno, en última instancia.
Los jueces de la Real Audiencia de Cataluña eran catalanes, licenciados o doctores en Derecho Civil o Derecho Canónico, con experiencia, y designados por el rey, siendo considerados oficiales reales. La estructura organizativa de la Audiencia evolucionó con el tiempo. En 1493, la Audiencia contaba inicialmente con ocho jueces para las causas civiles y dos para las criminales, bajo la presidencia del regente. En 1512, la Audiencia se dividió en dos salas, cada una con seis doctores, incrementando el número total de jueces de ocho a doce. La primera sala se ocupaba de los asuntos en primera instancia, mientras que la segunda sala manejaba las apelaciones. Las causas criminales podían ser vistas en cualquiera de las dos salas, con la asistencia de dos jueces de corte o alcaldes del crimen. En 1543, el virrey asumió la presidencia de la Audiencia. En 1585 se creó una tercera sala que actuaba como tribunal de tercera instancia en pleitos civiles y como primer tribunal en causas criminales, contando con seis magistrados y tres jueces de corte. En 1599, la estructura se consolidó en dos salas de lo civil, cada una compuesta por cinco jueces. La primera sala estaba presidida por el Canciller, un eclesiástico, mientras que la segunda sala era presidida por el Regente de la Real Cancillería, un letrado promocionado desde la Real Audiencia. La tercera sala, compuesta por cuatro jueces ordinarios y tres jueces especiales, también presidida por el Regente, se encargaba de las causas criminales y las apelaciones en última instancia para las causas civiles falladas en las dos primeras salas.
Los miembros de la Real Audiencia de Cataluña eran estrechamente identificados con el poder virreinal, lo que provocó que recibieran ataques y fueran exiliados durante la revuelta de la década de 1640.
1.4.4. Real Audiencia de Valencia
La Real Audiencia de Valencia, con sede en el Palacio del Real en la ciudad de Valencia (donde también estaba el virrey), fue creada por Fernando II en 1506. Tenía funciones judiciales y políticas, y era la máxima autoridad real del reino tras el virrey. Como tribunal judicial, sus sentencias podían ser apeladas ante el Consejo de Aragón o directamente al rey. A lo largo de su historia, la Real Audiencia de Valencia tuvo frecuentes conflictos con los estamentos y las Cortes de Valencia, que la acusaban de violar los fueros.
En cuanto a su organización, en 1506, Fernando II designó al portant-veus de la Gobernación General como presidente de la Audiencia. Posteriormente, en 1543, Carlos I institucionalizó definitivamente la Audiencia, asignando al virrey como su presidente. En 1564, debido a la presión del bandolerismo y el problema morisco, la Audiencia se dividió en dos salas independientes: una para causas civiles y otra para las criminales. En 1572, se reforzó la autonomía de la Audiencia respecto al virrey en temas judiciales. En 1585, la sala civil se desdobló en dos salas, cada una con cinco oidores, aunque en 1607 el número de oidores de las salas civiles se redujo a cuatro. La composición de la Real Audiencia de Valencia estaba formada por juristas naturales del reino, pertenecientes al patriciado urbano de caballeros y ciudadanos.
1.4.5. Reales Audiencias en los territorios insulares
La Real Audiencia de Mallorca fue creada por Felipe II en 1571. Este tribunal estaba compuesto por seis jueces de designación real: un regente, cuatro oidores y un abogado fiscal. Dos de los oidores habían de ser mallorquines. La Audiencia contaba con una sola sala y su presidente era el lugarteniente general. Las apelaciones de sus sentencias se remitían al Consejo de Aragón. La creación de la Audiencia generó descontento entre las autoridades locales, quienes solicitaron su supresión a Felipe II en 1582.
La Real Audiencia de Cerdeña fue establecida también por Felipe II en 1573.
Las Reales Audiencias de la Corona de Aragón fueron abolidas por los decretos de Nueva Planta. En 1707, se suprimieron las de Aragón y Valencia, y en 1715 las de Cataluña y Mallorca.
1.5. Los oficiales de la Administración del Real Patrimonio
1.5.1. La Hacienda real
En la Corona de Aragón, coexistían en paralelo tres Haciendas: la municipal, la regnícola y la real. La Hacienda municipal se ocupaba de los asuntos financieros de las localidades, mientras que la Hacienda regnícola estaba controlada por la Diputación del General. La Hacienda real, por su parte, gestionaba los ingresos del monarca y sus dominios.
La Hacienda Real obtenía ingresos a través de una variedad de impuestos y licencias. Uno de los principales ingresos provenía del impuesto sobre bienes inmuebles, que gravaba las casas y las tierras de cultivo. También se recaudaban ingresos a través de licencias diversas, que incluían permisos para caza y pesca, explotación de salinas y minas, patentes de corso, venta de esclavos fugitivos y presos de guerra, exportación de productos prohibidos como armas y arroz, y comercio para extranjeros o con mercancías extranjeras.
En el ámbito comercial, la Hacienda Real recaudaba impuestos sobre el tráfico de mercancías en las fronteras, a través del almojarife, las aduanas y los peajes. También estaban gravados la salida de mercancías del reino (el morabatí), los monopolios reales (como el de la sal), la venta de grano y productos de esparto, y la comercialización de esclavos y cautivos (en estas operaciones se cobraba el «quinto»).
Además, existían ingresos jurisdiccionales derivados de la cesión en enfiteusis de hornos, molinos, alquerías, carnicerías y pescaderías, así como del uso de pesos y medidas, el arriendo de almacenes y posadas, y el derecho de acuñación de moneda. También se recaudaban censos pagados por las morerías y multas impuestas por los oficiales reales por fraudes y otras infracciones.
En el sector primario, la Hacienda Real recibía el tercio diezmo de las poblaciones de realengo en Valencia y Mallorca, y el quinto del pescado, un impuesto sobre la pesca. Además, había impuestos destinados a infraestructuras, como la reparación de caminos y la construcción de fortificaciones, y otros impuestos especiales como el coronaje, relacionado con la coronación real, y el maridaje, asociado al matrimonio real. Finalmente, la Hacienda Real también tenía derechos sobre bienes vacantes.
La gestión de la Hacienda Real se llevaba a cabo a través de varias instituciones clave. Las bailías generales eran responsables de la administración local, mientras que la Tesorería General, ubicada en Cataluña, coordinaba las finanzas del reino, con lugartenientes del tesorero general en Aragón y Valencia. El Maestre Racional, una figura presente en cada uno de los reinos, supervisaba la contabilidad y aseguraba la correcta administración de los ingresos y gastos.
1.5.2. La Bailía general
La Bailía General, conocida en catalán como «Batllia general», era una institución fundamental para la administración del Real Patrimonio en la Corona de Aragón, con presencia en Cataluña, el Reino de Aragón y el Reino de Valencia. Este organismo fue institucionalizado a finales del siglo XIII y tenía como objetivo principal velar por el mantenimiento y el incremento del Real Patrimonio mediante la gestión de los derechos y las rentas reales, así como el ejercicio de la jurisdicción sobre todo lo que las afectaba.
Inicialmente, las tres Bailías Generales eran muy similares en su estructura y funciones, pero con el tiempo, especialmente en el siglo XVI, evolucionaron y presentaron diferencias considerables en cuanto a sus competencias, organigramas y fiscalidad.
En el Reino de Aragón, existía una sola Bailía General con sede en Zaragoza. En Cataluña, la Bailía General estaba en Barcelona, complementada por dos procuradurías reales, una en la Cerdaña y otra en el Rosellón, que mantuvieron su autonomía hasta 1662. En el Reino de Valencia, había dos Bailías Generales: una en Valencia, que tenía mayor antigüedad, jurisdicción y preeminencia, y otra en Orihuela.
El personal de la Bailía General estaba encabezado por el Baile General, que era nombrado directamente por el rey. Este debía ser natural del reino y no podían ser bailes generales los judíos, musulmanes ni los usureros públicos. En Cataluña y el Reino de Valencia, el Baile General dependía exclusivamente de la voluntad del rey, sin estar subordinado a ningún otro oficial real. En el Reino de Aragón, el Baile General estaba jerárquicamente bajo el Gobernador y el Justicia de Aragón. Los bailes generales provenían generalmente de la pequeña o mediana nobleza, destacándose por su fidelidad a la Corona. En muchos casos, el cargo se patrimonializó dentro de las mismas familias, como los Sesé en Aragón y los Torres y los Carròs de Vilaragut en Valencia.
El lugarteniente del Baile General ejercía las funciones de su superior durante sus ausencias y, en muchas ocasiones, pasaba a ser el titular de la Bailía General o regentaba el cargo de forma interina hasta el nuevo nombramiento real. También experimentó un proceso de patrimonialización.
El asesor de la Bailía General tenía un papel crucial en los aspectos jurídicos. En Cataluña y el Reino de Valencia, debía ser letrado y asistía al Baile General en sus funciones, mientras que en el Reino de Aragón no era obligatorio que fuese letrado, pero debía ayudar al Baile General a resolver problemas judiciales y de hacienda. Este cargo a menudo servía como trampolín para acceder a posiciones de mayor relevancia en la Real Audiencia o en el Consejo de Aragón.
El escribano, que debía ser notario, se encargaba de validar los documentos de la Bailía General. Además, había oficiales menores como alguaciles, porteros, colectores y guardias. En la Bailía de Valencia, existían también oficiales específicos: el abogado fiscal y patrimonial, encargado de la defensa de los intereses reales en sentido amplio, y dos auxiliares del abogado, el procurador fiscal y el procurador patrimonial. Finalmente, en los tres reinos había una amplia red de lugartenientes de baile locales o comarcales que apoyaban la administración de la Bailía General.
La Bailía General desempeñaba un papel esencial en la administración del Real Patrimonio en la Corona de Aragón. Tenía una amplia gama de competencias. Su función principal consistía en arrendar los derechos y rentas del rey, y en recibir los beneficios que estos generaban. Además, tenía la responsabilidad de tomar posesión de los tesoros encontrados en sus territorios y recibir los bienes vacantes o confiscados. La Bailía también participaba en el abasto de las ciudades y la reparación de las fortalezas reales. Otro aspecto crucial de sus competencias era controlar la salida del reino de productos prohibidos, especialmente mercancías bélicas o de primera necesidad, así como ejercer control sobre ciertos productos considerados regalías, como la sal y el trigo. La Bailía General también tenía competencias sobre los esclavos, cautivos y fugitivos, particularmente los musulmanes capturados. Además, tenía la autoridad para nombrar a sus subordinados y a los bailes locales, consolidando así su control administrativo y jurisdiccional en sus respectivos territorios.
En cuanto a la jurisdicción, esta variaba entre los diferentes reinos debido a los privilegios reales otorgados, aunque había ciertos aspectos comunes. La Bailía tenía jurisdicción sobre los contraventores de las leyes y ordenanzas reales que afectaban directamente al Real Patrimonio y sus regalías. También ejercía jurisdicción civil y criminal sobre los oficiales que servían en la Bailía General, incluyendo a los arrendatarios de los derechos reales.
La fiscalidad de la Bailía General se basaba en un procedimiento estructurado para la obtención de ingresos, principalmente a través del arrendamiento de derechos y rentas reales. Este arrendamiento se realizaba mediante subasta pública, llevada a cabo por el baile general, su lugarteniente u otro oficial real. El arrendamiento era adjudicado al mejor postor, tenía una duración variable y el arrendatario quedaba sujeto a la jurisdicción del baile general. Los términos de pago se establecían en tres pagas anuales. En caso de no haber ninguna oferta satisfactoria en la subasta, la Bailía General debía encargarse directamente de la recaudación mediante comisarios y agentes extraordinarios.
1.5.3. El maestre racional
El cargo de maestre racional fue creado en el siglo XIII y regulado en el siglo XIV, estableciéndose uno en cada reino de la Corona de Aragón desde el siglo XV. El maestre racional de Cataluña tenía jurisdicción sobre sus homólogos en Mallorca y Cerdeña. Este cargo, de carácter vitalicio, llevaba anexo ser miembro del Consejo de Aragón, y a menudo se patrimonializaba, permaneciendo en manos de las mismas familias durante generaciones.
El maestre racional tenía la responsabilidad de dirigir la administración del patrimonio real. Entre sus funciones se hallaban el control del tesorero general y sus lugartenientes, del baile general y los bailes locales, y del procurador real del reino de Mallorca. Además, el maestre racional desempeñaba varias funciones secundarias importantes, como el reconocimiento de créditos nobiliarios a la Corona y la intervención en el control de los recursos eclesiásticos aportados al fisco regio, tales como subsidios, sedes vacantes y la reserva de frutos del primer año de obispos y arzobispos. También verificaba las exenciones municipales de pago de tributos reales. El maestre racional a menudo se encontraba en conflicto con otros oficiales reales debido a las superposiciones de competencias y las fricciones inherentes a la administración.
El maestre racional contaba con un equipo de oficiales para llevar a cabo sus funciones. Entre estos estaban el lugarteniente del maestre racional, los coadjutores encargados de la contabilidad, los receptores, los asesores letrados y un notario.
El cargo de Maestre Racional, al igual que muchas otras instituciones tradicionales de la Corona de Aragón, fue abolido con los decretos de Nueva Planta, que reestructuraron la administración y centralizaron el poder en manos de la monarquía borbónica tras la Guerra de Sucesión española. Esta abolición marcó el fin de una era de administración patrimonial que había perdurado durante varios siglos en los reinos de la Corona de Aragón.
1.5.4. La Junta del Real Patrimonio
La Junta del Real Patrimonio era una entidad presidida por el virrey y estaba compuesta por varios altos funcionarios, como el regente de la Audiencia, el baile general, el lugarteniente del tesorero general, un asesor y el abogado fiscal y patrimonial. Esta junta desempeñaba un papel crucial en la gestión y supervisión de los asuntos relacionados con el patrimonio real, asegurando que se administraran de manera eficiente y conforme a las leyes y ordenanzas reales.
1.5.5. Las veguerías
Las veguerías eran distritos administrativos regidos por “veguers”, que eran funcionarios judiciales encargados de la administración de la justicia real en sus respectivos territorios. Existían 17 veguerías en Cataluña y 2 en Mallorca. La extensión de las veguerías no era estática; por ejemplo, la veguería de Barcelona creció a costa de otras.
El veguer era responsable de la administración de la justicia real y sus sentencias podían ser apeladas ante el gobernador. Era nombrado por el rey o el virrey, y sus actuaciones económicas eran vigiladas por el maestre racional. El veguer desempeñaba funciones muy diversas, como velar por el respeto de las regalías, proteger a menores y personas vulnerables, garantizar los derechos y privilegios locales, autenticar documentos, aplicar los bandos y las órdenes municipales, y presidir el somatén (milicia ciudadana) y la hueste real. También era responsable de la defensa municipal, la imposición de condiciones de paz y tregua, la vigilancia del orden público, la represión de alteraciones, la investigación de delitos, la protección de bienes y personas, y la ayuda en la recaudación de tributos. Además, supervisaba la toma de posesión de cargos reales, informaba sobre el estado sanitario, gestionaba el abastecimiento de víveres, habilitaba a notarios públicos, organizaba subastas, aprobaba tasaciones y ejecutaba prórrogas de deudas. El cargo de veguer era trienal y normalmente lo ocupaba una persona laica, procedente del mundo urbano y del estamento privilegiado.
El veguer contaba con un equipo de oficiales que incluía al «sots-veguer», un juez o asesor letrado, un procurador fiscal (también letrado), un abogado de los pobres (letrado), un escribano (notario) y «saigs» (alguaciles encargados de ejecutar las resoluciones judiciales, como citas y notificaciones). Este equipo ayudaba al veguer a cumplir con sus numerosas responsabilidades y aseguraba el funcionamiento de la administración de la justicia y la gestión local.
2. Las instituciones del reino
2.1. Las Cortes
Las Cortes eran el órgano de representación del Reino en sus relaciones con el rey. En la Corona de Aragón, cada Estado componente tenía sus propias Cortes (los reinos de Aragón y Valencia, y el principado de Cataluña), excepto Mallorca, que contaba con el Gran i General Consell, y Cerdeña, que tenía sus Parlamentos.
Las Cortes tenían varias funciones clave. Una de las principales era la realización de juramentos mutuos: el Reino aceptaba y mostraba fidelidad al nuevo rey y reconocía al heredero, mientras que el rey juraba respetar los fueros y privilegios del Reino. Otra función esencial era la reparación de agravios y contrafueros, además de la aprobación de nuevas leyes. También era responsabilidad de las Cortes votar el “servicio”, que consistía en la concesión de subsidios o ayudas económicas al monarca.
Las Cortes estaban compuestas por un brazo por estamento, aunque en Aragón había dos brazos nobiliarios. Los estamentos representados eran el militar, el eclesiástico y el real. El estamento militar era el más numeroso porque todos los nobles tenían la obligación de acudir a las Cortes, ya fuera personalmente o enviando a procuradores. Este estamento incluía a nobles y caballeros. En Aragón, había dos brazos dentro del estamento militar: el de los «ricos hombres» (alta nobleza) y el de los caballeros e infanzones (baja nobleza). El estamento eclesiástico incluía a arzobispos y obispos, representantes de cabildos catedralicios, abades de algunos monasterios, priores de algunos conventos, priores y generales de órdenes religiosas, así como maestres y comendadores de las órdenes militares. El estamento real estaba compuesto por un síndico de cada ciudad y villa de realengo, con la excepción de las capitales de reino, que tenían varios síndicos. Este estamento representaba a la oligarquía urbana no noble.
El lugar de reunión de las Cortes no era fijo. Sin embargo, era común la celebración de Cortes generales en Monzón, aunque cada reino solía funcionar por separado. La periodicidad de las reuniones no estaba estipulada. Hasta el reinado de Felipe II, las Cortes se reunían aproximadamente cada cinco años. Después, la periodicidad se extendió a intervalos de unos veinte años.
El procedimiento de las Cortes en la Corona de Aragón comenzaba con la convocatoria del monarca, que se notificaba mediante carta, ya sea de forma directa o a través del virrey, indicando la fecha y el lugar de la reunión. Los asistentes debían presentar sus credenciales para ser admitidos.
La apertura de las Cortes se iniciaba con una misa solemne seguida del discurso real de apertura, conocido como la “proposición real”. En este discurso, el rey exponía los motivos de la convocatoria, los problemas a resolver y la petición de ayuda económica. A continuación, un representante del brazo eclesiástico pronunciaba un discurso de cortesía en nombre de todos los asistentes, subrayando que la concesión del servicio dependía de la resolución de todos los agravios y contrafueros presentados. En Monzón, esta sesión inaugural era conjunta para los tres reinos.
Mientras tanto, los representantes del Reino buscaban apoyos entre todos los brazos y contactaban con juristas para preparar las suplicaciones formales. Ambas partes (rey y Reino) nombraban comisiones y en ellas se presentaban las suplicaciones iniciales. La comisión real estaba formada por regentes del Consejo de Aragón, juristas y cortesanos de confianza. Por parte del Reino, los “examinadores de memoriales” formaban una comisión integrada por representantes de todos los brazos, que tenía como misión evitar que los agravios tuviesen defectos de forma o presentasen peticiones extravagantes o inadecuadas. También se designaban “tratadores”, un grupo de personas nombradas por el rey y los brazos, cuya función era decidir cuáles suplicaciones se consideraban de interés general y debían ser puestas en conocimiento del monarca.
Durante las sesiones de las Cortes, se presentaban y discutían los agravios y contrafueros. Todos los agravios debían ser resueltos, lo que a menudo prolongaba las Cortes. Este proceso se complicaba aún más por el sistema de discutir por escrito y la costumbre de requerir unanimidad (“nemine discrepante”) para tomar acuerdos.
La respuesta del rey a las suplicaciones podía seguir varias vías. En primer lugar, el monarca podía remitir la suplicación al Consejo de Aragón para que sus miembros realizaran las investigaciones pertinentes y le hicieran llegar su opinión mediante una consulta. Si el rey conocía bien el tema y tenía la voluntad de tomar una decisión directa, podía optar por rechazar u obviar la petición, proponiendo soluciones alternativas que los afectados podrían aceptar a regañadientes; podía aceptar la suplicación y formalizar su respuesta mediante decretos y actos de corte, otorgando así valor jurídico a su respuesta; o podía dar una orden de cumplimiento inmediato, que no requería el mismo grado de compromiso que un acto de corte, pero aseguraba una ejecución rápida.
Adicionalmente, los participantes en las Cortes solían intentar entrevistarse directamente con el rey para presentar las suplicaciones más importantes. Esta vía de negociación prioritaria permitía un contacto directo con el monarca. Si el rey aceptaba la suplicación en estas entrevistas, era fundamental presentar la misma en las Cortes para reforzar la resolución real con un acto de corte, permitiendo así al rey justificar su decisión ante posibles reclamaciones de partes afectadas.
El procedimiento de las Cortes concluía con un discurso de clausura pronunciado por el rey o su representante, seguido de la publicación de la legislación otorgada durante las sesiones.
En el reino de Mallorca, no existían Cortes como en otros territorios de la Corona de Aragón. Los juramentos de fidelidad y aceptación del rey se realizaban en las Cortes de Cataluña, ante un delegado real enviado a Mallorca o a través del virrey. La concesión del servicio, es decir, la ayuda económica al monarca, se efectuaba con el consentimiento del Gran i General Consell, que era el máximo órgano político-administrativo del reino de Mallorca. A diferencia de otros reinos, el estamento eclesiástico no tenía representación en este consejo. La aprobación de leyes en Mallorca podía ser iniciativa del rey y del virrey, ya sea por su propia iniciativa (motu proprio) o a propuesta del Gran i General Consell.
La representación del reino en Cerdeña se realizaba a través de los Parlamentos. Estos se celebraban cada diez años y eran presididos por el virrey. En estas reuniones participaban los tres estamentos: el militar, el eclesiástico y el real.
2.2. La Diputación del General o Generalitat
2.2.1. Origen y funciones
La Diputación del General, conocida como Generalitat, tiene su origen en las Cortes de Monzón de 1289. Inicialmente, existían comisiones estamentales temporales, denominadas Diputaciones del General, encargadas de recaudar los tributos necesarios para pagar los “servicios” votados en las Cortes y entregarlos al rey. Estos tributos, conocidos popularmente como “generalidad”, se imponían de manera general a todo el reino y gravaban el tráfico de mercancías y el consumo de diversos productos. Una vez concluida la recaudación, estas comisiones se disolvían.
Con el tiempo, las Diputaciones del General se convirtieron en órganos permanentes de las Cortes, encargados de la representación estamental cuando estas no estaban reunidas. Se estableció una Diputación del General en cada reino: en Cataluña en 1359, en el Reino de Aragón en 1369, y en el Reino de Valencia en 1418. Posteriormente, se implantaron en Navarra, Cerdeña y Sicilia.
La Diputación del General tenía funciones administrativas, fiscales y políticas. Una de sus responsabilidades principales era la recaudación del servicio votado en las Cortes. Además, vigilaba el cumplimiento de los acuerdos tomados en las Cortes durante los períodos intermedios, es decir, hasta la celebración de las siguientes sesiones.
2.2.2. Diputación del General o Generalitat de Cataluña
La Diputación del General, conocida como Generalitat de Cataluña, se creó en 1359 como un órgano permanente. Inicialmente, estaba formada por 12 diputados, cuatro por cada brazo (militar, eclesiástico y real), cuya tarea era auditada por tres «oidores de cuentas». Tenía como presidente al diputado eclesiástico de mayor rango. En 1362, la institución se consolidó y se fijó la residencia del diputado presidente en Barcelona.
En 1375, la composición de la Generalitat se redujo a seis miembros: tres diputados (uno por cada brazo de las Cortes) y tres oidores de cuentas (también uno por cada brazo), con el diputado del brazo eclesiástico como presidente. En 1400, la Generalitat adquirió el Palau de la Generalitat, consolidando su presencia física y administrativa en Barcelona.
En 1413, la Generalitat recibió un estatuto formal, convirtiéndose en una institución más estructurada. Los impuestos establecidos para la recaudación del servicio de las Cortes se hicieron permanentes, lo que llevó a un notable incremento en los ingresos fiscales, permitiendo la recaudación de cantidades que cuadruplicaban lo que recibía el rey. La Generalitat administraba y utilizaba estos ingresos libremente y adquirió competencias políticas significativas, como velar por la ejecución de las decisiones pactadas en las Cortes y por el respeto de las leyes del reino por parte del rey y sus oficiales, y publicar los acuerdos de las Cortes.
Durante la Guerra Civil catalana (1462-1472), la Generalitat se enfrentó militarmente con Juan II. Tras este conflicto, en 1481, Fernando II rehabilitó la institución, pero la puso bajo el control de la Real Audiencia. En 1488, se impuso el sistema de insaculación en la elección de los diputados, seleccionándolos de una lista previamente establecida por la Corona, sistema que fue aprobado por las Cortes de 1493.
Otro conflicto significativo ocurrió durante la Guerra dels Segadors (1640-1652), donde la Generalitat nuevamente se enfrentó a la Corona. Después de la revuelta, la Generalitat quedó subordinada al rey, con nuevas reglas de elección por insaculación y la obligación de contribuir al sostenimiento de las guarniciones militares en territorio catalán.
Finalmente, en 1714, la Diputación del General o Generalitat de Cataluña fue abolida mediante los decretos de Nueva Planta, que reestructuraron la administración del territorio bajo la centralización borbónica, eliminando muchas de las instituciones tradicionales de autogobierno en Cataluña y otros territorios de la Corona de Aragón.
2.2.3. Diputación del General del reino de Aragón o Generalidad de Aragón
La Diputación del General del Reino de Aragón, conocida como la Generalidad de Aragón, se originó entre 1362 y 1364 con la creación del impuesto de las Generalidades. Este impuesto gravaba la importación y exportación de mercancías, la fabricación de tejidos y los productos de primera necesidad. En 1369, se estableció una comisión permanente para recaudar estos impuestos, con la facultad de utilizarlos para la defensa del reino. Entre 1371 y 1372, la institución fue reforzada al añadírsele la facultad para la representación y mediación de los estamentos frente al rey y la responsabilidad de defender las leyes del reino.
Durante los reinados de Juan I (1387-1396) y Martín I (1396-1410), solo hubo tres reuniones de Cortes, lo que incrementó la importancia de la Diputación del General. Bajo el reinado de Alfonso V el Magnánimo, la Generalidad se fortaleció aún más debido a la ausencia del monarca, quien trasladó la corte al reino de Nápoles. Este periodo también vio la liberación de la Diputación de su dependencia de las Cortes mediante el cambio del sistema de elección a la insaculación.
Durante el reinado de Juan II, la Diputación del General asumió múltiples responsabilidades. Se encargó del mantenimiento del orden, la resolución de disputas entre estamentos, el nombramiento de lugartenientes de la Corte del Justicia y la vigilancia del cumplimiento de las medidas aprobadas en las Cortes. Además, se ocupó de dar el consentimiento a las leyes promulgadas fuera de las Cortes. Bajo Fernando II el Católico, la autoridad real avanzó significativamente con la implantación de la Inquisición, el nombramiento de un virrey de confianza y la reducción de la independencia del brazo real mediante la designación de candidatos fieles. Aun así, no hubo reformas en las Cortes ni en la Diputación del General.
Durante el reinado de Carlos I, la Diputación del General apoyó a Juana I, lo que generó tensiones con el monarca. Con Felipe II, tras las Alteraciones de 1591, el monarca aprovechó su posición de fuerza para represaliar a la Generalidad por su apoyo a la revuelta. Aparte de la ejecución de un diputado y de la detención de otros dos, a la entidad se le suprimieron las competencias de defensa, se le impuso una fuerte multa y se le prohibió disponer de los ingresos recaudados, Así, la Diputación del General se convirtió en un simple elemento de la Administración.
En el siglo XVII, la institución cayó en decadencia, funcionando principalmente como colaboradora en armas, hombres y recursos económicos ante las demandas de la Corona. Finalmente, en 1708, la Diputación del General del Reino de Aragón fue disuelta tras la publicación de los decretos de Nueva Planta.
2.2.4. Diputación del General o Generalitat de Valencia
El origen de la Diputación del General en Valencia se halla en el siglo XIV con la creación de comisiones temporales en las Cortes de 1329 y 1342-1343 para la recaudación del donativo, y entre 1362 y 1364 para la recaudación del nuevo impuesto de las generalidades, que sustituía al donativo. En 1404, se fijó una estructura administrativa para estas comisiones, aunque todavía eran temporales.
En 1418, durante las Cortes, se creó la Diputación del General como un órgano permanente encargado de la recaudación fiscal, con cargos que se renovaban cada tres años. Los diputados salientes eran responsables de nombrar a los nuevos diputados. Reformas significativas en los procesos de elección de los diputados se realizaron en 1419, 1439 y 1510, con el objetivo de permitir un mayor control de los nombramientos por parte de la Corona.
La Generalitat de Valencia experimentó una pérdida de peso político debido al control ejercido por la Corona sobre la elección de los diputados. Además, la defensa de los fueros y la representación del reino fuera de las Cortes fueron asumidas por la Junta de Estamentos. Esta Junta estaba integrada por representantes de cada estamento y estaba controlada por la nobleza y la oligarquía capitalina. Se reunía de manera aleatoria e independiente para tratar asuntos del reino, y tenía la capacidad de enviar embajadas y presentar contrafueros, previa autorización del virrey. La falta de una voz unitaria y fuerte frente a la Corona contribuyó al declive de la influencia del reino, lo que propició que la Generalitat de Valencia tuviese en un peso político muy inferior al de las de Cataluña y el Reino de Aragón.
La Diputación del General de Valencia estaba compuesta por seis diputados, con dos representantes por cada brazo (militar, eclesiástico y real). Además, contaba con seis jueces contadores, responsables de la inspección de las cuentas; tres clavarios, encargados de la tesorería; y tres administradores, que resolvían judicialmente los contenciosos. También había varios oficiales subalternos, como escribanos, alguaciles y subdelegados locales, que apoyaban en la administración y ejecución de las funciones de la Diputación. En 1707, la Diputación del General de Valencia fue extinguida con la publicación de los decretos de Nueva Planta.
2.3. La Corte del Justicia de Aragón
La Corte del Justicia de Aragón era un organismo exclusivo del Reino de Aragón, sin equivalente en los otros reinos componentes de la Corona de Aragón. Este tribunal defendía las leyes y los privilegios de Aragón y se encargaba de resolver pleitos entre el rey y los nobles, así como entre los propios nobles, con asesoramiento letrado.
El origen de la institución es medieval. Su primer referente se remonta al siglo XII y es el cargo de «justicia» en la corte del rey. En el siglo XIII, se impulsó el cargo convirtiéndolo en el “Justicia Mayor de Aragón”, un caballero, no letrado y natural del reino. Actuaba como «juez medio», interviniendo en pleitos entre el rey y los nobles, o entre los propios nobles. También presidía las Cortes y contaba con la asistencia de un consejo formado por integrantes de la alta y baja nobleza.
En el siglo XIV, al Justicia se le asignó la función de guardián del ordenamiento foral, consolidando su papel como defensor de las leyes aragonesas. En el siglo XV, el cargo de Justicia se fortaleció, haciéndose vitalicio y tendiendo a ser hereditario. Aunque el Justicia no podía ser destituido por el rey, dependía y era controlado por las Cortes.
Durante el siglo XVI, en las Cortes de 1528, la Corte del Justicia se convirtió en un órgano colegiado. Además del Justicia, se nombraron cinco lugartenientes letrados expertos en derecho foral, cada uno con sus correspondientes escribanías. El Justicia rendía cuentas ante el Tribunal de la de “Diez y Setena”, compuesto por 17 judicantes. A pesar de su importancia, sus competencias eran inferiores a las de la Real Audiencia y el gobernador. Tras la revuelta de 1591 y el caso de Antonio Pérez, el Justicia Juan de Lanuza fue ajusticiado por orden de Felipe II. Las Cortes de 1592 en Tarazona introdujeron varios cambios en la institución, en favor de la autoridad real. El cargo de Justicia dejó de ser vitalicio y pasó a ser de designación real, tras la propuesta de candidatos por el Consejo de Aragón. Se introdujo un nuevo requisito, que el Justicia tuviera conocimientos jurídicos, lo que llevó al nombramiento de regentes de la Cancillería fieles al rey. Y el número de judicantes del Tribunal se redujo de 17 a 9, con 8 insaculados por los brazos de las Cortes y los 5 lugartenientes nombrados por el rey entre los 9 judicantes.
En el siglo XVII, miembros de la Real Audiencia comenzaron a ocupar el cargo de Justicia, lo que reforzó la posición de la Audiencia por encima de la Corte del Justicia. Finalmente, en el siglo XVIII, la Corte del Justicia de Aragón fue abolida por los decretos de Nueva Planta.
3. El gobierno municipal
3.1. Diversidad de modelos y cargos principales
En la Corona de Aragón, no existía un modelo común para el gobierno municipal; al contrario, había una gran diversidad de estructuras y prácticas. Los municipios se categorizaban según el alcance de su jurisdicción en ciudades, villas, universidades y lugares. Existieron procesos de segregación mediante privilegios reales, permitiendo que una villa se desmembrara del territorio de una ciudad; también hubo «ascensos de categoría», también otorgados por privilegio real. Ejemplos de este tipo son las erecciones de villa a ciudad de Orihuela en 1437 y de Alicante en 1490.
Las asambleas municipales experimentaron una transformación significativa a lo largo del tiempo. Gradualmente, los consejos abiertos medievales fueron desapareciendo, dando paso a la institución de asambleas cerradas. Entre estas, estaban las asambleas generales, como el Consell General de Valencia o el Consell de Cent de Barcelona, y las asambleas particulares, como el Consell Secret de Valencia o el de Lleida.
El gobierno municipal incluía una variedad de cargos y oficios, cada uno con funciones específicas. Los cargos ejecutivos estaban ocupados por los justicias civil y criminal, y los jurados. Había cargos técnicos, como el mostassaf (encargado de la supervisión de pesos y medidas y de la vigilancia del mercado), el portero, el relojero y el cequiero (encargado de la gestión de los canales de riego). En un plano más administrativo, figuraban el escribano y el clavario. También había asesores y cargos de representación, como síndicos y embajadores. Todos estos cargos solían tener una duración anual.
En términos de extracción social, los cargos municipales presentaban una diferenciación en «manos», con una exclusión inicial de la nobleza. Esta estructura de exclusión ayudaba a mantener un equilibrio de poder y permitía que diferentes grupos sociales tuvieran representación y participación en el gobierno municipal.
3.2. La insaculación
El procedimiento de elección en los municipios de la Corona de Aragón fue evolucionando a lo largo del tiempo, sustituyéndose progresivamente la cooptación (voto de entrantes por salientes) por la insaculación (sorteo). Este cambio buscaba mejorar la imparcialidad en la selección de los cargos municipales y promover la pacificación social.
La insaculación se caracterizaba por realizar sorteos para elegir a los oficiales, lo que potenciaba la imparcialidad del proceso. Los candidatos eran habilitados por la Corona, lo que le aseguraba al rey un cierto control de los candidatos a ocupar los cargos del gobierno municipal. Los habilitados eran incluidos en bolsas, según su categoría social o su oficio, y formaban parte de ellas de forma vitalicia. Por tanto, la composición de las bolsas no era equitativa y la oligarquía urbana era la que podía acceder a los cargos más importantes del gobierno municipal.
La extensión del uso de la insaculación como método de elección se realizó mediante la concesión de privilegios reales. Durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, en 1427, Xàtiva fue el primer municipio en adoptar este sistema. Después, se extendió a otros, como Menorca (1429), Zaragoza (1442), Orihuela (1445), Alzira y Castellón (1446), Mallorca (1447), Vic (1450), Barbastro e Ibiza (1454) y Girona (1457). Bajo el reinado de Juan II (1458-1479), el sistema se extendió a municipios como Tortosa, Alicante (1459) y Granollers. Durante el reinado de Fernando II (1479-1516), nuevas poblaciones adoptaron la insaculación: Barcelona (1498), Lleida, Perpiñán, Tarragona, Alcoy y Jijona, entre otras. Durante la época de los Austrias Mayores, el sistema continuó extendiéndose a localidades como Monforte, Muchamiel, Callosa, Almoradí y Villajoyosa. En con los Austrias Mayores, el sistema fue adoptado por poblaciones como Bañeres y Valencia (1633). Con Felipe V, antes de los decretos de Nueva Planta, apenas un par de poblaciones más adoptaron este sistema.
3.3. Modelos de gobierno municipal
Barcelona adoptó en 1498 el sistema de insaculación, que permitió la admisión de caballeros compartiendo bolsa con los ciudadanos, mientras que los menestrales solo tenían representación minoritaria en el Consell de Cent. La Corona se reservó el derecho a revisar las bolsas. En 1510, se concedió un privilegio militar a los ciudadanos. En 1513, se creó una bolsa independiente para los caballeros. Y en 1621, se permitió la insaculación de la alta nobleza junto con los caballeros.
En otros municipios catalanes, se extendió paulatinamente el privilegio militar a ciudadanos y burgueses honrados durante los siglos XVI y XVII. Y se reservaron oficios para caballeros en lugares como Perpiñán, Lérida, Gerona, Vic y Vilafranca.
Zaragoza adoptó el sistema de insaculación en 1442, excluyendo a nobles, caballeros e infanzones. Solo mercaderes, abogados, notarios, procuradores y médicos podían participar en el gobierno municipal.
Valencia utilizó el sistema de “ceda” hasta 1633. En él, para el nombramiento de los dos justicias, el Consell elegía a 12 candidatos; de ellos, por sorteo, se escogía a 3, y de esta terna, el baile escogía a los justicias. Para la elección de los 6 jurados (2 caballeros y 4 ciudadanos), el maestre racional elegía a 24 candidatos (12 caballeros y 12 ciudadanos). El rey retocaba la selección si lo estimaba oportuno, y los 6 jurados eran elegidos por sorteo. Por último, en el Consell entraban 4 ciudadanos de cada una de las 12 parroquias de la ciudad, y 2 personas de cada gremio. El sistema de la “ceda” fue sustituido por el de la insaculación en 1633, que fue reformado en 1648. Inicialmente, se formaron tres bolsas, de caballeros, ciudadanos honrados y ciudadanos de mano menor. No obstante, desde 1651, la alta nobleza tuvo acceso a la bolsa de caballeros.
En Orihuela y Alicante, la insaculación comenzó en 1445 y 1459 respectivamente, con tres bolsas (dos en Alicante hasta 1600) y un Consell de 40 insaculados (16 caballeros, 16 ciudadanos honrados y 8 ciudadanos de mano menor). La alta nobleza accedió al gobierno municipal a partir de 1655-1656. Otros municipios que permitieron el acceso de nobles en la segunda mitad del siglo XVII incluyeron Elche, Játiva, Alcira y Alcoy. En las universidades y villas de la Gobernación de Orihuela, aunque había una bolsa única, en la práctica no estaba abierta a todo el vecindario.
Mallorca adoptó la insaculación en 1447. En la ciudad de Palma, el gobierno constaba de un justicia y seis jurados (un caballero, dos ciudadanos, dos mercaderes y un menestral). El Gran i General Consell estaba compuesto por 56 miembros de la ciudad (divididos en cuatro grupos de 8 caballeros, 16 ciudadanos, 16 mercaderes y 16 menestrales) y 28 de la “part forana”. En 1614, el número total se redujo a 72, con 44 representantes de la ciudad y 28 de la part forana, asegurando la representación de la ciudad y de toda la isla.
3.4. La oligarquización del gobierno municipal
La puesta en marcha del sistema de insaculación en los municipios de la Corona de Aragón condujo a un proceso de oligarquización, restringiendo el acceso a los cargos municipales y concentrando el poder en manos de una élite urbana. Este proceso se caracterizó por varias medidas y restricciones que limitaron la participación de la población en el gobierno local.
Uno de los principales factores de oligarquización fue la restricción del número de personas que podían acceder a los cargos municipales. La insaculación, aunque teóricamente más imparcial que la cooptación, permitió un mayor control real sobre las listas de insaculados. Esto significaba que solo las personas habilitadas por la Corona podían entrar en las bolsas de insaculación, asegurando así que los candidatos fueran favorables al poder real.
Además, se impusieron otras restricciones para limitar aún más el acceso a los cargos. Los aspirantes debían ser naturales de la localidad, poseer un patrimonio significativo y no ejercer trabajos mecánicos, lo que excluía a la mayoría de la población trabajadora. En algunos casos, como en Valencia, Alicante y Orihuela, también era necesario tener caballo y armas para poder acceder a las primeras bolsas, reservadas a caballeros y ciudadanos de primera categoría.
Este sistema favoreció el acaparamiento de los cargos principales por personas de la primera bolsa, que incluía a los caballeros o ciudadanos de primera categoría, conocidos como el patriciado urbano. La progresiva introducción de la nobleza en las insaculaciones reforzó aún más este proceso de oligarquización. En Barcelona, esto ocurrió en 1621, en Valencia en 1652 y en Alicante en 1655.
Por consiguiente, el sistema de insaculación, aunque introducido para mejorar la imparcialidad en la selección de los cargos municipales, derivó hacia un proceso de oligarquización que restringió el acceso a una élite privilegiada, consolidando así el control de los asuntos locales en manos de un reducido grupo de personas con poder económico y social.