La expulsión de los moriscos fue decretada en 1582 por Felipe II, aunque no se llevaría a cabo hasta 1609. Los moriscos eran socialmente un grupo marginado, pero era vasallos de señores y significaban importantes porcentajes de la población en el reino de Valencia. En Elche, los moriscos suponían el 30% de la población total.
Su expulsión supuso el abandono de tierras y el consecuente cese de las rentas que los señores obtenían de ellos. Sin embargo los señores aceptaron esta medida al prometérseles la donación de todo cuanto los moriscos dejaran atrás.
De todas formas, la expulsión hacía necesaria una repoblación de las tierras abandonadas, pues a los señores necesitaban seguir percibiendo las rentas que éstas generaban. La tendencia inflacionista de los precios había hecho también que la expulsión permitiera un reajuste de las rentas con nuevos pobladores.
Así, la expulsión de un tercio de la población activa, en edad de trabajar, cambió la estructura productiva y mercantil, además de una redistribución de las tierras.
Los cambios en la demografía afectaron de manera negativa, pues se reducen las posibilidades agrícolas y mercantiles, cambiando así la relación campo-ciudad que se daba hasta entonces.
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