Portada de la Revista Time del 27 de junio de 1977.
El golpe de Estado del 23-F fue consecuencia del proceso de crisis global – económica, política, de orden público– que vivió España a comienzos de los años ochenta. Pero su origen hay que buscarlo en un conjunto de operaciones previas, diseñadas por un importante sector de la élite política y económica conservadora, contraria al proyecto político de Adolfo Suárez y partidaria de un sistema democrático limitado. Estas operaciones se pusieron en marcha a partir del verano de 1977, y para liderarlas se barajaron varios nombres de políticos y empresarios pertenecientes a la derecha conservadora –Gregorio López Bravo, Juan Miguel Villar Mir, Carlos Pérez de Bricio, etc.–. Pero, en el otoño de 1979, los planificadores de estas operaciones, convencidos de que la situación de crisis que vivía España podría derivar en un golpe de Estado, decidieron modificar su diseño inicial poniendo al frente de la misma a un militar: el general de división Alfonso Armada Comyn, antiguo secretario de S.M. el Rey y hombre de gran prestigio en los medios conservadores, que se convertiría en presidente de un Gobierno de concentración nacional del que formarían parte todos los partidos políticos del arco parlamentario –salvo los de ideología nacionalista–. El programa político de este gobierno pasaba por: acabar con la inestabilidad política existente, derivada de la crisis del partido gobernante, la Unión de Centro Democrático (UCD), que había llevado a la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno; poner freno a las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos mediante la reforma de la constitución; acabar con el terrorismo de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO); y hacer frente a la crisis económica. Precisamente, las cuatro causas que estaban en la base del golpe de Estado. De esta operación cívico-militar tuvo un conocimiento sesgado el Jefe del Estado.Esta operación, denominada Solución Armada, se diseñó en dos variantes, ambas encabezadas por dicho general.
Jaime Milans del Bosch.
La primera, de carácter constitucional, consistía en llevarle a la Presidencia del Gobierno por medios legales, es decir, utilizando el mecanismo de la moción de censura. Esta variante se vino abajo tras la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981; ya que con esta acción quedó imposibilitada la moción de censura. La segunda, que denominamos pseudoconstitucional, consistía en crear una “situación de excepcionalidad” que obligase a los líderes políticos a elegir un nuevo presidente del Gobierno. Fue esta segunda operación la que se puso en marcha el 23 de febrero de 1981, siendo la toma del Congreso de los Diputados la que creó esa “situación de excepcionalidad”.
Para poner en marcha la operación Solución Armada el general no solo contó con Tejero, sino con otros dos militares: el comandante de Infantería Diplomado de Estado Mayor (DEM) José Luis Cortina Prieto, jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) –la organización militar de inteligencia–, quien le ayudó a lograr el apoyo de los partidos políticos a su operación y le puso en contacto con Tejero; y el teniente general Jaime Milans del Bosch y Ussía, capitán general de la III Región Militar y, por tanto, oficial de mayor rango militar que Armada. A él le encargó que movilizara las fuerzas militares de su demarcación, que convenciera al resto de los once capitanes generales del Ejército para que hicieran lo mismo en sus regiones militares y, por último, que organizara la toma de Madrid por fuerzas de la Gran Unidad más poderosa del Ejército español, la División Acorazada (DAC) Brunete nº 1, acuartelada en los alrededores de la capital de España. De esta última acción se encargaría el general de división Luis Torres Rojas, gobernador militar de La Coruña (Galicia) y antiguo general-jefe de la DAC –donde conservaba un inmenso prestigio–; para lo que contaría con el apoyo del coronel de Artillería DEM José Ignacio San Martín López, jefe del Estado Mayor (EM) de la DAC, y el comandante de Infantería DEM Ricardo Pardo Zancada, destinado en esa división y hombre de confianza de Milans del Bosch. Para justificar todas estas órdenes, inconcebibles desde un punto de vista militar, ya que Armada era inferior en rango a Milans del Bosch, el primero le dijo al segundo –el más monárquico de los tenientes generales españoles– que se trataba de una operación querida por el Rey.
Milans del Bosch, como Tejero, cumplió su parte de la operación y tomó militarmente el territorio de su región militar, aunque no logró que la DAC hiciera lo mismo en Madrid, ni que otros capitanes generales hicieran lo propio en sus regiones militares. Pero a pesar de este relativo fracaso, al general Armada se le autorizó por parte del Jefe del Estado y de la cúpula militar para que, “a título personal”, fuera al Congreso de los Diputados y se propusiera como presidente de un gobierno de concentración nacional a las 00:00 horas del día 24, dándosele así la posibilidad de que culminara la operación golpista. Sin embargo, Tejero le impidió hacer esa propuesta a los diputados, ya que se negó a aceptar la lista de ministros de Armada, de la que formaban parte miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Comunista de España (PCE).
El teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados.
La negativa del teniente coronel se mantuvo a pesar de que el general le insinuó que podría llamar al Jefe del Estado para que le confirmase que venía en su nombre. Con esta negativa Tejero provocó de forma definitiva el fracaso de la gestión de Armada, y por tanto del golpe de Estado tal como había sido planeado. Aproximadamente 11 horas después, a las 12:00 horas de la mañana del 24 de febrero, comenzaron a salir los diputados. El golpe de Estado había terminado.
Pero, más allá de la conmoción que produjo el intento golpe de Estado en la opinión pública española, e incluso internacional, fue importante por cuatro grandes consecuencias que se derivaron del mismo:
La primera, que marcó el inicio del fin del protagonismo del Ejército en la vida política española, haciendo posible el establecimiento de un sistema democrático estable en nuestro país.
La segunda, que aceleró la descomposición de la UCD, haciendo posible el arrollador triunfo del PSOE en las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982.
La tercera, que dotó de legitimidad democrática de ejercicio a la institución monárquica encarnada por Juan Carlos I –convertido en el gran protagonista del acontecimiento–, haciendo que se olvidara su legitimidad de origen franquista.
La cuarta, que reordenó momentáneamente el proceso autonómico con la aprobación el 30 de junio de 1982 de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), aunque luego fuera en parte derogada por el Tribunal Constitucional en 1983.
Todas estas razones, unidas a la propia espectacularidad del acontecimiento, han hecho del golpe de Estado del 23-F el acontecimiento histórico de la reciente historia de España sobre el que más se ha escrito, aunque de forma muy confusa y con muy poca profundidad y análisis.
Este texto es un fragmento íntegro de un artículo de la revista Historiografías de Roberto Muñoz Bolaños, titulado Un análisis incompleto de un acontecimiento excepcional: la literatura sobre el golpe de Estado del 23-F (1981-2014), que está disponible en PDF.