1- Contexto histórico
El reinado de Alfonso XIII (1902-1930) fue un período convulso en la Historia de España. En él se produjo la crisis del Sistema de Cánovas por la propia crisis del Turno de Partidos y de los propios partidos Conservador y Liberal en sí. Paralelamente se reforzaba la oposición republicana, nacionalista y, especialmente, los movimientos obreros, al tiempo que la sociedad y la economía experimentaban los primeros indicios de modernización.
Como respuesta a esta crisis, el sistema respondió con una tímida línea reformista a principios de siglo y con un cierre del sistema político después. Por su parte, el Rey Alfonso XIII intentó sustituir el inoperante juego político por un sistema autoritario sustentado por los militares. Eso le costó su trono.
Los primeros años del reinado de Alfonso XIII, entre 1898 y 1912 están marcados por el Regeneracionismo desde el poder, (o Revisionismo). Se trata de un serio intento de reformar el Sistema de la Restauración desde dentro y adaptarlo a las nuevas demandas sociales, especialmente de los movimientos obreros moderados. Sin embargo, no cambió lo fundamental pues fue incapaz de abrir el sistema político y hacerlo más participativo (los protagonistas del Revisionismo fueron Maura y Canalejas).
La primera manifestación del Revisionismo Político fue la “revolución desde arriba” del gobierno conservador de Maura (entre 1902-1909). Lo más importante de esta revolución desde arriba fue una tímida reforma de la legislación laboral que mejoraba algo la condición de los obreros.
La única reforma política fue la Ley de Reforma Electoral de 1907 que en su artículo 29 concedía automáticamente el escaño en las circunscripciones en que se presentara un solo candidato. Lejos de solucionar el fraude electoral, lo único que hizo fue “maquillarlo”.
El Partido Liberal de Canalejas llevó a cabo un regeneracionismo político de mayor alcance entre 1910-1912: nuevas leyes laborales, la eliminación del impuesto de consumos, la Ley del Candado (que limitaba la creación de nuevos conventos e instituciones religiosas) y sobre todo, la Ley de Reclutamiento de 1912, que eliminaba el Soldado de Cuota, aunque no acababa con las discriminaciones respecto al servicio militar. Estas reformas se vieron truncadas por el asesinato de Canalejas en 1912.
La Semana Trágica de Barcelona (1909) fue la primera crisis grave que sufrió el Sistema de la Restauración tras la Guerra de Cuba (1898). Esta sublevación no respondía a ninguna ideología concreta, sino que fue una explosión de descontento popular motivada por el paro en el sector textil y el embarque de los soldados destinados a Marruecos en el puerto de Barcelona. Entre los amotinados había anarquistas, republicanos y catalanistas que tomaron las calles de la ciudad durante una semana. Una de las manifestaciones de estos desórdenes fue la violencia contra la iglesia y la quema de conventos, tan irracional como espontánea. Estos ataques muestran cómo las clases bajas urbanas identificaban a la Iglesia con el orden constituido y con los intereses de las clases dominantes. Sin embargo, la quema de conventos fue vista en la católica España como un signo de barbarie y desorden público. La respuesta del gobierno de Maura contra la Semana Trágica fue el uso de la fuerza, e incluso una represión exagerada (como el caso del juicio y ejecución del anarquista Ferrer Guardia), lo cual le costó perder el poder. De este modo, en la Semana Trágica de
Barcelona estallaron a la vez todos los conflictos latentes en el Sistema de la Restauración ante la opinión pública y comenzó la lenta ruina de dicho sistema político.
La Semana Trágica y el asesinato de Canalejas (1912) no sólo pusieron fin al período del Revisionismo Político desde el poder sino que abrió un nuevo período (1912-1923) en el que se manifestó la crisis de los Partidos del Turno y el propio Turno de Partidos como lo había diseñado Cánovas. La crisis de los partidos del turno se debió a que no eran partidos de masas y, por tanto, dependían demasiado de líderes como Cánovas, Sagasta o Canalejas. Cuando éstos desaparecieron, la falta de liderazgo produjo luchas internas por el poder. Al mismo tiempo entró en crisis el sistema del turno que permitía la alternancia pactada entre el Partido Conservador y Liberal. A partir de 1909, y a raíz de la Semana Trágica, el Partido Conservador se vio obligado a dejar el poder por la presión internacional y de la oposición.
Paralelamente, la oposición política, marginada del sistema canovista se reforzaba en los primeros años del siglo XX. Entre la oposición política adquirieron mucha fuerza los partidos republicanos (demócratas y anticlericales) como el Partido Radical de Lerroux o el Partido Reformista de Melquíades Álvarez; también se siguieron desarrollando los partidos obreros, PSOE y Anarquistas, al ritmo del desarrollo industrial. Los anarquistas organizaron su sindicato, la CNT, a partir de 1910.
España no participó en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), aunque la opinión pública española se dividió entre aliadófilos y germanófilos, sin embargo, la guerra tuvo efectos económicos y sociales muy importantes en España. Durante la guerra, España pasó a ser suministradora de materias primas y alimentos a los contendientes, lo cual hizo aumentar mucho las exportaciones.
Esto tuvo un efecto expansivo sobre la economía, pues mejoró la balanza comercial. Sin embargo, el aumento de la demanda exterior provocó un ascenso generalizado de los precios. Mientras tanto, los beneficios obtenidos no se repartieron adecuadamente, ni se produjo un ascenso paralelo de los salarios. Consiguientemente, las clases bajas perdieron poder adquisitivo y aumentó el descontento y la conflictividad social (afiliaciones a los sindicatos, huelgas).
Todos estos problemas económicos y sociales se unieron al problema político y al descontento en el ejército, y finalmente se precipitaron en la crisis de 1917.
La primera manifestación de esta crisis fue la creación de las Juntas Militares de Defensa. Éstas se formaron desde 1916 entre la oficialidad intermedia y se sublevaron a principios de 1917. Las razones de esta sublevación fueron el descontento contra la política del gobierno liberal de Romanones: pérdida del poder adquisitivo de los militares, favoritismo en la concesión de destinos a Marruecos, exigencia de exámenes de “aptitud” considerados como una “deshonra”. El Manifiesto de las Juntas de Defensa supone la reaparición del protagonismo del ejército en la política, pues los militares aparecen como los garantes de los principios sagrados de la patria (unidad nacional, orden público, etc.). El rey Alfonso XIII, lejos de luchar contra este movimiento, lo apoyó, convencido de que el ejército era la mejor defensa contra la oposición política al Sistema de la Restauración y el mejor sustituto frente a la crisis política de dicho sistema.
Otro capítulo de la crisis de 1917 fue la Huelga General promovida al mismo tiempo por socialistas y anarquistas, y que protestaba contra la pérdida de poder adquisitivo de los obreros. Sin embargo, más importante que las reivindicaciones laborales (típicas de una huelga), eran las reivindicaciones de un cambio en el sistema político que justifican que se califique a ésta como una Huelga Revolucionaria. La huelga tuvo éxito en zonas urbanas (Barcelona, Madrid, Vizcaya, Asturias, Zaragoza), pero apenas tuvo importancia en otras zonas como Andalucía. La respuesta del gobierno
fue negarse a negociar y el uso de la fuerza, el ejército fue así utilizado como una fuerza de orden público contra los huelguistas.
Tras la crisis de 1917 se hizo patente la inoperancia del sistema político y su incapacidad de abrirse a un modelo más democrático. Aún se intentó revitalizar con gobiernos de concentración que reunían a las fuerzas políticas monárquicas y conservadoras, pero éstos también fracasaron. Al rey sólo le quedaba la vía militar.
La Guerra de Marruecos fue un auténtico cáncer de la vida política española entre 1906 y 1927. Su origen está en la Conferencia de Algeciras (1906), en que las disputas entre las grandes potencias por el Protectorado de Marruecos provocaron la concesión de la parte septentrional de éste, el Rif, a España.
El Rif era una zona pobre poblada por tribus belicosas llamadas kabilas que constantemente amenazaban los puertos de Ceuta y Melilla.
El gobierno de Maura y el ejército español se plantearon la conquista del Rif como una cuestión de honor y prestigio nacional que permitiera olvidar a la opinión pública el desastre del 98. Además existían ciertos intereses económicos en la zona (minas de hierro).
Sin embargo, la cuestión de Marruecos se convirtió en un terrible problema pues lejos de una victoria fácil se convirtió en una larga pesadilla por la resistencia de los rifeños dirigidos por un líder muy hábil: Abd-el-Krim.
La Guerra de Marruecos dividió a la sociedad española. Por un lado, los políticos se dividieron entre aquéllos que apoyaban la conquista de Marruecos y los que preferían su abandono. Los militares se dividieron entre los africanistas (favorecidos por los ascensos conseguidos por méritos de guerra en Marruecos) y los juntistas (marginados en la Península y sometidos al ascenso por riguroso escalafón -éstos acusaban de enchufismo a los africanistas-). Por último, la Guerra de Marruecos agravaba el problema de los soldados de cuota que libraba del servicio militar a los hijos de las clases acomodadas (esto provocó la Semana Trágica de Barcelona).
El punto álgido del conflicto marroquí llegó en 1921 cuando el General Fernández Silvestre fue derrotado en Annual. Se perdieron más de 13.000 hombres y la propia ciudad de Melilla estuvo a punto de caer en manos de Abd-el- Krim. La oposición acusó al gobierno e incluso al propio rey de ineptitud. El desastre de Annual fue una de las causas más importantes del golpe de estado del General Primo de Rivera (1923).
La Dictadura de Primo de Rivera surgió como la última oportunidad que tenía la monarquía de Alfonso XIII de perpetuarse mediante la solución de los problemas que aquejaban a España. Entre sus causas está la inoperancia de los Partidos del Turno, el estado de agitación social influido por la Revolución Rusa de 1917, el Desastre de Annual y el ejemplo del triunfo del Fascismo en Italia (1922).
El Golpe de Estado de Primo de Rivera contó con el apoyo del empresariado catalán interesado en acabar con el peligro anarquista, de un sector del ejército partidario de la mano dura contra el desorden social y, sobre todo, del rey Alfonso XIII como único medio de perpetuar la monarquía.
El Directorio Militar (1923-1925) fue el primer período de la Dictadura. Se trataba de un gobierno formado por militares (no tiene nada que ver con el Fascismo Italiano, pese a las similitudes en la toma del poder) que suspendió aunque no derogó la Constitución de 1876 pues pretendía ser una solución temporal a la crisis. Este primer período estuvo coronado por varios éxitos como el
Desembarco de Alhucemas (1925) que llevó a la derrota de Abd-el-Krim gracias a la colaboración con los franceses (1927). Otro éxito fue la represión del anarquismo en Barcelona.
En las tres primeras décadas del siglo XX se produjeron transformaciones muy importantes en la demografía que indicaban la tendencia de la sociedad española hacia una incipiente modernización y mayor peso del mundo urbano.
La Gripe Española de 1918-19 fue la última mortalidad catastrófica que afectó a España (más de 200.000 fallecidos en un solo año) y a partir de los años 20 se fue produciendo una incipiente transición demográfica: caída de la mortalidad y especialmente de la mortalidad infantil. Esto no se tradujo, sin embargo, en un crecimiento demográfico espectacular, pues la natalidad también cayó muy pronto. Sí aumentó la esperanza de vida por la desaparición de las grandes hambres y epidemias. Otro fenómeno de este período fue la mayor intensidad de los movimientos migratorios, tanto hacia América como, sobre todo, los movimientos migratorios internos hacia las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao, etc.)
Respecto a los sectores de actividad, y aunque siguió dominando el sector primario, se produjo un crecimiento del sector secundario. En general, la sociedad se hizo algo más urbana.
La producción agrícola continuó aumentando en el primer tercio del siglo XX, pero los rendimientos seguían mucho más bajos que los europeos. Respecto a la industria, el sector dominante fue la siderurgia vasca. Tanto la agricultura como la siderurgia subsistían frente a la competencia exterior gracias a los aranceles más proteccionistas de Europa.
2- HISTORIA DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Antecedentes
El servicio militar como prestación obligatoria tocó a su fin con el sorteo de noviembre de 2000, mes en el que se cumplieron 230 años del establecimiento de dicha obligación en su fórmula original, y que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1770, durante el reinando Carlos III, con la promulgación de la Real Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio.
En el siglo XVII las contiendas armadas aumentaron en intensidad y duración, y los ejércitos en efectivos. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) fue el último gran conflicto de mercenarios y soldados de oficio nacionales. En Prusia y Francia -en especial en la última- surgió un nuevo modelo de ejército nacional; numeroso, con soldados profesionales voluntarios o forzosos, integrado en cuadros de mando y tropas permanentes, controlado por la burocracia del Estado y sujeto a reglas de comportamiento fijas.
El modelo de ejército nacional fue introducido en España, por Felipe V a principios del siglo XVIII. Surgió así un ejército permanente, de soldados profesionales contratados por el sistema de recluta voluntaria y que podía ser reforzado en caso necesario por levas o quintas de reclutamiento forzoso, bien para completar los efectivos de paz, bien para elevar su número en caso de guerra. Los sistemas de reclutamiento empleados eran cuatro: la recluta de voluntarios, la leva o quinta -vocablo éste con origen en la costumbre de elegir a un hombre de cada cinco-, la leva forzosa -constituida por recogidas de “vagamundos” y gente sin oficio- y la leva voluntaria, es decir, cuerpos o regimientos de voluntarios. El servicio militar era de larga duración (ocho años), por lo que los soldados procedentes de las quintas se convertían de hecho en soldados profesionales.
A partir de mediados del XVIII, sin embargo, se hizo patente que la recluta voluntaria disminuía de forma preocupante y no era capaz de cubrir las bajas producidas en los regimientos al licenciarse los que cumplían su empeño. Además de estimular la recluta voluntaria con diversas medidas, en 1770 se procedió a la única solución posible. Fue entonces cuando se publicó la citada Real Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio, que establecía una quinta anual pero sólo del número de hombres que necesitasen los regimientos para mantener sus efectivos y que no se hubieran cubierto con la recluta voluntaria.
El sistema para llevarlo a cabo era semejante al empleado en las quintas eventuales. El número asignado a cada población era escogido por sorteo entre los alistados solteros con edades de comprendidas entre los 18 y 24 años (a diferencia de los voluntarios, que lo eran entre los 18 y los 40) que reuniesen los requisitos exigidos de talla y robustez para el servicio. No se admitían vagabundos ni desertores. Estaban exentos del sorteo también quienes se excluían por razones de familia o de profesión. El servicio en filas era de ocho años y no se permitía la sustitución del elegido ni la exención por pago.
En 1800 se procedió a publicar una nueva ordenanza de reemplazo, cuyo objeto era, en lo primordial, disminuir el excesivo número de exenciones. También prohibía la sustitución, es decir, la presentación de otro hombre en lugar del sorteado, por lo poco -decía la ordenanza- que se puede esperar de quien se vende por otro. La proscripción había existido siempre a lo largo del siglo XVIII, pero sólo como una norma general cuyo incumplimiento se había tolerado.
La Guerra de la Independencia (1808-1814) supuso la participación masiva de los españoles en la lucha contra el invasor, bien en los restos del primitivo Ejército de los Borbones, bien como voluntarios, como reclutados en diversas levas o, finalmente, al ingresar en las partidas de la guerrilla. Esto fue así hasta el punto de que puede decirse que casi la totalidad de los hombres útiles entre los 16 y los 40 años tomaron las armas en el transcurso de los seis años que duró la lucha.
Entre tanto, las Cortes de Cádiz intentaron crear un modelo de ejército nacional acorde con las ideas de una nueva época. Sin embargo, permitieron la exención por donativo, que, con posterioridad, se llamó redención en metálico. La justificación que se dio a esta medida fue puramente económica y por la necesidad de atender al vestuario y sustento de los ejércitos. Los exentos, que debían abonar la cantidad de 15.000 reales, no tenían porqué ser sustituidos, su número no debería superar el de treinta hombres cada mil y la exención era sólo por tres años.
Siglo XX
Las injusticias del sistema de reclutamiento (que permitía librarse del servicio a los que pudieran pagar la redención en metálico), demostraron ser insoportables a partir del escándalo subsiguiente al desastre del Barranco del Lobo (27 de julio de 1909) y de las movilizaciones antimilitaristas de la Semana Trágica de Barcelona. Se intentó mitigarlas con la Ley de Bases del Servicio Militar de 1911 y el Reglamento de 19 de enero de 1912, que ya no libraba completamente del servicio, pero reducía el tiempo y permitía elegir destino.
La ley de 1912 estableció la duración del servicio en filas de tres años, otros cinco de servicio activo fuera de filas, seis años en la reserva y cuatro en la llamada reserva territorial. El excedente de cupo pasó a llamarse cupo de instrucción y, en teoría, debía recibir una instrucción elemental. Desaparecieron la sustitución y la redención en metálico pero se creó la figura del soldado de cuota, así llamado por obtener una reducción del servicio en filas a ocho y cinco meses, mediante el pago de una cuota de 1.000 y 2.000 pesetas, respectivamente. Debía, además, recibir una preparación premilitar y demostrar recursos para sustentarse y alojarse fuera del cuartel.
Esta ley fue reemplazada en 1924 por un decreto-ley que rebajaba el servicio en filas a dos años, seguido de otros cuatro en servicio activo fuera de ellas, más dos situaciones de reserva sucesivas de seis años cada una, con lo que la disponibilidad militar se prolongaba durante 18 años. Se mantuvo el soldado de cuota, pero la cantidad a pagar pasó a llamarse cédula y su importe estaba sujeto a dos escalas: una, en razón de las rentas del interesado o de sus ascendientes, y la otra, de su sueldo, si percibía alguno.
Se suprimió el cupo de instrucción y esto creó graves problemas ya que, por razones presupuestarias, no podían instruirse los contingentes completos. Hubo, por consiguiente, que recurrir a la reducción del servicio en filas a la mitad de lo prescrito. Además, a las unidades se incorporó un número excesivo de hombres por lo que se hizo necesario licenciar a otros. Se dio el caso de soldados que obtuvieron la licencia a los dos o tres meses de su incorporación.
Durante todos estos años fue difundiéndose un discurso militarista del deber patriótico y cívico, del honor de realizar el servicio militar y, si convenía, del morir por la Patria. Pero este discurso dominante contrasta con una realidad social en la que tanto las familias como los propios individuos afectados hacían todo lo posible para no realizar el servicio militar mediante formas diversas, tanto legales (como la redención en metálico o la sustitución, más tarde, las cuotas militares) como ilegales (prófugos, desertores, mutilaciones, etc.).
Las elevadas proporciones de jóvenes que esquivaban el servicio militar, la antipatía popular hacia el sistema de quintas (reflejado en refranes populares al estilo de “Hijo quinto sorteado, hijo muerto y no enterrado” o “Quintado mareado, piel y huesos sorteados”) y los conflictos sociales originados en la contestación popular a la conscripción (ante la Guerra de Cuba, la Semana Trágica o la Guerra de Marruecos, por ejemplo) nos muestran cómo ese discurso militar no tan sólo no había sido recibido por la población, sino que el impacto de la conscripción militar obligatoria podía calificarse de doloroso y desconcertante.
3- ARCHIVO DE SANTA POLA
El Archivo Municipal es un servicio que se crea para reunir, conservar y facilitar el acceso a los documentos producidos por las oficinas municipales desde sus orígenes.
El Archivo tiene dos objetivos: agilizar la gestión del Ayuntamiento mediante la conservación y organización de los documentos y expedientes municipales, y la promoción de la historia local facilitando la consulta de sus fondos a los investigadores e interesados en conocer la historia de la localidad.
El Archivo Municipal es un servicio de reciente creación. En el año 2000 se crea la plaza de Archivero-Bibliotecario y se añade a las Bibliotecas Municipales la responsabilidad del Archivo Municipal. Se organiza a partir de ese momento el Servicio de Archivos y Bibliotecas, con un Negociado de Archivos y un Negociado de Bibliotecas. En marzo de 2002 finalizan las obras de la nave municipal del polígono industrial IN II donde se ubica el archivo, y en mayo de 2004 comienza su funcionamiento, una vez finalizado el traslado de todos los documentos que se encontraban dispersos en distintas dependencias municipales. Desde entonces se han acometido obras de reforma y acondicionamiento de las instalaciones (en 2007 y 2009) que han permitido disponer de una sala de consulta para los usuarios, y han mejorado y ampliado la zona de trabajo. En estos años se ha organizado un sistema de Archivos de Oficina y se ha mantenido un sencillo sistema de préstamo. Además, con la colaboración de los distintos departamentos municipales se han establecido las normas para la transferencia anual al archivo de la documentación de los distintos archivos de oficina.
La documentación más antigua conservada en el Archivo Municipal es posterior a 1835, momento en que Santa Pola consigue la autonomía municipal definitiva de Elche. Y aunque se conserva buena parte de la documentación de la segunda mitad del siglo XIX, tenemos referencias de la existencia de documentación anterior.
El Archivo Municipal, en su corta trayectoria, además de los documentos municipales ha incorporado a sus fondos documentos de otras instituciones, asociaciones locales o de particulares.
El hecho de que Santa Pola fuera una más de las pedanías de Elche hasta 1835, condiciona que la documentación derivada de la gestión municipal anterior a esas fechas haya que buscarla en el Archivo Municipal de Elche. Desde entonces los documentos municipales conservados en el Ayuntamiento han sufrido muchas vicisitudes: traslados conforme se ampliaban o cambiaban de ubicación las dependencias municipales, y sobre todo la despreocupación o falta de conciencia de la importancia del patrimonio documental como parte del patrimonio local, lo que ha provocado la pérdida de muchos documentos y en consecuencia la falta de continuidad de muchas de las series que conservamos.
Desde que en el año 2002 el Archivo Municipal abrió sus puertas, como tal, sus técnicos se han enfrentado a la ardua tarea de ordenar e inventariar los documentos que llegaban de los distintos departamentos municipales, donde han estado almacenados durante decenios.
“Toda la información nos llegaba mezclada, sin ningún tipo de orden, algunos documentos históricos en estado lamentable por no estar guardados en condiciones, pero afortunadamente no había nada perdido. Ahora el reto es preparar toda la documentación para hacer consultas detalladas”, explicaba Rafael Pla, archivero municipal.
Herencia histórica
Pese a comenzar un proceso de catalogación que durará varias generaciones, según Pla, los archivos están accesibles al público.
Con ello, protegidos con la última tecnología contra incendios, alrededor de 5.200 metros lineales de estanterías están ocupadas por documentos tan antiguos como las actas municipales desde el año 1845, los padrones de viviendas desde 1898, documentación de quintas… Asimismo, el archivo de Santa Pola guarda el fondo documental del maestro Quislant, compositor del motete a la Virgen de Loreto, con partituras de finales del siglo XIX y principios del XX. Y también el fondo de la Comandancia de Marina con libros datados desde 1850.
“Todos estos documentos ofrecen una rica información sobre los principales problemas de Santa Pola en el pasado, la preocupación permanente desde 1812 a 1946 por el término municipal, la ampliación del puerto en los años 30, la preocupación por el alumbrado público y el agua corriente… son asuntos muy palpables en estos archivos”, explica Rafael Pla.
Durante los diez años de existencia del Archivo Municipal en el polígono industrial IN2, se han enfrentado a tres obras de remodelación importantes, como el aislamiento de los techos, la instalación del sistema ignífugo, la ampliación del local y la creación de la sala de consultas.
DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTA POLA
El día 12/02/2010, fue autorizado al Ayuntamiento de Santa Pola, con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local el proyecto:
Presupuesto para este proyecto: TOTAL: 47.145,00 Euros
Carrer Obrers de vila, s/n (Polígon industrial IN II). 03130 Santa Pola
Teléfon: 96 669 03 42 / 96 669 27 73
E-mail: arxiusantapola@cv.gva.es
Rafael Pla Grau, archivero
En 1812 Santa Pola se constituye en municipio independiente de Elche, creando su propio Ayuntamiento. En 1874, el Rey Alfonso XII le concedió el rango de Villa. En 1944 se le asignó territorio propio. El siglo XX termina con un importante aumento de la población y una considerable expansión urbana. Para ello fue decisiva la actividad mercantil del puerto, cuyo valor de exportaciones, a partir de 1865 lo coloca a nivel medio entre los puertos provinciales, aumentando su actividad, siendo en 1897 cuando se autoriza construir el muelle embarcadero. Actualmente Santa Pola es un municipio turístico de 31.529 habitantes, que cuenta con una flota pesquera de las más importantes del Mediterráneo y con un gran potencial de desarrollo, debido a su privilegiada situación geográfica y al carácter abierto y emprendedor de sus gentes.