Durante el siglo XIX y los primeros años del XX, el reclutamiento militar recaía en tres niveles administrativos: los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, y Ministerio de Guerra y Gobernación.
Con la constitución de 1812, y con la reorganización provincial de Javier de Burgos de 1833, las diputaciones provinciales supusieron un mecanismo idóneo para la gestión del reclutamiento y remplazo. En 1896, se promulga la ley que creó la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, una institución de ámbito provincial y carácter interinstitucional que dirimirá en última instancia quienes eran aptos y quienes no lo eran.
Las competencias de este organismo clave para los remplazos de quintas eran principalmente: las operaciones de remplazo, resolución de incidencias, revisión de mozos y estudio de los recursos que promuevan contra los fallos dictados, así como las imposición de sanciones económicas. La labor de esta institución estará plagada de problemáticas desde 1898 con el “Desastre Colonial” hasta 1927, cuando termine la “Guerra del Rift”. Si es cierto que previamente tuvo problemáticas los sistemas de reclutamiento forzoso, bien sea por vía de milicias, levas o sorteo de quintas.
Con las pérdidas de las colonias en 1898, y concretamente con la guerra en Cuba se inicia una carrera de estrepitosos fracasos bélicos para España. Esto, es sólo un aditivo más al caldo de conflicto social del momento en la Península. Si es cierto que con anterioridad, era común el reducido número de mozos llamados a filas y aptos dados sus contextos económicos y familiares; ahora las restricciones se van haciendo progresivamente más inflexibles con objeto de satisfacer las necesidades de efectivos del ejército.
La entrada en África, como probatoria de su poder aún colonial sólo trajo consigo el menor interés de la población por participar a filas, a razón del miedo a ser llevado a esos destinos de conflicto. La participación concreta en Marruecos se debe entender como últimos atisbos del colonialismo español bajo el contexto del imperialismo en lo referente al escenario político, sin embargo el trasfondo es una realidad de subprotectorado español concedido por Francia, es decir, la gestión administrativa recaía en autoridades españoles pero la soberanía era gala.
En paralelo el contexto de desigualdad social que crecía en el país, las zonas más industrializadas llevaban parejas movimientos obreros antimilitaristas y anticlericales, que cuestionaban al humillado ejército del 98 y el poder de la Iglesia respectivamente. Era todo un reflejo del nacimiento de una oposición política al sistema de la Restauración apoyado en el turnismo por medio del “pucherazo” y el caciquismo en decadencia en las regiones más industriales. En consecuencia se afianzaba los movimientos sindicalistas
La guerra de Melilla, tuvo como casus belli el ataque a mineros españoles. Con su cenit en el “Desastre del Barranco del Lobo” junto con la “Semana Trágica de Barcelona”, fueron el inicio de todo un proceso reformatorio en el campo de los reclutamientos que culminaría con la “Ley de Reclutamiento y Remplazo de 1912”.
La nueva legislación reducía los casos posibles de excepción y la hacía más justa para todos. Bajo la presidencia de José Canalejas, se creó el servicio obligatorio frente al forzoso que perduró casi un siglo. Nació la figura del “soldado de cuota” para eliminar los sistemas de sustitución y redención en metálico, los cuales hasta el momento fueron la vía de escape para muchas familias pudientes. Pero también cabe destacar sus intencionalidad pragmática, inmerso el país en un proceso de pacificación del Protectorado de Marruecos, estaban los ejércitos faltos de efectivos.