Todo indica que hay una estrategia política para criminalizar a los profesores, estigmatizarlos socialmente, porque están siendo la punta de lanza de las protestas contra los ajustes.
Juan Ramón Gil, diario Información.
No creo que ni el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ni el vicepresidente del Consell, José Císcar, sean dos extremistas neocon de los que piensan que la Educación no es el arma más efectiva contra las desigualdades sociales, sino el mejor instrumento para perpetuarlas. No opino que estén en esa línea radical, en la que sí veo, por acción u omisión, a otros dirigentes del PP. Pero después de los últimos acontecimientos no cabe pensar otra cosa que la de que existe una estrategia política para criminalizar al colectivo de los enseñantes, como antes se hizo con el de los funcionarios en general. Sólo en esa clave pueden entenderse las medidas en Educación anunciadas por Císcar tras el pleno del Gobierno autonómico del viernes.
Y es que nada de lo que el Consell decidió en ese pleno apunta a una mejora de la Educación. Ni tampoco, como se pretende hacer ver, sirve para gestionar de forma más efectiva los medios, escasos, con los que la enseñanza pública, pero también la concertada, cuenta en estos momentos.
Los profesores ya trabajaban en julio, aunque no sea mes lectivo. Se preparaba el curso próximo, matrícula incluida, y se cerraban los flecos que junio había dejado pendientes, entre otros la firma de actas de exámenes y certificados. En un mundo cuyos constantes cambios les afectan a ellos más que a nadie, los enseñantes acudían a cursos de formación, y la Generalitat lo sabe porque muchos los organizaba ella misma a través de los llamados CEFIRES. Se preparaban los exámenes de septiembre y se adecuaban los planes a los continuos cambios en los programas. Se hacía, en definitiva, trabajo formativo y administrativo. Exactamente lo mismo que el Consell anuncia ahora que va a ordenar hacer. O sea, que se dice que se va a imponer lo que en realidad ya estaba impuesto. No hay provecho alguno para los alumnos, los únicos que de verdad importan, en esto que a bombo y platillo se promulga, para admitir a renglón seguido, pero en voz baja, que no hay que cambiar la ley porque esto ya está en la ley. ¿Ha habido abusos? Puede, ¿dónde no los hay? Pero entonces diga el vicepresidente cuántos, cómo y con el consentimiento de quién, porque le recuerdo que está hablando de empleados públicos sometidos a un aparato que empieza en los directores y acaba en el titular de la Conselleria. O sea, que o no son generalizados, o si lo fueran las cabezas que tendrían que rodar no serían precisamente las de los profesores.
Se anuncia también que se doblarán turnos en los institutos. ¿Y? ¿Va a haber más profesores? Porque si no los hay, y dado que Císcar no parece Jesucristo y Fabra sólo se asemeja a él en que son los suyos, y no los romanos, los que están empeñados en crucificarle; puesto que, quiero decir, ninguno de los dos puede obrar el milagro de multiplicar los panes y los peces o el de otorgar a los maestros el don de la ubicuidad, la medida podrá desequilibrar aún más la difícil situación de padres y alumnos; conseguirá, seguramente, que algunos enseñantes realicen su trabajo en peores condiciones si deben partir jornadas, pero en ningún caso contribuirá a que el exceso de alumnado por aula y su repercusión en la mala calidad de la enseñanza se corrija. Si hay los mismos profesores, o menos, y los mismos alumnos, o más, el resultado final será el mismo, sea el horario intensivo y de mañanas, o partido y a doble turno. ¿Se eliminarán así barracones, de los que hay todavía 900? Puede que alguno sí, pero la mayoría no, salvo que a alumnos que ya han sido machacados al verse forzados a recibir clases en instalaciones que en invierno son un congelador y en verano una caldera, ahora les apliquen en sus derechos otra vuelta de tuerca obligándoles a estudiar por la tarde/noche y, en algunos casos, más lejos de donde viven, porque ya hay institutos enteros de barracones. O sea, que esto no es tan simple como que unos por la mañana, otros por la tarde, y todos en aulas de verdad y no prefabricadas: algunos tendrán que desplazarse, porque sólo tienen a su alrededor chapa y pintura. Teniendo en cuenta que muchos de esos alumnos ni siquiera son jovencitos, sino que en realidad son niños de 12 años, la solución que plantea la conselleria puede resultar un parche peor aún que el que ya padecíamos. Y lo de recortar las vacaciones de Navidad en un día, suena a más demagogia e improvisación. Podríamos hablar de racionalizar el calendario escolar, de tal manera que los períodos vacacionales, siendo los mismos, estuvieran más repartidos a lo largo del año, como ocurre en otros países. Pero que todo el plan sea sumar un día al curso parece una broma.
Parece, pero no lo es. Porque todo tiende al mismo propósito: el de trasladar de los profesores la imagen de que son una panda, si no de vagos y maleantes, sí al menos de gente que trabaja poco y exige mucho. Y en esa línea es en la que anuncio que sus vacaciones empezarán en agosto, como si legalmente no fuera ya así; digo que van a doblar turnos, aunque sé que harán las mismas horas, con lo que no busco optimizar recursos sino castigar a los docentes; y remato con que les quito un día de vacaciones, a sabiendas de que ese discurso, que no es nuevo y ha venido siendo alimentado durante años fundamentalmente por el PP, ha calado en la sociedad, que de forma frívola se muestra en general muy dispuesta a considerar, efectivamente, a los profesores como gente privilegiada.
Olvidan que no sólo les hemos encomendado la educación de nuestros hijos, es decir, la construcción del futuro, sino que más allá de eso, les hemos transferido toda la responsabilidad sobre ellos, haciendo en muchos casos los padres dejación de la nuestra. Ignoran también que la sociedad les ha trasladado esa enorme carga al mismo tiempo que de forma estúpida les retiraba todo resto de autoridad y las administraciones, fueran del color que fueran, volvían la vista a otro lado cuando eran agredidos física o psicológicamente por alumnos que estaban en los institutos porque ha habido gobiernos que los han considerado, más que centros de enseñanza, parkings para adolescentes problemáticos. Callan que hay 7.500 interinos, el 65% de ellos inexplicablemente concentrados en Alicante, porque las plazas necesarias para cubrir todas las necesidades de profesorado que había no se han sacado sencillamente porque los interinos, esos a los que ahora se quiere echar, salían más baratos. Pasan por alto que ya antes de la crisis había maestros que eran poco más que mileuristas y que, ahora, con la gran depresión, ni siquiera alcanzan ese estatus, porque si cobras 1.400 euros al mes pero te van a reducir meses de trabajo y, además, tienes que desplazarte de ciudad o incluso de provincia, tus recursos no alcanzan más que para darte de alta en el hashtag#nimileurista y consolarte twitteando. Hay maestros que, con más de cuarenta años, siguen viviendo como estudiantes: compartiendo piso. Ocultan, en fin, que el problema de la Educación nunca han sido los profesores (aunque en ese colectivo, como en cualquier otro, los haya excelentes, buenos, regulares o malos), sino los sucesivos gobiernos, incapaces de afrontar su reforma como lo que es: una cuestión de Estado.
Así que, sí. Lo que hizo Císcar el viernes no fue una broma, sino un aviso a navegantes. ¿Por qué cebarse en la Educación? Porque, a pesar de sus muchas diferencias internas, es el colectivo de los enseñantes el que más activo se está mostrando en contra de los ajustes impuestos por los gobiernos central o autonómico. El que lidera, de momento, las protestas en la calle. El que, ya digo que contra viento y marea, más unidad está demostrando. En resumen, el que verdaderamente moviliza a buena parte de la gente que está saliendo a protestar y, por tanto, el que el Consell empieza a ver como el enemigo a batir. Los sanitarios, por ejemplo, están siguiendo otra estrategia: la de la huelga encubierta, la huelga de celo. Atienden cada día a menos pacientes como respuesta a los recortes que les están imponiendo. Y saben, además, sobre todo los médicos, que tienen mucha más fuerza y no necesitan echarse al monte para mantener el pulso. Pero la Educación es otra cosa. Los sueldos ahí son, en general, bajos; la precariedad, alta; el reconocimiento social, mínimo y, como dijo un político tan sincero como cínico, a la hora de coger las tijeras lo más fácil es hacerlo en Educación porque los efectos de la poda sólo se verán a largo plazo, en las futuras generaciones, y para entonces los que ahora mandan ya estarán calvos.
La hiperactividad del Consell tomando decisiones semana sí y semana también en materia educativa empieza a resultar, más que desmedida, sospechosa. Parece como si la Educación fuera la madre de todos los problemas y no la sufridora de los mismos. Parece que la solución a la crisis se le hubiera encomendado, en vez de al conseller Vela o al dicharachero Buch, a la consellera Catalá. Como eso no tiene lógica, sólo cabe concluir que de lo que se trata es de estigmatizar a los profesores para restarles respaldo social. Ocurre que no conozco a ningún maestro que haya construido aeropuertos sin aviones, que haya quebrado entidades financieras, o al que le hayan regalado ni trajes ni bolsos de Loewe. Así que convendría no perder la perspectiva sobre quiénes merecen ser castigados sin recreo. Porque, por mucho que nos quieran distraer, no son precisamente los que dan clase en barracones, sino los que sólo salían del palacio para subir al coche oficial, los que nos han dejado en la indigencia.