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Como vengo sosteniendo, el nuevo organigrama del gobierno –junto a innovaciones interesantes- parece más pensado en términos de equilibrios y repartos de intereses que en una estructura eficiente, adaptada a las competencias reales que tiene la Administración General del Estado. También ha podido pesar la búsqueda del efecto mediático de algunas decisiones, y eso sí que se ha logrado al menos a corto plazo.
Pero el Presidente ha desaprovechado una ocasión para hacer una estructura coherente en el ámbito de las políticas sociales. El troceo del antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, más que discutible, podía haber tenido una solución más razonable con un Ministerio de Bienestar Social integrando las políticas de servicios sociales, de inclusión social , de apoyo a las familias, de integración a los inmigrantes y de políticas de salud.
O si se optaba por un integrar en un solo ministerio todas las políticas relacionadas con la Emigración, haber creado un fuerte Ministerio de Salud y Bienestar Social. Con el desarrollo de la Ley de la Dependencia -como elemento fundamental de la nueva legislatura- y la imperiosa necesidad de coordinar el espacio sociosanitario, hubiera tenido lógica esa integración en un solo ministerio. Con la formula elegida, de incluir la antigua Secretaria de Asuntos Sociales en el recortado Ministerio de Educación, nos podemos imaginar la suerte de estas materias: seguirán siendo la gran asignatura pendiente de nuestro Estado de Bienestar Social.
El Plan Concertado se mantendrá congelado, los planes de Inclusión Social serán meros documentos sin ninguna operatividad real, los presupuestos de este área seguirán siendo mínimos y continuaremos, otra legislatura más, sin acercarnos ni siquiera algún punto del PIB a la media del gasto de la Unión Europea en Bienestar Social.
La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales que está protagonizando un escandaloso apagón informativo sobre lo que está pasando con la gestión de la Ley de la Dependencia,-¿será que tal vez se quiere dar por cerrado el inacabado desarrollo de una Ley estatal, pasando la “patata caliente” a las Comunidades Autónomas para que se la guisen en solitario?- lo que evidenciará poco peso político en un Ministerio ya de por sí devaluado.
No sería leal si no digo que se percibe como el cajón de los restos. Lo que me parece una oportunidad perdida y una frustración.
