Categories
Denuncia Pública Por la Ley de la Memoria Histórica

La impunidad del fascismo

La Justicia española sigue dejando impunes los crímenes de la dictadura

InSurGente.- El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.

Público/insurgente.-

Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".


"Inhumano y cruel"

El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que "el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar". "Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos", agrega.

El dictador Videla será juzgado en Argentina por 32 desapariciones
Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir "a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.
En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.

La justicia argentina anuló por "inconstitucional" las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.

En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.
Martín Pallín: "Alguno todavía defiende la ley de Amnistía"

La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.

La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. "Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición", sentencia Martín Pallín.

Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado".

No obstante, Rodríguez Arias considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.

Categories
Artículo de opinión. Por la Ley de la Memoria Histórica

“La historia deben hacerla los historiadores, y la memoria la hace cada uno”

PALOS


DE


CIEGO

La tiranía

de la

memoria

JAVIER CERCAS 02/01/2008

El debate sobre la llamada memoria histórica parece el debate de nunca acabar. Aunque a menudo sea un debate bárbaro y fatigoso, es natural que no acabe: la memoria pasa, pero la historia no, y aquí de lo que se trata -de lo que debería tratarse- es de la historia, no de la memoria. Primero fue la llamada Ley de la Memoria Histórica -que no lleva ese nombre, sino un nombre imposible e imposible de citar aquí-; luego fue el juez Garzón pidiendo información sobre los desaparecidos de la guerra y la posguerra. De entrada, ambas cosas me parecen bien; en realidad, no entiendo que a nadie pueda parecerle mal que se resarza a las víctimas de la guerra y la dictadura, que se eliminen los símbolos del franquismo, que se ayude a enterrar dignamente a los muertos, que se realice un inventario de los desaparecidos. Otra cosa es que el Estado tenga que promulgar una ley para hacer lo que debería haber hecho sin necesidad de ninguna ley, que encima sea una ley que amaga y no da y que, para colmo, las autoridades se hagan las remolonas a la hora de aplicarla: a mí no me hace ninguna gracia que el Estado se ponga a legislar sobre la historia, no digamos sobre la memoria -como no me haría ninguna gracia que se pusiera a legislar sobre la literatura-, porque la historia deben hacerla los historiadores, no los políticos, y la memoria la hace cada uno, y porque una ley de este tipo recuerda embarazosamente los métodos de los Estados totalitarios, que saben muy bien que la mejor manera de dominar el presente es dominar el pasado; pero la ley está para cumplirse y, una vez aprobada ésta, hay que cumplirla de inmediato y a rajatabla. Otra cosa es, también, que tenga que ser un juez quien se encargue del asunto; esto, lo repito, tendría que haberlo hecho el Estado: Suárez no habría podido hacerlo, porque ese mismo día le bombardean La Moncloa; González no lo hizo, y Aznar -que habría sido bonito que lo hiciese, porque eso hubiera demostrado que la derecha se ha emancipado de verdad del franquismo-, tampoco; y ya que Zapatero amaga y no da y remolonea, está bien que Garzón le empuje un poco (más no hará: Garzón sabe que le será imposible hacer lo que se propone). En fin: todo esto se ha dicho y repetido mil veces; todo esto está bien: para las víctimas, para la memoria y para la historia. ¿También para la historia?

Algunos historiadores empiezan a ponerlo en duda: algunos historiadores empiezan a temer que la invasión de la historia por la memoria -un fenómeno no exclusivo de España: otros países han promulgado con anterioridad las llamadas Leyes de la Memoria- tenga contrapartidas peligrosas para la historia. Acaban de explicarlo Pierre Nora y Élie Barnavi en un debate publicado en el número de verano de Le Magazine Littéraire. Nora y Barnavi son dos historiadores serios: el primero, francés, es autor de un libro seminal, Los lugares de la memoria, que tuvo el acierto pionero de tomar la memoria como objeto de la historia; del segundo, israelí, conozco un libro breve y vibrante: Las religiones asesinas. Nora y Barnavi alertan al unísono contra lo que llaman “la tiranía de la memoria”: hasta una época reciente, la memoria había servido como material del historiador; ahora la memoria tiende a conquistar la historia, de tal manera que ésta tiende a ponerse al servicio de aquélla, si no a apropiársela. Pero la historia no puede estar al servicio de la memoria, sino de la verdad, y la memoria es por definición lo opuesto a la verdad, porque es parcial, personal, subjetiva, mientras que la historia debe aspirar a ser, si no total y universal, sí al menos objetiva. La memoria es un ingrediente de la historia, no la historia: uno de los riesgos de convertir la memoria en historia -uno de los riesgos de las llamadas Leyes de Memoria- consiste en la creciente inclinación a escribir la historia desde el punto de vista exclusivo de las víctimas, cuando la historia de las víctimas es apenas una parte de la historia, que sólo empieza a completarse con la historia de los verdugos: una no existe sin la otra, ni se explica sin la otra. La historia pierde así su función de reconstructora objetiva del pasado al subordinarse a la memoria; la propia memoria pierde su función de vínculo vivo con la reivindicación de justicia que la anima, de recurso de los vencidos de la historia, y al institucionalizarse puede convertirse en la coartada del terror: la memoria manipulada del Holocausto es una de las justificaciones de las salvajadas del Gobierno israelí; más cerca: la memoria manipulada del franquismo es una de las justificaciones de las salvajadas de ETA. El historiador es no es un ideólogo. El historiador no es un político. El historiador no es un juez. El historiador no es nada más que un historiador. Y nada menos.

Hasta aquí, en lo esencial, Nora y Barnavi. Necesitamos la memoria porque sin memoria no hay identidad; necesitamos la historia porque sin la historia sólo hay barbarie. Quizá distinguir entre una y otra -dar a la memoria lo que es de la memoria y a la historia lo que es de la historia- ayudaría a convertir este debate de nunca acabar en un debate civilizado. Quizá deberíamos proscribir la expresión memoria histórica.

Posdata (17 de octubre): Olé por Garzón.