Varias decisiones de importancia se han producido en los últimos meses en Colombia. Al menos tres de la Corte Constitucional y dos de la Corte Suprema de Justicia (tribunal fundamentalmente de casación), merecen ser incluidas:
A. CORTE CONSTITUCIONAL
1. Sentencia C-141 de 2010 (inconstitucionalidad del referéndum para la reelección presidencial)
Magistrado Humberto Sierra Porto.
a) Resumen
Aunque aún no se conocen ni el texto definitivo ni los votos particulares –salvamentos de voto– de dos de los magistrados, del comunicado de prensa puede extraerse lo siguiente: la sentencia contiene el examen de constitucionalidad de la ley 1354 de 2009, de iniciativa popular, que convocaba a un referéndum modificatorio de la Constitución para permitir la reelección del Presidente de la República por un tercer período.
b) La Corte encontró que la ley era inconstitucional, al verificar «un conjunto de irregularidades vinculadas a la financiación de la campaña en favor de la iniciativa de reforma constitucional» que «vistas en conjunto, configuran una grave violación de principios básicos de un sistema democrático». Encontró que se «vulneró el principio constitucional de transparencia, ya que toda la actuación fue dirigida a burlar los mandatos legales y constitucionales, como también el principio constitucional de pluralismo, al permitirse contar con recursos desproporcionados para privilegiar o favorecer la propuesta de convocatoria a una reforma constitucional».
c) En el procedimiento legislativo, la Corte encontró varios vicios:
– Se omitió ajuntar la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, sobre cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana (este vicio se repitió en otra ley de convocatoria a referéndum constitucional de iniciativa popular, que pretendía levantar la prohibición de cadena perpetua. Por varios vicios, entre ellos precisamente éste, la Corte –según notas de prensa, ya que no ha sido publicada la sentencia ni ha salido comunicado oficial del alto tribunal– también declaró inconstitucional la ley que convocaba a dicho referéndum, mediante sentencia
– Se modificó en el trámite legislativo el texto original del proyecto de ley presentado a iniciativa ciudadana, pues el texto original se refería a una reelección mediata o por período interpuesto, y no a reelección inmediata (invocación de violación del principio de democracia participativa).
– El proyecto de ley se aprobó por fuera de los plazos de reunión del Congreso, pues se aprobó en sesiones extraordinarias, cuya convocatoria se publicó en el Diario Oficial cuando ya las sesiones se habían realizado.
– La Corte encontró que algunos representantes de un partido político votaron violando el texto actual de los artículos 108 y 130 de la Constitución (voto por bancadas).
– Finalmente, la Corte se refiere a la «teoría de la sustitución de la Constitución», reiterando que no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Política de 1991». En este caso, la separación de los poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos preestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes.
2. Sentencia C-252 de 2010 (inconstitucionalidad de la declaratoria de un estado de excepción para la reforma al sistema sanitario)
Magistrado Jorge Iván Palacio
a) Resumen:
Mediante esta sentencia se declara la inconstitucionalidad del Decreto 4975 de 2009, que había declarado un estado de excepción (emergencia social) en todo el territorio nacional con el fin de que el Gobierno pudiera ejercer todas las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política. Ese estado de excepción se refería al estado financiero del sistema público de salud (sanidad) y de las Entidades Promotoras de Salud – EPS.
La Corte destacó que «el principio de subsidiariedad impone recurrir a la emergencia sólo cuando se está frente a la imposibilidad o insuperable insuficiencia de las instituciones normales para solucionar las crisis e impedir la extensión de sus efectos».
La Corte encontró que el decreto que declaró el estado de excepción era inconstitucional por «la inexistencia de hechos sobrevinientes y la disposición de mecanismos ordinarios para conjurar la actual situación». La decisión de la Corte analizó pruebas (con lo cual el juicio de constitucionalidad tuvo en cuenta elementos de tipo fáctico y no sólo de legitimidad), de las cuales coligió un problema estructural (diseño de la ley 100 de 1993), relacionado con el diseño, organización y sostenibilidad del sistema de salud, descartando así hechos «sobrevinientes y extraordinarios».
La Corte reconoce el carácter deficitario del sistema de protección social, razón por la que declaró (quizás en un exceso suyo), que «se hace imperioso avanzar hacia un sistema de protección social que garantice el goce efectivo del derecho a la salud dentro de un marco financiero sostenible a corto, mediano y largo plazo, que prevea fondos de reserva para periodos de crisis», ya que –afirma la Corte– «no se aprecia la existencia de una política permanente, integral y progresiva de salud que materialice con la mayor inmediatez posible los dictados constitucionales a favor de la población colombiana».
También dijo la Corte que algunos de los problemas se deben al «incumplimiento de la normatividad en salud, como la existencia de regulaciones no adecuadas al goce efectivo del derecho y sostenibilidad financiera del sistema», con lo cual descartó que la crisis tuviera causa en hechos imprevistos.
b) Resaltamos desde el Observatorio
«La Corte constató la existencia de una agravación en las finanzas del sistema de salud. Comprobó que la valoración que hizo el Ejecutivo sobre la gravedad financiera no resulta arbitraria, ni producto de un error manifiesto. Ello, sin dejar de reconocer que era una situación conocida de tiempo atrás, previsible en sus efectos, de avance progresivo y exponencial».
[…]
«Conforme a lo anterior, la declaratoria de la emergencia social no cumple los presupuestos materiales para la declaración del estado de emergencia social. Específicamente, no se está en presencia de hechos sobrevinientes y extraordinarios, lo cual por sí sólo haría inexequible el decreto. Y siguiendo el análisis constitucional tampoco se supera el juicio de suficiencia toda vez que el Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios para remediar la actual situación. Por lo anterior, resulta inexequible el decreto declaratorio».
c. Efectos diferidos: ¿Contradicción?
Particularmente interesante resulta el análisis de los llamados efectos diferidos de la sentencia: la Corte, dada la «excepcional gravedad de la situación financiera del sistema de seguridad social en salud» señaló que si bien es imperativo declarar la inconstitucionalidad del estado de emergencia por haber sido decretado por fuera de las hipótesis claramente determinadas por el texto superior», en virtud de las «graves consecuencias, socialmente injustas, y notoriamente opuestas a los valores y principios constitucionales, que se derivarían de la abrupta e inmediata pérdida de vigencia de todas las medidas expedidas en uso de las facultades de excepción», mantuvo en vigor las normas tributarias declaradas al amparo del estado de excepción. Esta decisión implicó algunos votos disidentes en este punto concreto, y fuertes críticas de quienes consideran que la Corte viola así el principio de lógico de no contradicción.
d. Votos disidentes y particulares:
Tres magistrados salvaron parcialmente el voto, manifestando su desacuerdo con la parte que otorgó efectos diferidos a los decretos que establecen fuentes tributarias de financiación. Otro magistrado consideró que la Corte se equivocó al darle efectos diferidos al decreto de declaración del estado de excepción pero en ese caso su voto disidente no fue parcial, sino total, al considerar que la sentencia –con la excepción introducida– era una «interpretación ad absurdum». Un magistrado más, aclaró su voto (voto particular).
3. Sentencia C-376 de 2010 (Obligatoriedad de educación primaria gratuita)
La Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el artículo 183 de la ley 115 de 1994, que confería una competencia al Gobierno Nacional para regular los cobros académicos en los establecimientos educativos estatales. El demandante de la norma pretendía que se declarara inconstitucional, al entender que en educación básica primaria no podía haber cobros de ninguna índole, ya que ésta es, según la Constitución, obligatoria y gratuita. La Corte consideró que debía dictar una sentencia manipulativa, declarando constitucional el artículo demandado, pero excluyendo de la competencia conferida al Gobierno Nacional los cobros referidos a la educación básica primaria, que es, como reza la Constitución, obligatoria y gratuita.
Esteban Hoyos Ceballos, profesor de la Universidad Eafit y experto en el tema, señala que son dos las consideraciones que revisten importancia desde el punto de vista argumentativo. La primera, la fuerza que la Corte le dio a la interpretación autentica del articulo 67 de Constitucion,en la parte relativa a la intención del Constituyente de 1991 de establecer o no excepciones para el cobro de derechos académicos en instituciones educativas públicas. Según Hoyos, la lectura de las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente indicaba que la excepción del artículo 67 de la Constitución se estableció para la educación superior y no para la educación primaria (ni siquiera la secundaria).
El otro punto interesante que resalta Hoyos es la discusión acerca del conflicto de normas constitucionales (en este caso el artículo 67) y normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En esos instrumentos internacionales es clara la obligación de gratuidad de la educación pública en la primaria. Aunque el artículo 67 no era tan claro, la Corte hace una lectura que lo hace compatible con el contenido de dichas obligaciones y declara la exequibilidad condicionada del articulo 183.
El texto de la sentencia puede verse y descargarse haciendo clic aquí.
B. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
1. Sala de Casación Civil – Sentencia de Octubre 7 de 2009 (Los principios generales del Derecho como normas de carácter sustancial cuya violación habilita para recurrir en casación)
Se trata de una sentencia proferida con ocasión de un recurso de casación. En ejemplo de exceso en la motivación, la Corte Suprema, tras rechazar todos los cargos en casación, incluyó un extenso obiter dictum sobre el papel de los principios en el Derecho (ocupa 28 páginas de las 63 que tiene toda la sentencia).
En concreto, se trató del cargo en el que el demandado –impugnante en casación– le atribuía a la sentencia de grado haber violado directamente la norma sustancial contenida en «el principio general del derecho según el cual nadie puede derivar derechos de su propia ilicitud».
La Corte expresamente acogió la distinción –diríamos, postpositivista– entre reglas y principios y lo hizo apoyándose en la obra de Zagrebelsky, lo cual la lleva a adoptar ciertas definiciones discutibles de esas piezas del Derecho. La Corte realiza una disquisición histórica sobre el reconocimiento de los principios como normas jurídicas en el ordenamiento jurídico colombiano, identificándolos con la expresión de «reglas generales de derecho» incorporada en algunas leyes y numerosas sentencias desde el siglo XIX. En particular, la Corte afirma que la aplicación de los principios generales se produce mediante analogia juris o bien de manera directa y por lo tanto, que puede invocarse un principio como norma de derecho sustancial que, en caso de ser violada, abre el paso a la vía casacional como mecanismo de impugnación de la legitimidad de una sentencia. Con todo, concluye que en el caso concreto la sentencia impugnada no violó principio alguno.
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2. Sala de Casación Civil – Sentencia de Agosto 29 de 2008 (La ausencia de motivación sustancial es causal de anulación de una sentencia, vía recurso de revisión).
Se trata de una sentencia dictada en virtud del llamado recurso extraordinario de revisión (aunque el juez competente es la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia), invocando la causal 8ª de revisión: existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Se acusa a la sentencia de carecer de verdadera motivación y la Corte señala que esta vía –el recurso extraordinario de revisión– es la adecuada para atacar tal vicio, que solía corregirse por una vía procesal alternativa, mucho menos formal y más expedita, como la acción de tutela contra sentencias (por ejemplo, por violación del derecho fundamental al debido proceso). Esta sentencia aclara que al decidir el recurso de revisión, el juez debe analizar el fondo de los motivos aducidos por el juez de la instancia, para asegurarse de que la motivación no es meramente formal, pero debe tener cuidado de no «caer en la tentación de sustituir los argumentos del fallo, por otros que considerara de mejor factura». La Corte concluye que, en el caso concreto, la acusada ausencia de motivación no es más que una discrepancia sobre la fuerza de los argumentos esgrimidos por el sentenciador de la instancia.
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