La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados autorizó eyer que España se adhiera a la Convención de la ONU sobre la Discapacidad y al Protocolo Facultativo, textos que obligan a los países que los ratifiquen a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, a prohibir la discriminación basada en las discapacidades y a garantizar igual protección de la norma para todos.

“Después del Congreso”, la tramitación irá al Senado, “donde pediremos que vaya de forma igualmente rápida, para tratar de que esté lista para el día 3 de diciembre”, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, informó a Servimedia el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Según aseguró en su día el embajador neozelandés Don MacKay, presidente del Comité Especial que negoció el texto, el objetivo de la Convención de la ONU sobre la Discapacidad es “elaborar detalladamente los derechos de las personas con discapacidades y establecer un código de aplicación”.

En virtud de este texto, los países que se unan a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en el documento y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.