15/10/2007 02:56 REBECA TOBELEM
MÁLAGA. El balance del casi primer año de aplicación de la Ley de Autonomía Personal no arroja un saldo positivo. La Junta de Andalucía ha admitido que no podrá cumplir los plazos ni ofrecer este año las prestaciones, como viene garantizado por decreto, a las personas gravemente dependientes.
Actualmente, según datos de la Junta de Andalucía, no se le ha hecho el examen para el diagnóstico ni al 26 por ciento de la población que lo ha solicitado, con 8.932 peticiones y unas escasas 2.365 valoraciones realizadas.
Ya no hay tiempo. Esto es lo que ha empujado a las familias de tres niños discapacitados a denunciar ante Fiscalía y el Defensor del Pueblo Andaluz el incumplimiento de los plazos por parte de la Junta de Andalucía. El abogado de las familias, Ignacio Loring, no entiende cómo un organismo asume con “total tranquilidad que no está cumpliendo una ley, cuando eso no se nos permite a los ciudadanos”.
La ley dice que la resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, que se computará a partir de la fecha de solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios. Transcurrido el plazo establecido (…) sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada”. Y esto es lo que temen afectadas como Mariola Rueda, madre de un niño autista con ocho años y de otra niña de cinco sin ninguna discapacidad.
“Sólo después de poner la denuncia, la delegada provincial, Amparo Bilbao, nos dijo que estaban desbordados y que la ley iba a tener carácter retroactivo ¿Pero cómo retroactivo si las ayudas económicas van a ser lo último? ¿Quién le devuelve a mi hijo los días? Si no hubiera ley me tendría que aguantar, pero con la normativa en pie exijo lo que me corresponde”, arguye esta madre.
Mariola y su marido Daniel Jesús Moreno trabajaban a tiempo completo antes tener a su hijo. 
Cuando le diagnosticaron el autismo, Mariola se acogió a la reducción de jornada, que mengua a la mitad el salario, y se encontró de un día para otro con la mitad de sueldo y el doble de gastos. “Mi hijo con apoyos lo puede hacer todo”, explica Mariola, que ya sabe que no podrá optar a un asistente personal porque para ello tiene que trabajar o cursar estudios de enseñanza no obligatoria.
“Los recursos son los que son” justifica la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Amparo Bilbao, que cuenta con 43 técnicos para cubrir todas las peticiones y pide “paciencia” por la envergadura y proyección de la normativa. Una vez se complete este examen, aún queda que el Gobierno autónomo elabore los Planes de Atención Individualizada (PIA) que confirman el tipo de servicio que cada persona con problemas de autonomía tiene.
El resultado, como valora la concejala de Bienestar Social, Mariví Romero es “una enorme frustración por las expectativas que había generadas”. Sólo en la capital, Romero explica que de 3.200 expedientes de solicitud enviados a la Junta, sólo han llegado 176 resoluciones y ningún PIA. “¿Qué plan tienen?, ¿que recursos se les dará?”, se cuestiona la edil que teme que todo el peso recaiga en los ayuntamientos.