La Junta sólo ha evaluado un 3% de las 57.000 peticiones para acogerse a la Ley de Dependencia
La consejera Navarro y el ministro
Caldera en una imagen en Sevilla
Caldera en una imagen en Sevilla
La Ley de Dependencia se aprobó en las Cortes Generales en diciembre del pasado año y entró en vigor en enero de este año. En abril la Junta de Andalucía ya anunciaba que en tres meses estarían revisadas las solicitudes de las familias que se quisieran acoger a estas ayudas. Nada más lejos, desde entonces se ha venido acumulando el trabajo, hasta el punto que hasta la fecha se cuenta un total de 57.000 solicitudes de familias andaluzas deseosas de recibir este apoyo, del que sólo se ha evaluado un 3%, según denuncia el diputado autonómico de Izquierda Unida, José Cabrero.
Precisamente hoy comparecerá en el Parlamento la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, para informar sobre el atraso que arrastra la Administración andaluza sobre la aplicación de la Ley, tal y como ya admitió hace una semana el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera.
Según el parlamentario de IU, a estas fechas, siguiendo el compromiso que había adquirido la propia Junta, ya se tenían que haber valorado los grados dependencia de estas 57.000 familias y haber evaluado sus posibilidades para acceder a estas ayudas. Cabe recordar que este año sólo tendrán derecho a estas prestaciones los que logren que la Junta los reconozca como «grandes dependientes», lo que supone que es un solicitante que depende de una ayuda personal prácticamente para todos los actos de su vida cotidiana.
Sin medios humanos y materiales
José Cabrero aseguró a ABC que la Junta carece tanto de personal como de medios técnicos para hacer frente al aluvión de solicitudes llegadas, teniendo en cuenta que habrá que hacer un programa individualizado, una vez que se haya procedido a la evaluación.
IU reclama a la Junta que destine un 1´5% del producto interior bruto andaluz (PIB) a las ayudas a la dependencia, «y no el 0´33% que se destina ahora». Y que se avance en la elaboración de una Ley andaluza de Dependencia, una medida que se aprobó antes del verano, recordó Cabrero, en el grupo de trabajo creado al efecto.
Dinero de la Junta
Precisamente ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, instó a las comunidades autónomas a que adelanten las ayudas económicas que contempla la Ley de Dependencia a las familias de los grandes dependientes que hayan sido evaluados. Recordando que, una vez evaluadas las personas dependientes, son las comunidades autónomas las que deben «prestar el servicio» que estas personas demanden.
Caldera señaló a Cuatro en declaraciones recogidas por Europa Press, que «es rotundamente falso que no se esté dotando de recursos financieros a la Ley de Dependencia», y destacó que el Estado va a aportar este año casi 500 millones a la Ley, que las comunidades tienen que aportar otro tanto y que el objetivo es que España gaste en la norma cerca de 10.000 millones en 2015.
El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que su formación pedirá la reprobación de la consejera para la Igualdad ante el «desastre» generado por la aplicación de la Ley.