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Mientras en andalucía hay movida, el resto de España calla.

Sólo 4 personas gestionan en las capitales las solicitudes de la Ley de Dependencia

La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, denunció ayer que sólo cuatro personas gestionan en cada capital de provincia andaluza las solicitudes para acogerse a los beneficios de la Ley de Dependencia, un hecho que contribuye al retraso en la tramitación de estos documentos, que ya ha motivado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de tres familias malagueñas contra la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

Este retraso, reconocido hasta por el propio gobierno andaluz, lo volvió a denunciar ayer el PP, cuya portavoz parlamentaria manifestó que, según datos facilitados por la Junta, la Consejería de Igualdad sólo ha resuelto hasta la fecha el 6,6% de las 57.307 solicitudes presentadas para acogerse a estas prestaciones. Un porcentaje que el PP considera, incluso, menor y que no llega siquiera al 2,7% en las capitales de provincia, según reveló Oña a partir de un estudio de las cifras en cinco ayuntamientos.

Según estos datos, de las 4.156 solicitudes presentadas en Málaga, se ha contestado a 144; en Almería se han presentado 1.708 solicitudes, de las que sólo se han atendido 60; en Cádiz 1.000, estando 39 de ellas atendidas; en Granada, 1.7000, atendidas 44; y en Huelva 1.100, atendidas 62.

Oña señaló, además, que este porcentaje del 2,7% se reduce aún más fuera de las capitales. Así que tras un estudio realizado en casi una decena de pueblos malagueños, entre ellos Marbella y Ronda, concluye que el porcentaje de atención de estas solicitudes se reduce a un 1,7%.

Retomando los datos de la Junta, el PP denuncia, además, que el 95% de los expedientes presentados en la provincia de Sevilla, que encabeza en números absolutos la cifra de solicitudes, está sin tramitar, es decir, 12.250 de 12.950.

Todo este retraso está produciendo una vulneración de los plazos de tres meses previstos en el decreto de junio de este año, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en Andalucía y en la propia ley.

Y ello, como recordó la dirigente del PP, a pesar de que la Junta destinó en 2007 una partida de 128 millones de euros para la aplicación de las medidas en el primer año de vigencia de la ley, que no ejecuta «íntegramente» pese a las demandas de los andaluces. Esta situación según los datos del PP, afecta a los aproximadamente 500.000 dependientes que hay en Andalucía, de los que la más de la mitad son severos o grandes.

Prestación sociosanitaria

De esta cifra de dependientes, señala Oña, el 80% son dependientes a causa de alguna enfermedad, razón por la que lamentó que la ley no haya regulado la denominada «prestación sociosanitaria», es decir, una «atención global que incluya cuidados sociales, que recoge la norma, pero también médicos, que no», aseguró la portavoz parlamentaria popular.

Ante esta aplicación «defectuosa» de la norma, el PP presentará una proposición no de Ley en el próximo pleno del Parlamento, en la que reclama, entre otras medidas, la reprobación de la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y que se pongan las medidas necesarias para subsanar los retrasos registrados. Además, reclaman a la Junta la aprobación en esta legislatura de la ley andaluza de dependencia.

One reply on “Mientras en andalucía hay movida, el resto de España calla.”

Vista esta noticia, una se asusta solo de pensar en aquellas personas tanto mayores como con diversidad funcional que residen en el entorno rural.
Porque si hay cuatro en cada capital de provincia, en los pequeños pueblecitos que dependen de otros y a su vez de las diputaciones provinciale, donde además desafortunadamente suele haber unas necesidad sociales tremendas, es fácil imaginarse que el resultado va a ser dependiendo del color político o : “cero zapatero”, “que con estoy no voy, Rajoy” o “ni pa pipas ni pa bares Llamazares”

Me apetecía la jocosidad porque dependa de quien dependa, esto no es más que agua de borrajas que sirvió más para fines electorales que verdaderamente sociales.

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