La Justicia andaluza admite a trámite la denuncia de tres padres de niños dependientes |
| Las familias culpan a la Junta de incumplir los plazos de valoración del grado de dependencia fijados por la Ley J. Rodríguez (La Razón)
Madrid- Cataluña abrió la espita y Andalucía siguió el ejemplo. Tres padres malagueños de menores dependientes denunciaron ante la Fiscalía el incumplimiento de los plazos de valoración fijados por la ley que, a priori, les ampara. Ayer, el abogado de los progenitores recibió en su despacho la notificación de que la denuncia ha sido admitida a trámite. Según Ignacio Loring, que representa los intereses legales de las familias, esto implica que la Fiscalía ha «visto indicios de la actuación ilegal de la Junta al no cumplirse los plazos fijados». Y es que, desde hace mucho tiempo, un gran número de familias que tiene puestas sus esperanzas en la aplicación de la Ley de Dependencia aguarda con impaciencia no a que se hagan efectivas las ayudas previstas, sino simplemente a que se realicen las correspondientes valoraciones para poder optar a ellas. La demora de estas evaluaciones no puede prolongarse más allá de tres meses desde el momento en el que se solicita. Y es aquí donde padres y familiares de personas dependientes están encontrando los mayores obstáculos. Cansados de esperar una llamada o un certificado que nunca llegaba, y ante la espada de Damocles de una desestimación por silencio administrativo, tres padres malagueños optaron por denunciar una situación que, consideran, atenta contra el bienestar y derechos de sus hijos. Según la denuncia presentada el pasado 8 de octubre, -«contra la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por incumplimiento de la Ley y el Decreto que desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema»-, los padres solicitaron «la valoración del grado de dependencia de nuestros hijos hace cuatro meses, sin que hasta la fecha se haya realizado la valoración correspondiente» . Echando mano de la normativa, la denuncia explica que «la resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro». Pero lo que más preocupa a los padres es el apartado en el que se especifica que «transcurrido el plazo establecido sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada». Responsables directos Según la denuncia, y siempre recurriendo a textos legales, las «Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados. En este caso, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social es la responsable en el correcto funcionamiento y desarrollo de la Ley y, por ello, los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administració n Pública que corresponda».Ante esta situación, los denunciantes consideran que «la Junta de Andalucía no está cumpliendo en estos casos concretos respecto a nuestros hijos menores dependientes, y muchos otros casos, con la Ley de Dependencia vigente, ni con los plazos previstos en la misma, para atender las necesidades de las personas con diversidad funcional en atención a su situación de dependencia». ++++++++++++
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| La Junta ha reconocido los retrasos |
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A raíz de la denuncia de los padres malagueños, la Junta de Andalucía ha reconocido las dificultades que están encontrando para poner la Ley de Dependencia en marcha en la Comunidad Autónoma. A mediados de este mes, un portavoz de la Administración autonómica puso sobre la mesa los retrasos en la evaluación de potenciales dependientes. Sin embargo, el Gobierno local ha mostrado su disposición a sortear estos escollos y a que todas las solicitudes reciban «la oportuna resolución administrativa» y a que no haya «ningún tipo de prescripción de derechos, ya que se reconocerán con carácter retroactivo desde el día en que se registró la solicitud». Aunque confesó la existencia de «dificultades» , desmintió que los retrasos se deban a la falta de personal.
Y es que el abogado de los padres malagueños, Ignacio Loring, afirmó en su momento que la Junta no tenía ni «medios económicos ni materiales. Ahora es cuando están contratando asistentes sociales» para que comenzaran sin problemas las evaluaciones de los beneficiarios de la ley. «Es ahora cuando se realizan las valoraciones, pese a que entrara en vigor a principios de año». Y es que el Gobierno, según él, «está vendiendo esto como el cuarto pilar del Estado del Bienestar y todo es mentira». Antes de que las tres familias andaluzas pegaran en la puerta de la Justicia, el portavoz del colectivo «Papás de Álex», Antonio Moreno, acudió también a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con una denuncia del mismo corte bajo el brazo.” |