Once meses entre la batalla política.
Primero fue la composición del Consejo Territorial de la Dependencia, dada la elevada presencia de cargos (12) del Gobierno. Luego, la ausencia del baremo para evaluar a las personas dependientes. Más tarde, la falta de regulación sobre el copago (la parte que han de poner las familias). Ahora (y desde el principio), la financiación, considerada insuficiente por el Ejecutivo valenciano. Así, la ley ha ido tropezando con diversos obstáculos, a pesar de que el jefe del Consell aseguró que la valenciana sería la primera comunidad en aplicarla. El PSPV ha denunciado que la Generalitat intenta neutralizar los efectos de la ley hasta las elecciones generales. El Ministerio de Trabajo, no obstante, coloca a Valencia en el furgón de cola, pero no obstruyendo, como Madrid o Murcia.