El Imserso sólo tiene registradas 53 valoraciones de personas dependientes en la C. Valenciana.
CC.OO. denuncia la falta
de apoyo del Consell a la ley.
A. G., Valencia
Los datos aportados ayer por el sindicato CC OO son una muestra más de la incertidumbre sobre la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, algo que ha llevado a la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, a abrir una investigación de oficio, como desveló ayer Levante-EMV. La responsable de Política Social de CC OO-PV, Rosanna Costa, citó ayer datos oficiales del Servicio de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que indican que a 25 de octubre el Gobierno valenciano había registrado en este fichero estatal 8.363 solicitudes de valoración de la dependencia, había iniciado el examen de 2.688 y había concluido 53 evaluaciones. «Vergonzoso», sentenció Costa. Según este archivo de datos, hay 4.776 valencianos internos en residencias a los que se ha reconocido provisionalmente la situación de gran dependencia, pero tienen pendiente aún la realización de la valoración y del programa individual de atención (PIA). Estas cifras complementan las aportadas por el vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, quien dijo en las Corts el lunes que han recibido más de 33.000 solicitudes y han valorado a 10.300 personas. A la vista de laos datos del Sisaad, la mayoría de esta documentación no ha sido incluida en el registro estatal.
Para CC OO, resulta obvio que con 35 valoradores no se podía cumplir la ley. «Ha habido falta de voluntad política para colaborar y apostar por una buena implantación», dijo Rosanna Costa. No obstante, la organización nacional del sindicato ha situado a la C. Valenciana entre las que hacen esfuerzos por la implantación de la ley. CC OO, FSP-UGT, EU y el colectivo de discapacitados (agrupado en el Cermi-CV) aplaudieron ayer la iniciativa de la Síndica. El presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Carlos Laguna, destacó que las preguntas que realiza Caballero coinciden con la sensibilidad del colectivo. «La ley no termina de arrancar y estamos un poco desamparados», afirmó Laguna, quien reclamó que la importante norma «no sea campo de batalla política». El Cermi-CV, anunció, se dirigirá hoy a Cotino y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para pedirle la creación de una mesa política que impulse el sistema de la dependencia. Según dijo, ni el Ejecutivo central ni el Consell «han hecho los deberes totalmente». Una visión diferente expresó el presidente del Consejo de Mayores de la C. Valenciana, José Fornes, quien no vio necesaria la investigación porque «creo que se están haciendo las cosas bien», afirmó. Bienestar Social, por su parte, no se pronunció ayer sobre la iniciativa de la Sindicatura.
Los datos aportados ayer por el sindicato CC OO son una muestra más de la incertidumbre sobre la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, algo que ha llevado a la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, a abrir una investigación de oficio, como desveló ayer Levante-EMV. La responsable de Política Social de CC OO-PV, Rosanna Costa, citó ayer datos oficiales del Servicio de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que indican que a 25 de octubre el Gobierno valenciano había registrado en este fichero estatal 8.363 solicitudes de valoración de la dependencia, había iniciado el examen de 2.688 y había concluido 53 evaluaciones. «Vergonzoso», sentenció Costa. Según este archivo de datos, hay 4.776 valencianos internos en residencias a los que se ha reconocido provisionalmente la situación de gran dependencia, pero tienen pendiente aún la realización de la valoración y del programa individual de atención (PIA). Estas cifras complementan las aportadas por el vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, quien dijo en las Corts el lunes que han recibido más de 33.000 solicitudes y han valorado a 10.300 personas. A la vista de laos datos del Sisaad, la mayoría de esta documentación no ha sido incluida en el registro estatal.
Para CC OO, resulta obvio que con 35 valoradores no se podía cumplir la ley. «Ha habido falta de voluntad política para colaborar y apostar por una buena implantación», dijo Rosanna Costa. No obstante, la organización nacional del sindicato ha situado a la C. Valenciana entre las que hacen esfuerzos por la implantación de la ley. CC OO, FSP-UGT, EU y el colectivo de discapacitados (agrupado en el Cermi-CV) aplaudieron ayer la iniciativa de la Síndica. El presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Carlos Laguna, destacó que las preguntas que realiza Caballero coinciden con la sensibilidad del colectivo. «La ley no termina de arrancar y estamos un poco desamparados», afirmó Laguna, quien reclamó que la importante norma «no sea campo de batalla política». El Cermi-CV, anunció, se dirigirá hoy a Cotino y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para pedirle la creación de una mesa política que impulse el sistema de la dependencia. Según dijo, ni el Ejecutivo central ni el Consell «han hecho los deberes totalmente». Una visión diferente expresó el presidente del Consejo de Mayores de la C. Valenciana, José Fornes, quien no vio necesaria la investigación porque «creo que se están haciendo las cosas bien», afirmó. Bienestar Social, por su parte, no se pronunció ayer sobre la iniciativa de la Sindicatura.