Milagros Ortega. / M. Á. SANTOS
Los acuerdos adoptados ayer entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central permitirán desbloquear la llamada Ley de Dependencia y, previsiblemente, antes de que finalice el año, los castellanos y leoneses podrán empezar a cobrar prestaciones. Así lo ha anunciado la gerente de Servicios Sociales, Milagros Ortega, tras un encuentro de trabajo en Madrid con la directora general del Imserso, Natividad Enjuto. Los gobiernos regional y central han establecido el acuerdo de financiación y tras caducar, el pasado día 9 de noviembre, la fecha máxima para elaborar el acuerdo de copago entre administraciones, el Estado ha comunicado que «no tiene intención de sacar un documento común y que cada comunidad debe utilizar el suyo», explica Ortega. Sin embargo, la ley establece que para definir la cantidad con la que el beneficiario participará para costear las prestaciones a las que accede debe analizarse la capacidad económica individual, pero la actual normativa de la Junta estima la del núcleo familiar. Por ello, Servicios Sociales no puede utilizar la tradicional regulación y deberá crear un nuevo documento para poder implantar el copago. Según explica Milagros Ortega, la percepción de ayudas «se sustentan en tres pilares, la aportación estatal, la de cada autonomía y la del dependiente en función de su capacidad económica». Por ello, probablemente como orden, «sacaremos aunque sea provisional, en previsión de futuros cambios, la norma que ordene en función de la renta y patrimonio del solicitante este aspecto de la ley».
Primeras ayudas
«Nuestra intención y voluntad -explica la responsable de Servicios Sociales- es desarrollar cuanto antes este vacío legal para que los ciudadanos con derecho este año a prestaciones (los más severos de Grado III) puedan acceder antes de que finalice el año a las ayudas que además son retroactivas desde que presentaran la solicitud». La mesa del diálogo social sobre la dependencia se reunirá en breve para analizar la regulación de la ley.
Además, en una reunión que duró más de cuatro horas y media, la Junta y el Imserso llegaron a un acuerdo sobre la financiación de la nueva ley estatal. Finalmente, el Estado aportará 17 millones de euros dentro del acuerdo de mínimos y en el de acordados, la Junta financiará la aplicación de la norma con 33 millones y el Gobierno central con otros 17 millones. Supone por lo tanto, que Castilla y León dispondrá este año de 66 millones de euros, financiados al 50% por ambas administraciones, para dar prestaciones a sus dependientes más graves.
Milagros Ortega destaca que el encuentro fue «muy satisfactorio» y que, desde luego, «no se puede dudar de nuestra colaboración con la prestación de la ley». No obstante, la responsable de Servicios Sociales de la región planteó en este encuentro dos problemas que Natividad Enjuto aceptó estudiar para el año próximo.
Dos acuerdos
Según explica Ortega, la Junta considera fundamental que la financiación del Estado para las prestaciones no incluya en el mismo acuerdo el capital necesario para gestionarlas. «Queremos que se desliguen en un convenio específico los gastos de valoración, inversiones o personal de las ayudas».
Otro de los aspectos reclamados por la responsable de Familia es la de que, en este sentido, la Ley General de Presupuestos no contemple de forma cerrada la financiación destinada a Castilla y León sino que sea ampliable a lo largo del año en función de necesidades, es decir, del número de solicitudes que que se presenten y de los planes individuales de prestaciones para cada demandante.
