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Sin embargo, la ley no arranca con la velocidad prevista y en estos momentos sólo han sido atendidos poco más del 12% del casi un millón de españoles dependientes que podrán beneficiarse de la nueva norma. Es verdad que la ley se ha encontrado con algunas dificultades de tipo político porque en algunas comunidades autónomas, que son las que la tienen que desarrollar, no parecen dispuestas a poner todo el esfuerzo necesario para aplicar una norma propuesta por un Gobierno del PSOE. Pero la mayor dificultad, que está impidiendo que incluso las comunidades con gobierno socialista presenten un mejor balance que algunas de las gobernadas por el PP, está siendo una mala burocracia.
Dice el diccionario de la RAE que burocracia es la «organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que les son propios». Pero esa gestión y organización exige profesionales cualificados que sepan aplicar las normas con un cierto criterio. Y aquí es donde hace aguas el proceso: no hay suficientes profesionales para evaluar las discapacidades de aquellos que tienen derecho a las prestaciones de la nueva ley. Lo peor es que en muchos casos, y debido a que se quiere empezar a aplicar la ley cuanto antes, se están haciendo verdaderas chapuzas. Mucho cuidado: podemos resolver el problema de los inmigrantes, pero dejar herida de muerte en sus inicios esta ley tan necesaria.