Durante las últimas semanas he estado en diversas CC.AA. y he descubierto un fenómeno paranormal: Si miras la prensa local de cada C.A. resulta que esa C.A. siempre es la más avanzada de España en la aplicación de la ley de nuestros desvelos. Además, todas van a estar a la cabeza en prestaciones complementarias.
Al encajar toda esta información se ve claro:
1.- Que la ley se enfoca por las diversas Administraciones como una gran oportunidad para el clientelismo.2.- Que no hay recursos económicos suficientes que sostengan tal cúmulo de contradicciones.
3.- Que perseguimos un señuelo inviable a medio y largo plazo, salvo que introduzcamos medidas de apuntalamiento financiero (prevalencia).
Todas las leyes que crean derechos sin respaldo financiero son estafas intelectuales. He seguido el debate sobre los “asistentes personales” (por cierto, igual que luchamos por erradicar expresiones peyorativas para nosotros, va siendo hora que comprendamos que necesitamos ganarnos más apoyos sociales durante mucho tiempo, y lo de “asistente personal” suena a siervo de la gleba encadenado por un mísero sueldo). ¿De verdad creeis que con los recursos presupuestarios previstos es posible asignar “trabajadores de apoyo personal” (TAP) -o como los llamemos dignamente- a todos los niños sordo-ciegos de España? Ya no digo a las decenas de miles de niños con parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, … Y por supuesto a los adultos.
¿Alguien se ha preguntado por qué esta Ley no fue aprobada durante el primer año de la actual legislatura? Conste, que el Presidente del Gobierno merece la más alta consideracón sólo por el hecho de ser el primero en atender esta clamorosa carencia.
Efectivamente. Las leyes sin recursos financieros suficientes son como aquel precepto de nuestra Constitución de Cádiz de 1812: “Los españoles serán buenos y benéficos”.
Por descontado que hay que organizarse para exigir “taps” a todos esos niños y adultos. Recursos hay. Si al final vamos al modelo “yo soy más dependiente que tú” estaremos acabados, y quienes consigan el caramelo clientelista descubrirán a los 4 u 8 años que se lo van a retirar o devaluar.
En consecuencia, aprovechemos la Ley al máximo, pero teniendo presente que si queda una gran bolsa de personas desamparadas pronto se perderán los presuntos derechos reconocidos. Esta Ley no está configurada como la legislación de pensiones o clases pasivas. Para empezar, ¿son ampliables los créditos? No, en técnica presupuestaria. ¿Por qué no existe una caja común y un único servicio público prestador? Por qué se basa en el modelo asistencial-benéfico y no en el de reparto-solidario. ¿Por qué se disocia la evaluación de las prestaciones, en dos procedimientos? Para ir tanteando cuánto dinero queda y distribuir cada vez menos (el que primero llega, primero se sirve: así, un niño con autismo calificado en 2007 tendrá más probabilidades de una mejor cobertura que otro niño de idéntica calificación objetiva, pero evaluado en 2012).
Sin prevalencia financiera asociada los derechos de papel son papel mojado para la mayoría, y sin esa mayoría social, la minoría beneficiaria verá expropiados o devaluados sus presuntos derechos.
Por consiguiente, quienes consigan “taps” deben ser nuestra vanguardia para que todos los que precisan “taps” los tengan. Daos cuenta que una semana tiene 168 horas, lo que supone 21 unidades de 8 horas. Considerando los pluses de festivos y trabajo nocturno, más vacaciones legales, implica que apoyar a uno de nuestro colectivo exige entre 3 y 7 “taps” por persona. A una media de 1.000 euros/mes por trabajador (con cargas sociales) -pagando menos a saber de dónde salen esos trabajadores-, estamos hablando de entre 3.000 y 7.000 euros/mes por persona que precise “taps”. -sin ayuda familiar-. En la mayoría de los casos bastarían 2 “taps” por semana -80 horas de las 168 totales-, con refuerzo para cubrir libranzas y vacaciones de los “taps” habituales, o sea entre 2.000 y 2.500 euros/mes.
¿Quién va a querer ser “tap” por 500 euros/mes? Trabajos sin cualificar con menos dedicación personal tienen salarios superiores y están mejor considerados socialmente.
Los números no salen. Si una persona de nuestro colectivo que precise un mínimo de 2 “taps” requiere entre 24.000 y 30.000 euros/año de presupuesto, implica que con un millón de euros sólo se cubrirían las necesidades de entre 33 y 41 personas. ¿Cuántos millones de euros se asignan este año a la grandilocuente Ley? Según he visto unos mil millones -siendo optimista y creyéndose a los medios, por agregación del presupuesto del Estado y de las CC.AA.-. Resultado: aunque no gastasen en residencias, centros de día, … (gastos previos que, en realidad, se imputan a este presupuesto) habría un máximo de 33.000 a 41.000 personas con “taps”. Parece mucho, pero sólo con Alzheimer severo hay más de 100.000 personas en España. ¿Cuántas personas con autismo? ¿Y con Down? ¿Y con tetraplejia? …
Ya decía Carlyle que la economía era una ciencia lúgubre. Crear derechos en el papel es fácl y barato. Por eso, nuestro deber es ir abriendo brecha y que el papel se torne en hechos.
P.D. En España debe haber unos 2.000-3.000 coches oficiales de representación. Cada coche/año cuesta entre sueldo de chófer, amortización y mantenimiento unos 30.000 a 40.000 euros/año. O sea, entre 60.000.000 y 120.000.000 euros/año. ¿Qué es prevalente?
Beckam tributaba al 15% en el Real Madrid -como un reponedor de supermercado-. ¿Por qué hubo que subvencionarlo, en vez de pagar al tipo marginal del IRPF? ¿Es que investigaba para curar el cáncer?
¿Por qué las plusvalías de la recalificación urbanística de la ciudad deportiva del Real Madrid se fueron a pagar salarios multimillonarios? ¿Es lícito subvencionar a jóvenes sanos, ricos y fuertes?
M.B.