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Cuando la Ley se convierte en timo. / Mª Ángeles Sierra.

Lo politicamente correcto en los tiempos que atravesamos es eso de decir que cualquier presentación nueva de ley o propuesta política, aunque sea deficitaria, no deja de suponer un avance en la evolución social de nuestro entorno.

Una de las leyes que como más políticamente correcta presentan todos los sectores políticos, sociales, administrativos y empresariales es la ya no tan nueva ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.

“Nos felicitamos de tener un nuevo derecho que antes no teníamos” Esta es la gran cantinela hipócrita o producto de la ignorancia que se escucha en todas partes. Sin embargo entrando en harina de los casos reales, para los que todavía pensamos, va a ser difícil que nos quiten de la cabeza que se ha convertido en una ley que más obedece a los caprichos de un brutal sistema capitalista y una de las leyes socialmente más sangrantes.

Lo que antes no se dejaba de hacer por humanidad, ahora se impone bajo un nuevo sistema de desigualdad territorial, de discriminación, de reducción de otros derechos en la práctica conquistados y de saqueo a los ciudadanos por parte de estómagos agradecidos y sistemas financieros .

El cacareado cuarto pilar del Estado del bienestar, más bien se ha convertido en el bienestar del Estado, y como no, a costa de sus ciudadanos. Porque si los cálculos no fallan para que la mesa siente bien las cuatro patas, lo que nos falta en España es una Ley de acción Social, vertebradora, capaz de acoger y dar soporte a todos los sectores sociales, superando e igualando cuanto menos al alza y con la aportación de la Administración General del Estado al conjunto de acciones sociales territoriales.

Esto costaba dinero y posiblemente un nuevo esfuerzo tributario social y muy especialmente empresarial y público, al que nadie estaría dispuesto, por lo que luego vinieron algunos inventos laterales de parcheo como entre otros, el famoso cheque-bebé, que además de un electoralista y desprogramado despilfarro, no lleva a nadie a buen puerto.

Así pués, hubo un trasvase con respecto al conjunto de lo necesario y se pensó tal vez en el sector que más demandaba, más consumía, -especialmente en sistema sanitario previamente tributado- y más había atesorado a lo largo del tiempo: La tercera edad. Poco tardamos los colectivos y las personas con diversidad funcional (discapacidad), no pertenecientes al colectivo de la tercera edad en hacerles saber, que nos habían sacado del invento ante situaciones similiares de necesidad de apoyos sociales para nuestro desenvolvimiento. Así pues no les quedó más remedio que incorporarnos en el saco del cacareo.

Lo primero que se nos dijo y todavía se mantiene es que se trata de una Ley Universal y fue cuando algunos leyendo “letras pequeñas” descubrimos que existe más de un único universo, porque al contrario que el resto de leyes universales del Estado, la de Sanidad, Pensiones y Educación ésta obedece a la fórmula del copago, no fijo, sino en función, de los niveles de rentas de sus ciudadanos, además de sus patrimonios, lo que acaba aminorando el valor igualitario del derecho.

Pero además de todo esto quizás quepa ejemplificar cómo funciona en la práctica el proceso, porque es como mejor se entienden las cosas; Caso simple, sin ir más lejos.

Acreditación de un grado de discapacidad del 74% y como no ha cotizado porque tampoco se le quiso en esta hipócrita estructura dar la justa y digna oportunidad de hacerlo, percibe como prestación no contributiva la millonaria cifra mensual de 312,43 €. Presenta una movilidad reducida y una cierta limitación para llevar a cabo determinadas tareas de vida diaria. Puestos a pedir esta persona podría quedarse sola pidiendo, pero no, la vamos a considerar objetiva y justa.

1.- En este caso, necesitaría únicamente un simple apoyo de ayuda a domicilio, para llevar a cabo las tareas del hogar que bajo sus circunstancias nos puede. Servicio que por otra parte muchos municipios de España ya venían prestando y de forma abaratada además de gratuita ante determinados supuestos. De entrada, como no superará la prueba del Grado III Nivel II de situación de dependencia que se plantea la ley atender en los primeros años de su funcionamiento, será emplazada por el sistema nacional de la dependencia a solicitarlo en otro momento. Allá para 2012, más o menos. Multipliquen los lectores similar a este supuesto por miles de ciudadanos contribuyentes directa o indirectamente al desarrollo de este país y no olviden además que se han publicado casos en medios de comunicación como el de una anciana de 98 años emplazada a 2011 para ser atendida por el sistema, ya que presenta ciertos niveles de movilidad y autonomía moral para su desenvolvimiento.

2.- Podría ser que el caso fuera como hay otros muchos miles de ellos de estar en disposición de un certificado de minusvalía superior al 75% y con reconocimiento de la necesidad de ayuda de tercera persona, lo que significaría que sus 312,43 € vendrían acompañados de un complemento económico a mayores del 50% es decir, 156,22€. También podría darse en este supuesto que tuviera una pensión contributiva, conforme a los niveles de cotización con el mismo complemento, cantidades estas siempre variables, que viniese acompañada de la prestación de invalidez absoluta con complemento de tercera persona.

Aquí y sin necesidad de pasar ningún baremo, si que le acogería el sistema, pero lo primero que haría sería poner encima de la mesa los 156,22 € de complemento, además de averiguar otro tipo de posibles ingresos, rentas o patrimonios, situación que no se produce con el resto de leyes universales Y después de hacer la primera criba, se comienza a ver hasta a la madre del cordero.

De entrada el complemento de tercera persona para nuevos solicitantes de pensiones no contributivas se lo han cepillado a través de un decreto y el complemento también de tercera persona de carácter contributivo aunque se sigue manteniendo, ha sufrido un lamentable aminoramiento, porque la idea es trasladar esa prestación directamente al sistema de la dependencia, haciéndola desaparecer en el tiempo. Es decir: Menos derechos.

¿Pero a qué conlleva esto? A que por un mismo derecho universal cada ciudadano en situación de necesidad acabe pagando distinto precio, masacrando a las clases más bajas cuyas opciones se van a ver diezmadas, primando a las clases más altas porque van a ver reducido el coste de unos servicios privados, (véase residencias, entre un 10 y un 20%) y ahogando a las clases medias, que serán las que por lógica se queden sin ver el cuento.

Existen dos tipos de prestaciones, las económicas y las de servicios. Las económicas para el cuidado de personas en situación de dependiencia, sin descuentos de aportaciones personales no alcanzan los 600 euros tanto para los casos de contratación de asistentes personales como para la ayuda a favor de familiares cuidadores de personas dependientes. ¿Y qué se han inventando nuestros antiguos combatientes de sistemas capitalistas? Que se hagan seguros de dependencia y se establezcan sistemas de hipotecas inversas que dejen las primas y el patrimonio en manos del sistema financiero para poder arañar unos poquitos euros.

El resto de prestaciones con las que contribuyen las administraciones públicas además de los usuarios de los servicios, nos lleva a aquello de seguir engordando capitales de un sistema de servicios sociales privatizado en un 80% de toda la red disponible y concertado para comprar voluntades, especialmente del movimiento asociativo imperante, que de ese 80% del pastel controla la insignificante migaja del 75% .

Podría seguir aduciendo y hasta me quedo con hambre, pero en definitiva resulta que cuando la ley se convierte en timo similar al de la estampita, a los manipulados ciudadanos no les queda más remedio que decir eso de: “Lo que antes era voluntad, ahora al menos es derecho” Sin embargo a los que todavía somos un poquito Insurgentes, la cosa que ya nos duele más bien nos dicta que cantemos que: “este pobre socialismo se acerca en caballo viejo”.

2 replies on “Cuando la Ley se convierte en timo. / Mª Ángeles Sierra.”

Estoy muy de acuerdo con el análisis que has realizado sobre esa mesa que cojea de la pata más maltratada de todas ellas. Y como no podía ser más de otra manera, es en la que tanto el ejecutivo como su mayor opositor nos ha metido a todas las personas con diversidad funcional(discapacitados), con el ánimo puesto en rebajarnos, en lugar de igualarnos, las prestaciones que todo ciudadano percibe. Así pues, habremos de pensar en que tipo de gente nos pretenden catalogar, no sea cosa que retrocedamos tanto en el tiempo que nos quieran retirar de la calle, encerrándonos en residencias privadas que sería tanto como hacernos nuevamente invisibles, con un trato vejatorio como el que han estado infringiendo a los dependientes en la Comunidad de Madrid, donde les rebajan la calidad alimentaria, los dejan llenos de orines hasta las cejas y tiritando de frio…
Resulta lamentable reconocer que jamás un gobierno de derechas sería capaz de hacer semejante descalabro, seguro que el pueblo no se lo permitiría. Pero la historia está llena de situaciones en las que al pueblo le han ido anulando conquistas sociales cuando quienes han gobernado se han autoproclamado socialistas.
Triste, muy triste esta nueva realidad. Nunca el capital ha estado más cómodo que ahora.

Este comentario añade con datos reales, la cruda realidad del pago de una residencia pública y pretende hacer ver que lo mejor es que no existieran. La expñlciación va en dos partes:

(I)
La ley de la dependencia es un timo, es decir, un engaño alevoso promovido desde el gobierno. Además gracias al estado de las autonomías, con sus respectivos gobiernos y leyes, esta falacia progresista está tomando dimensiones gigantescas. Pero no haré como el gobierno adornando este artículo con palabras sino con hechos constatados y consumados.

Mi madre padece una enfermedad de deterioro cognoscitivo, demencia senil o Alzheimer, de tal forma que ya no sabe ni el día que es y a veces casi ni que soy su hijo. Comencé a rellenar los papeleos a través del ayuntamiento a mediados de noviembre de 2.007. En febrero de 2.008 la tuve que ingresar en una residencia privada pues no podía ya dejarla sola en su casa, pues es viuda. Existen 3 grados de dependencia y 2 niveles por cada grado: grado 1 (dependencia moderada), grado 2 (dependencia severa) y grado 3 (gran dependencia). En la valoración que le acaban de hacer en junio la han adjudicado el grado 2, nivel 1 (el más bajo de los dos): cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador. Hasta ese punto, bien, comprendo que haya personas que estén peor que mi madre, porque ella de momento, puede andar, habla inconexamente, pero… no puede cocinar, la vi bebiendo de recipientes de comidas en vez de en vasos, la pillé en noviembre del año pasado con las espitas del gas de la cocina saliendo y ella con una sartén y fue una suerte que apareciese yo por la puerta pues ahí descubrí hasta donde había llegado pues lo disimulaba muy bien… en definitiva, no la veo para que la controlen solo 2 ó 3 veces puntuales al día, sino que necesita una constante supervisión, al menos, en la casa donde ella vivía y por eso, la ingresé en una residencia, donde no existan peligros. Pero ése no es el principal tema de este artículo pues sé que en pocos meses, esta enfermedad degenerativa la conducirá hasta un grado 3 nivel 2 inexorablemente.

El problema es que hoy me he enterado de las mentiras de la Ley de la Dependencia. He acudido a la Diputación Foral de Vizcaya. Hace apenas unos días me enviaron la valoración médica que hicieron a mi madre y ahora me iban a informar. Resumo lo que se me ha dicho a través de la funcionaria:

· Necesito rellenar infinidad de papeleos para conseguir una plaza concertada por la diputación foral, que consiste en un pago mensual exactamente de 1.885 €, según se me ha dicho.

· Actualmente el pago mensual de la residencia privada es de 2.117,53 € (mes medio), con lo que supone un ahorro de 232,53 €. ¿No es esto un timo? Además, no puede ir a la residencia que ella quiera y tengo constancia de que las hay pésimas. ¿Por esa diferencia merece la pena el que te elijan donde llevarla, seguramente a un sitio peor?

· Si mi madre se queda sin recursos monetarios, cuando llegue a 3.000 €, no se le cobra a partir de ahí, y se establecerá una deuda, que tendré que sufragar yo, que soy el representante cuando fallezca. Decir que ahorros no tiene muchos; sí que tiene un piso en propiedad.

· Por lo visto, controlan mediante hacienda todos los movimientos bancarios desde 5 años para atrás para ver si los familiares han tomado dinero. En definitiva, si tienes a tu madre millonaria, pero hace 5 años y un día que te lo dejó todo a tu nombre, seguramente que le darán más prestaciones (¿?)… se me olvidó preguntarlo, pero como he de volver con la documentación rellenada, aprovecharé para resolver estas dudas.

· Decir que mis padres hicieron testamento. No tenían gran cosa, pero lo que está claro es que al morir mi padre, en teoría, la mitad de lo de mi madre, me pertenece, es decir, aunque ella lo disfrute en vida, es parte mío, y mi pregunta es: ¿qué derecho tiene el estado o las administraciones para alegar que mi madre, de seguir viva muchos años, va a contribuir con un dinero que legítimamente me pertenece en parte?

· Si la diputación concierta plazas a ese precio tan abusivo, ¿no está indirectamente subiendo el listón de los precios de las residencias privadas? ¡Nada menos que casi 1.900 €! ¿Y esto es el Estado del Bienestar? ¿Eso son prestaciones? ¿Quién hace subir los precios de las residencias? Para que se hagan Uds. una idea, el gobierno no paga nada, simplemente la residencia cobra menos a ciertas plazas y seguramente lo hará con algún tipo de ventaja fiscal, pero lo que es peor es que ganará dinero. ¿Cómo? Muy fácil. Antiguamente tendría residencias públicas suyas (no concertadas) por menor importe mensual. Al subir el listón, no solo no pierde, sino que gana dinero, al acercarse al precio de las privadas. Desengáñense, que el cuento del Estado del Bienestar es una basura. El Estado nunca da nada gratis, siempre lo cobra.

· Según la funcionaria da igual el grado de dependencia para el ingreso en residencia, que la valoración no va a cambiar el pago de casi 1.900 €, y esto contradice la propia ley (¿?) en la que se afirma que según el grado dará lugar a un tipo de prestaciones distintos.

Resumiendo: la ley de la dependencia es una artimaña en la que se metió Zapatero y cía y no saben cómo salir, otro enredo más de la estulticia humana de la sonrisita profidén. Que se vayan a reír de su madre, que de la mía bien que se están riendo. Una rebajilla de 200 y pocos euros para un pago “público” de casi 1.900 € es una salvajada que solo pasa en el país de los tontovotaZPs y con el consentimiento de los nacionalistas en el gobierno autonómico del País Vasco, que son la misma mierda.

Creía antes de conocer esto que la ley de la dependencia escondería trampas, pero no sabía que llegaría tan lejos. Este es un relato verídico. La zafiedad, mentira de nuestros políticos hace que se pongan medallas, cuando se tenían que poner un papel higiénico en el culo cuando salen tan sonrientes ante los medios de comunicación y que todo el mundo viésemos cómo actúan y lo que son.

Estoy tremendamente indignado, tanto, que a veces me dan ganas de no votar a nadie de por vida. Hoy es un día de ellos, en el que he abierto un poco más los ojos sobre los políticos, el Estado y las basuras que nos intentan vender.

(II)
Después de entregar casi todos los papaleos para el cambio a una residencia permanente pública, os informo de las nuevas noticias según las voy conociendo:

1º) Tonto de mí, efectivamente, al morir mi padre hace 9 años, ser hijo único y tener testamento, la mitad de los bienes son míos aunque el disfrute usufructario es de mi madre de por vida, es decir, de ese piso y de sus cuentas, en teoría solo pueden descontar hasta la parte que le corresponda a ella para sufragar los gastos de la residencia pública, es decir, que cuando se acabe el dinero suyo, de mí no pueden sacar más. Por lo menos, he podido medio respirar, pues ya pensaba que si vivía 25 años, se quedaban con todo.

2º) Sin embargo, no es del todo cierto, porque como usufructaria, a mi madre le corresponde la mitad de los bienes más un tanto por ciento que según me ha dicho la abogada de hacienda serían: 89 años – 73 años (que tiene ahora), es decir, un 16 % más en mi caso a día de hoy que estoy rellenando los papeleos.

En resumidas cuentas, hacienda se lllevaría por el pago público de la residencia, si los bienes totales son x, la cantidad de x/2+0,16*x/2 = 0,58x, es decir, el 58 % de los bienes totales de mi madre, cuando a mí me correspondería teóricamente el 50 %, y a efectos reales, el 42 %.

En definitva, un precio público muy caro, una violación de la ley del derecho en sucesiones en beneficio de hacienda (en el casino, la banca nunca pierde) y una falacia argumental con pregone a bombo y platillo, cuando la realidad es bien distinta.

Además, no había realizado el acto notarial de aceptación de herencia de mi padre, por desonocimiento de derecho, y ahora, seguramente, tendré problemas para esclarecer cual es mi 42 %. Seguramente perderé también esta batalla y el dinero a mi nombre será con toda probabilidad inferior al que me correspondería. Únicamente se me ha ocurrido vender el piso y declarar el valor de venta inferior al real, para igualar el tanteador contribuyente-hacienda en la justa medida en que se ha desequilibrado, pues aunque mi madre está perdiendo la memoria a raudales, por lo menos, hoy en día se da cuenta del ladrocinio institucional a que nos ha vinculado nuestro querido, deseado Estado del bienestar y al menos, en eso es consciente de esta situación, hecho que muchas personas maduras cultural y políticamente parece que o bien no conocen o no queiren conocer.

Que desaparezcan las residencias públicas que hacen subir el precio de las privadas y que el coste real del servicio sea el del mercado y no el inflado por fucionarios y servidores públicos incompetentes y arbitrarios y entonces que se pague una cantidad razonable aunque lo tenga que hacer un hijo o familiar, si el dinero del titular se acaba, porque entonces consideraría que el servicio es justo, no esta barbaridad de ley de dependencia que lo único que hace es robar injustamente el dinero a los que por derecho de herencia les correponde, precisamente por un precio inflado por su mala gestión.

El resumen de todo esto es el siguiente: el Estado es un ladrón de guante blanco y al que nadie le puede “echar el guante”…

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