Estamos aquí porque esto ya es de juzgado”, señalaba ayer José Llamas, vecino de Mutxamel, que acudía a consultar la situación de su hermano, con una discapacidad del 85%, y que desde mayo de 2007 espera que la Conselleria de Bienestar Social le indique su grado de dependencia. Junto a él espera Juana, cuya madre murió en diciembre sin haber sido valorada y después de pasar los últimos seis meses en una residencia por el empeoramiento de su estado, o María José, madre de un joven con un 83% de discapacidad que tampoco ha conocido aún, desde septiembre de 2007, a los valoradores de su hijo.

Son los primeros ciudadanos, en su mayoría familiares de personas dependientes, que ayer acudieron a los juzgados de Benalúa para consultar su situación en el turno de oficio para la dependencia inaugurado por el Colegio de Abogados de Alicante, a petición de la plataforma de afectados por la dependencia. En el primer día fueron nueve las personas atendidas mediante cita previa para asesoramiento gratuito pero ya hay más de 30 consultas para los próximos días -miércoles y viernes, de 16.30 a 20.30 horas-. El número para pedir cita es el 96 511 52 56.

La primera abogada en atender el turno de oficio, Paloma Cascales, señaló al finalizar su jornada que el denominador común era la falta de contestación de la Administración autonómica a solicitudes presentadas hace más de 12 y 18 meses. La letrada se manifestó “sorprendida” y “bastante indignada” por dichos retrasos, tras indicar que “en ninguno de los casos tienen contestación por escrito a su solicitud, muchos ni siquiera han sido valorados y algunos incluso han fallecido en la espera”. Cascales, que se apuntó a los cursos del turno de oficio “porque me interesaba mucho el tema y creo que hay que hacer valer la Ley de Dependencia”, consideró que “la mayoría de las personas atendidas pueden comenzar a ir a los tribunales por silencio administrativo, no sé si en grupo o individualmente, y en muchos casos tendrían derecho a recibir justicia gratuita, ya que los solicitantes son personas mayores con pensiones bajas”.

La pareja formada por Alfredo y Rosa, vecinos de El Campello, fueron los primeros en ser atendidos por el caso de su madre, con alzheimer, para la que presentaron los papeles en mayo de 2007 y no han tenido respuesta. “Por lo menos la actitud de ellos [el Colegio de Abogados] es buena, a ver si nos contestan al escrito que mandamos y, si no, denunciaremos”. Juana, más pesimista, cree que nadie le abonará los más de 13.000 euros que costó la residencia de su madre, “pero vamos a intentarlo y a lo mejor sirve para que no le pase a otra persona”.

Críticas del grupo socialista al bloqueo de la ley

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha agradecido el turno de oficio tras lamentar que los abogados “hayan tenido que adoptar la responsabilidad de asesorar a los dependientes ante el bloqueo a la Ley de la Dependencia de los responsables del PP”. La edil socialista Laura Soler ha señalado que “no es una casualidad que Madrid y la Comunidad Valenciana, dos autonomías gobernadas por el PP, sean las más retrasadas en la aplicación de la Ley de Dependencia. Los dependientes tienen que esperar y esperar sin que nadie les dé una explicación sobre el estado en que se encuentra la tramitación de su expediente, se trata de una actuación autoritaria e irresponsable”.