No volverá a comer hasta que su hijo reciba la alimentación educativa que le retiraron hace una semana. Ricardo Quesada, de origen gallego, inició el lunes una huelga de hambre con la que quiere forzar a las autoridades de la Comunidad Valenciana a tomar una decisión definitiva que permita al pequeño Richard aprender matemáticas y lenguaje como el resto de niños de 11 años. Pancarta en mano, este hombre afincado en Llíria plantea este órdago a la Consellería de Educación valenciana, organismo frente al cual ha emprendido su manifestación.

Ricardo Quesada exige para su hijo enfermo las cinco horas semanales de clase en el colegio privado concertado en el que está matriculado de forma cautelar. Según señala el progenitor, el pequeño enferma desde el otoño hasta bien entrada la primavera, lo que le impide asistir regularmente al colegio.

El pequeño Richard no ha vivido precisamente en un camino de rosas. El niño, con síndrome de Down, se pasó sus primeros años de vida de un hospital a otro con varias visitas a la unidad de cuidados intensivos. “Los médicos no creían que fuera a salir”, recuerda su padre. Padece una enfermedad cardíaca de nacimiento y ahora, a causa de una fibrosis, sólo tiene en funcionamiento el pulmón izquierdo.

A media mañana del lunes, este hombre de nacionalidad mexicana y origen gallego (su abuelo paterno era de una aldea de Ourense) aparcó su coche en Campanar. En el maletero del vehículo tenía un alijo de bebidas isotónicas y agua, así como mantas, un saco de dormir e incluso una tienda de campaña. Ricardo prometía no moverse de allí hasta que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, le reciba en persona y se comprometa a que su retoño reciba las dieciocho horas de clases domiciliarias que se le adjudicaron a principio de curso.

Es un capítulo más de una historia con versiones contrapuestas. Ricardo Quesada y su esposa, María del Carmen Calvo Escutia, acusan al colegio Santa Ana de poner trabas para que se lleven al pequeño Richard a un centro de educación especial. Fuentes de la institución educativa señalan que están cumpliendo la legalidad y afirmaron que el matrimonio les acusa con acudir a los juzgados “cada vez que uno de los dictámenes no se ajusta a sus intereses”.

La Consellería de Educación de la Generalitat, por su parte, dictará hoy una resolución definitiva sobre la atención domiciliaria de Richard. En relación con las medidas reivindicativas adoptadas por la familia, fuentes del departamento autonómico rehusaron valorar “unas circunstancias personales y familiares” que se dan en este caso. Desde este organismo precisaron que la atención domiciliaria prestada “va destinada a apoyo pedagógico para el alumno”.