Trabajo social, crisis y modelo social valenciano
Una de las primeras medidas que tomó el Partido Popular al acceder al gobierno de la Generalitat el año 1995 fue tramitar una nueva ley de Servicios Sociales que -a pesar de que tuvo una fuerte, extensa e imaginativa oposición por parte de muchos colectivos sociales y sindicales y de la mayoría de profesionales del trabajo social- se aprobó por una ajustada mayoría. La nueva ley de Servicios Sociales definió un modelo social en el cual el cambio fundamental, al margen de la retórica del consejero de aquella etapa, Sanmartín, fue la negativa a configurar el Sistema de Servicios Sociales, como un Sistema Público.
“De aquellos polvos, estos lodos”. Por un lado, en los últimos doce años el PP ha impulsado una "producción legislativa" desmesurada que no ha tenido un correlato de financiación adecuada, ni un desarrollo reglamentario coherente y, además, todo este artefacto legislativo está impregnado de una carga moral excesiva que atiende fundamentalmente a defender una intervención social en línea con los preceptos católicos más conservadores. Un botón de muestra lo constituye la propuesta de una nueva ley de "protección de la maternidad" que se desdice con el trato dispensado a muchas mujeres –con niños- que se ven obligadas a acudir a centros de acogida ante la falta de recursos propios.
Por otra parte, ha abierto al lucro privado la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad valenciana y haciendo abandono de la responsabilidad pública, han creado la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (AVAPSA), autorizando con esto a una entidad de gestión privada la resolución de expedientes de demanda de derechos subjetivos.
Se han reformado leyes relativas a menores con la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana y a la vez se han privatizado Centros de Ingreso (reeducación). La ley de Protección de la familia aparece con un marcado acento de exclusión de formas de convivencia diferentes a las establecidas por la moral católica o la ley de Mediación Familiar que tras mucho ruido ha quedado en papel mojado. Los Centros mujer-24horas son oficinas que dicen derivar a mujeres con problemáticas sociales duras a los recursos adecuados.
A ningún observador mínimamente informado no se le escapa que más que derivar, lo que hacen es enviar a la deriva a mujeres que finalmente se pierden en los recursos de la nada.
Por hacer, han hecho hasta una ley de Valores de Integración Social.
Se ha dado vía libre a las residencias de ancianos de carácter privado -de las cuales un buen número son propiedad de la familia del Consejero de Bienestar Social Juan Cotino- y se ha suprimido el ya de por si muy cuestionado Bono- Residencia, y programas como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha ido perdiendo su carácter universalista y ha reducido las horas de atención domiciliaria a su más mínima expresión, en beneficio de programas graciables como la comida a casa.
La gestión de las Pensiones No Contributivas y su escandalosa, lenta y burocrática tramitación, con esperas hasta de once meses, dice muy poco de la eficiencia del modelo social valenciano.
La precariedad de organismos públicos de atención a las personas con discapacidad, como el IVADIS, el abandono de cualquier proyección futura de los Centros Ocupacionales, la inhibición en los aspectos de integración social de los enfermos mentales,… configuran una situación de hecho, en relación a aspectos fundamentales de una política social progresista y solidaria, que hace inviable una intervención pública de calidad, universal y solidaria con los
sectores más vulnerables de nuestra comunidad.
Se han modificado los criterios que hacían referencia a la integración social de los destinatarios de las Prestaciones Económicas regladas (POR), pasando a ser meros subsidios asistenciales y que con la nueva ley de Renta Garantizada de Ciudadanía del 2007 -todavía no se ha hecho efectiva ninguna prestación de este derecho a fecha de hoy- ha acabado de consolidar una idea y unas prácticas contrarias al Estado social de Derecho y a la propia letra de las leyes, y por último constatar el deterioro sostenido, por carencia de financiación autonómica, del Plan Concertado (con la Administración Central) de Prestaciones Básicas que mantienen, todavía hoy y de forma muy precaria, los Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria.
Abundando en esta estrategia de abandono de las responsabilidades públicas, en relación a los derechos subjetivos de ciudadanía que afectan a los más débiles, añadir la nefasta gestión autonómica de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia promovida por el gobierno central y avalada por el parlamento español.
Esto es: Los derechos sociales están sujetos a partidas presupuestarias que se respetan en muy contadas ocasiones y con unas prácticas de transferencias discrecionales y continuadas hacia otros ámbitos.
Se acaba el presupuesto y se acaban los derechos.
La filosofía que inspira el modelo social valenciano es la que “la mejor política social es crecer y crecer económicamente y crear puestos de trabajo”… con los grandes acontecimientos turísticos. Con esto, quedan bien ante la parroquia y a la vez niegan la responsabilidad pública de atender dignamente a quien el mercado de trabajo expulsa o no acepta, ya sea por edad, discapacitado, falta de habilidades, enfermedad o problemáticas de exclusión sobrevenidas.
La llena ocupación ni ha existido ni existirá. El paro es consustancial al sistema capitalista globalizado. Ante esto, los sistemas de protección modernos deben proteger a las personas sin capacidad -por la causa que sea- de acceder al trabajo asalariado. Asimismo, a las personas que teniendo esa capacidad de trabajar pierden su ocupación, se les debe garantizar el acceso a una protección social, con itinerarios formativos orientados a la inserción socio laboral, que los permita vivir dignamente y con esto, aumentar posibilidades reales de reciclaje profesional.
La responsabilidad pública en un Estado Democrático y Social de Derecho no puede delegar, como hace la Generalitat Valenciana, en un universo de ONGs, algunas fuertemente subvencionadas hasta el punto que a gran cantidad de ellas se les haya caído la N (de no gubernamental).
La idea de modelo social valenciano, que propone el PP, más que un modelo es un totum revolutum sin coherencia democrática ni técnica con un modelo progresista, sin partidas presupuestarias adecuadas, ni perspectiva de futuro.
No es socialmente útil y esto se evidencia con las medidas extraordinarias que se han debido tomar por parte del Gobierno Valenciano ante la situación de crisis y paro actual. No se han reforzado los Servicios Sociales Municipales y sin embargo se han ampliado considerablemente las ayudas de emergencia al margen de programas de formación e inserción para la ocupación o como en el caso del Ayuntamiento de Valencia, la alcaldesa Rita Barberá ha destinado un millón de euros al margen de los Servicios Sociales, para que organizaciones caritativas o parroquias distribuyan bolsas de comida entre quienes lo pidan. Y desde luego para muchos tampoco es un modelo valenciano y si no que le pregunten a los centenares de valencianos dependientes que, al contrario que en la mayoría de comunidades autónomas, dónde ya se están percibiendo estas prestaciones, llevan más de dos años esperando la respuesta de Conselleria a las peticiones de las prestaciones sociales a las cuales tienen derecho.
Este modelo es un híbrido entre el negocio privado, la más estricta subsidiariedad de la administración autonómica y el no reconocimiento de los derechos subjetivos y constitucionales de ciudadanía. Es un modelo que – desde la perspectiva del Trabajo Social- hace falta poner en cuestión de arriba abajo y sobre todo de abajo a arriba.
Al barroquismo legislativo, la precariedad de instrumentos técnicos, económicos y sociales y el desbarajuste político en que se encuentra actualmente el Consejo de la Generalitat, por un lado, y por otro, la amplitud que va adquiriendo el territorio de la precariedad y la exclusión social se hace necesario -a mi juicio- una reflexión profunda desde los ámbitos sindicales,
desde la acción de las organizaciones sociales y desde el Trabajo Social para reformular los proyectos de intervención actuales.
El Estado Democrático y Social de Derecho que define la Constitución del 78 debería garantizar un conjunto de medidas de protección social propias de un Estado de Bienestar Social adelantado. No es así. En la práctica, uno de los pilares del Bienestar Social se encuentra en el terreno de los Servicios Sociales y la nueva ley de Dependencia responde, en origen, a mejorar las prestaciones públicas a las personas con problemas para valerse por si mismas e incorporarse a lo que constituye una vida lo más normalizada posible. Pero además, otra dimensión de esta ley se supone que reforzaría notablemente el Sistema Público de Servicios Sociales. Tampoco esto se cumple en la Comunidad Valenciana. El PP está utilizando el dinero público transferido por la Administración Central, no para reforzar el sistema público de prestaciones sociales, si no para seguir derivando hacia al mercado cualquier posibilidad de negocio que ofrece la atención a personas dependientes. En vez de generar ocupación estable y de calidad han configurado una estructura de profesionales del trabajo social paralela a los servicios sociales municipales o de atención primaria.
Posiblemente estas notas sobre el denominado modelo social valenciano a alguien le puedan parecer excesivamente críticas. Lo son. Cuando la retórica del poder autonómico habla de "el mejor modelo social de España", "somos un referente en política social", "tenemos el nivel de protección social de los más altos de la Unión Europea" a más de uno nos hace sentir mucha vergüenza ajena cuando, en nuestro trabajo y frente a las demandas sociales justas, no puedes más que trasladar tu impotencia ante la falta de recursos adecuados para resolver problemas que afectan a personas y familias enteras.
También desde los profesionales de la intervención social debemos mirarnos lo que hacemos o lo que deberíamos hacer. El Trabajo Social ha de continuar siendo una herramienta de diagnóstico, intervención y evaluación de la realidad social y del tipo de intervención social más adecuada a las viejas y nuevas demandas.
Los cambios sociales, económicos, políticos y demográficos han producido, entre otras cosas, nuevos cambios de valores. Ante esto, las élites políticas no hacen más que retroceder en el ámbito de la protección social pública y aun así impulsan un tipo de asistencialismo social casi graciable, de contraprestaciones, de co-pago, más de tipo residencial que de mantenimiento en el entorno familiar, más paliativos que de prevención, de total abandono del trabajo social comunitario, etc.
Algo deberemos decir desde el Trabajo Social, ¿no? Nos hace falta abrir un debate amplio y sin concesiones a muchas situaciones dónde nos hemos acomodado y/o estamos decepcionados. Desde el ámbito universitario hasta las administraciones públicas, desde las Entidades de Iniciativa Social sin ánimo de lucro hasta el cooperativismo y al tercer sector.
Pero esta cuestión la dejamos para otras entregas más específicas sobre qué hacer desde las y los profesionales que trabajamos con personas, grupos y comunidades, en las actuales circunstancias.
Valencia, junio 2009.
Pep Pacheco Marco,
Trabajador Social