Categories
Asistencia personal. Divulgación Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en casa.

 

 

Cuidadores_familiares_dependientesEl 51% de las ayudas concedidas es una paga para las mujeres que atienden a sus mayores – La falta de servicios y la tradición abocan a este recurso económico.

 

CARMEN MORÁN – Madrid – 22/09/2009

Comentarios Comentarios – 20  

La paga para el familiar que cuida de los ancianos en casa se ha disparado entre las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Más de la mitad de las prestaciones concedidas ya son para atender a los mayores en el domicilio, es decir, una retribución para las mujeres -hijas, esposas y nueras- que los han atendido y lo seguirán haciendo. La prestación económica por cuidados familiares, que así se llama, es mayoritaria en casi todas las comunidades autónomas y ya supone, como media, el 51,4 del total de ayudas concedidas. Así que, la dirección que están tomando las cosas es justo la contraria de la que dice la ley. La ayuda al cuidador familiar debe ser "excepcional" y siempre que se den las condiciones adecuadas en la vivienda. Se redactó así previendo situaciones que ya se daban en nuestro país y para que aquellas zonas, sobre todo rurales, donde no llegan los servicios, tuvieran una contrapartida económica.

Es más barato dejar al dependiente en la vivienda que una plaza de geriátrico.

Los familiares no han recibido aún la formación que se había prometido.

En Murcia apenas se ha concedido más que dinero para las cuidadoras.

Pero dos factores han dado la vuelta a la tortilla: las preferencias de los ciudadanos, guiados aún por modelos tradicionales de cuidados a la vejez, y lo barata que les sale a las comunidades esta prestación, mucho más que una plaza en un geriátrico. A ello se añade la escasez de servicios, que aboca a los profesionales, en ocasiones, a recetar esta ayuda económica con tal de que el ciudadano reciba algo. Los trabajadores sociales reconocen que, a veces, no es lo más adecuado para el anciano, pero no hay otra cosa que ofrecer. La ley prevé, además, formación para el cuidador, que tampoco la está recibiendo.

Espectacular es el caso de Murcia, que, a juzgar por los datos, no ha hecho otra cosa en la Ley de Dependencia más que dar esa ayuda. Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla (ambas bajo la gestión del Gobierno), todas muy por encima de la media, que ya es bien alta. "Con estas cifras se puede decir que se ha desvirtuado la ley. Estas ayudas se contemplaron como algo excepcional para algunas zonas rurales, donde es más difícil que lleguen otros servicios, pero se están generalizando", explica Montserrat Muñoz, coordinadora ejecutiva de Política Institucional de IU. Muñoz, que participó activamente en el nacimiento de esta ley, opina que "estas ayudas están evitando que se cree empleo de calidad ligado al bienestar de los ciudadanos". Y añade: "La mayoría de los cuidadores son mujeres, lo que las consolida en el papel que han desempeñado siempre. No se les está dando un empleo, aunque éste fuera con un gran sesgo sexista".

La secretaria de Asuntos Social del PSOE, Marisol Pérez, opina que esta desviación de la ley hacia la prestación económica es propia de los inicios, pero que cambiará. "No hay suficientes servicios aún y sí una cultura familiar que persiste: esta tarea la hacían muchas mujeres y algunas quieren seguir haciéndola. Cuando se hizo la ley, éramos conscientes de esa realidad social. Se necesitará un cambio generacional para modificar esa costumbre, pero, mientras tanto, esas mujeres tienen ahora ventajas, cobran por ello y se dan de alta en la seguridad social", explica.

Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, lamenta que "lo excepcional se esté convirtiendo en ordinario. Si se consolida este modelo, finalmente, la gente contará con un poco más de dinero, pero no se habrán resuelto los problemas de autonomía personal ni de calidad de vida. Por no hablar del empleo que dejará de generarse. Y encima, el aumento de esa prestación no va acompañado del apoyo y la formación a los cuidadores que también preveía la ley".

Una plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda más concedida, con casi un 20% de los casos. Pero esto es engañoso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geriátrica (86.220 en total) ya estaban atendidas allí antes incluso de que se aprobara la ley. Las comunidades autónomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables autonómicos. Madrid sorprende por encima de todas las demás, 55 puntos por encima de la media en la supuesta concesión de plazas residenciales. Con esas cifras, la comunidad madrileña habría debido abrir en los últimos tres años docenas de geriátricos.

El Gobierno se hartó de las cifras que las comunidades reflejaban sobre la concesión de nuevas plazas en residencias y sacó un decreto en febrero en el que advertía a las comunidades de que sólo les daría dinero si el procedimiento de solicitud y reconocimiento de una ayuda lo había solicitado el propio beneficiario. Las comunidades pararon. Pero Madrid, por ejemplo, ya había sumado por entonces de un mes para otro más de 4.000 personas nuevas ingresadas en una residencia.

El resto de las prestaciones se han concedido en porcentajes muy escasos (ver gráfico) y alguna de ellas, como la ayuda a domicilio, está en manos de los ayuntamientos. Por tanto, la gran novedad, tres años después de iniciarse la Ley de Dependencia, ha sido la paga a los familiares por cuidar a sus ancianos, justo lo contrario de lo previsto. Pero, al menos, es una ayuda derivada directamente de esta ley, porque antes no existía. De todas las demás, caben dudas.

A las comunidades les sale muy barato prescribir estas ayudas. Castilla y León (PP), que ha hecho públicos datos como el número de beneficiarios y el de prestaciones, así como la financiación que recibe, ha calculado que si concediera un 51,4% de ayudas a los familiares (la media nacional), en lugar del 34,8% que da en la actualidad, se ahorraría 6,1 millones de euros al mes.

Hoy se reúnen los consejeros con el Gobierno para aprobar, previsiblemente, un nuevo modelo de información que clarifique las estadísticas de la Dependencia.