ELCHE
Sólo 20 de los 3.674 dependientes de la ciudad reciben las ayudas.
Cerca de 470 personas han muerto esperando el apoyo económico oficial Elche registra una media de 675 días para la resolución del informe individual.
Manifestación en defensa de la Ley de la Dependencia el pasado diciembre en la Plaça de Baix. /PACO UCLÉS
ANA TORRES | ELCHE
«Once de los 24 centros sociales ilicitanos atienden a los dependientes»
Desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia en abril del 2007, todos los ciudadanos que padecen alguna minusvalía o no pueden valerse por sí mismos tienen derecho a recibir prestaciones para hacer más llevadera su situación. Pero desgraciadamente, su aplicación en la Comunidad Valenciana está perjudicando gravemente a los afectados.
El caso de Elche es una muestra de ello, ya que de un total de 3.577 dependientes censados, no más de una veintena está recibiendo las ayudas. Así lo asegura la edil de Bienestar Social, Vicenta Pérez, que a su vez recrimina a la Generalitat el incumplimiento de su propia normativa, ya que «está haciendo caso omiso a su obligación de comunicar al Ayuntamiento de Elche las ayudas concedidas, y eso dificulta el recuento», precisa.
Desde la puesta en marcha de la citada normativa, se estableció que su regulación era competencia de las comunidades autónomas, y a pesar de que algunas la han gestionado con diligencia y efectividad, la valenciana y la madrileña están a a la cola en cuanto a prestaciones, ya que una gestión que debería solventarse en un plazo de seis meses, alcanza listas de espera que rozan los dos años.
A pesar de que es la conselleria la encargada de aplicar y gestionar la ley, necesita la colaboración de los ayuntamientos, ya que estos mediante sus centros sociales redactan los informes de los afectados, en los que detallan la situación en la que viven y aspectos como las condiciones de habitabilidad de su vivienda o la disponibilidad de familiares que le presten ayuda.
Para la realización de esta tarea, el consistorio ilicitano es uno de los mejor preparados de toda la comunidad, tanto en número de centros sociales, un total de 24, de los que 11 se encargan de atender a los dependientes, como en número de profesionales dedicados a estos servicios, según apuntan fuentes municipales. Pero he aquí la primera traba en la aplicación de la ley, ya que la empresa encargada de dar la orden para la redacción de los informes, Avapsa, «ralentiza considerablemente el proceso» según lla edil. Esta empresa, creada por la Generalitat exclusivamente para la tramitación y adjudicación de las ayudas, «no funciona correctamente», ya que en lugar de encargar los informes en consonacia con las solicitudes recibidas y en función del orden de llegada, tan sólo ha encargado al Ayuntamiento ilicitano 1.383 informes, de un total de 3.577 dependientes.
Para la consecución del siguiente paso, Avapsa manda a un técnico al domicilio del afectado para realizar la valoración, pero en la mayoría de los casos éste llega un año después de la presentación de la solicitud de ayuda. Tras esta valoración, «nadie sabe lo que pasa», apunta Pérez, «ya que de nuevo transcurren meses hasta que el dependiente recibe la resolución».
En este documento se indica el grado de dependencia así como la inminente visita de otro técnico para realizar su Programa Individual de Atención (PIA) en el que se le asignará una de les prestaciones (ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, residencia, asistente personal o cuidador familiar). «Pero de nuevo pasan los meses sin ninguna respuesta, sin que nadie vaya al domicilio a realizar el PIA», matiza la concejal.
Entrega de firmas en el PROP para exigir la efectividad de la ley. /PACO UCLÉS
Según indica la responsable del área de bienestar social, en Elche la media de espera entre la solicitud y la resolución del PIA es de 675 días, casi dos años, mientras que el plazo establecido por la ley es de seis meses. «Pero la situación aún se agrava más teniendo en cuenta a todos los dependientes que fallecen esperando la resolución de la ayuda, una cifra que en la ciudad asciende a aproximadamente a 470 personas desde abril de 2007», lamenta.