El Consell es el más tacaño de España en servicios sociales
El gasto por persona es un 40% inferior a la media nacional
Category: La Generalitat Valenciana y la LEPrA
Hola amigos:
os mando esta noticia para que por favor la hagaís llegar a lo medios de comunicación y a donde creais conveniente.
Os adjunto manifiesto que esta tarde se leerá en Chiva, a favor del niño con duchenne, unos niños compalñeros de él, al cual no le han puesto el educador que necesita en el Instituto, habiendolo solicitadola madre bdurante dos años antes de que tuviese que entrar en él para asi evitar que no tuviera ayuda, La madre ha tenido que ir a media mañana a ponerlo hacer "pi pi" por que no había nadie que lo hgiciera, despues de haber tenido una cita en educación solo ha conseguido, que les quiten a los otros colegios de Chiva 11 horas para que se las den al niño, (por lo tanto han perdido todos los colegios) cuando éste niño no tiene movilidad y necesita cada hora cambio de clase, asi como llevar bolsa, libros, ir al baño etc.
Creo sinceramente que es una verguenza que exista estos casos en nuestra "estupenda sociedad" y que mientras muchos niños discapacitados estan en estan situaciones, otras personas derrochen dinero por otro lado.
Espero que hagaís caso de este asunto por lo menos, para que lo sepa todo el mundo.
Gracias
Carmen Minguet
AMPAS CHIVA
Sabemos la problemática que existe en este municipio en materia de educadores. En todos los colegios hay niños con necesidades especiales, y especialmente en el instituto, donde actualmente hay escolarizado un niño que necesita atención continua, y que tiene asignadas sólo 30 minutos a la semana.
La única solución que le han ofrecido a este niño es darle 11 horas de educador quitándoselas a los otros colegios de Chiva, con lo que se quedan niños desatendidos.
Apoyamos a esta madre de Chiva en su lucha para que se asigne un educador a tiempo completo. Que a su vez cubrirá las necesidades especiales de los niños del Instituto.
El próximo día 30 de Octubre a las 19 horas, nos concentraremos en la plaza Gil Escartí (puerta del Ayuntamiento), donde se leerá un manifiesto reclamando este EDUCADOR, que es obligatorio por derecho para su integración. Está previsto que asista prensa escrita y televisión.
ACUDE, este problema nos afecta a todos.
REPORTAJE
Aaron, otro año sin educador
Educación deja un curso más sin personal de apoyo escolar a un niño de un instituto de Chiva con Síndrome de Duchenne
NEUS CABALLER – Valencia – 21/09/2009
Un año más, Aaron empieza sin educador. "Se supone que, al empezar el curso, debía de estar todo listo. Pero no ha sido así. El profesional de apoyo para Aaron sigue sin llegar", denuncia Amparo Navarro, madre de este alumno de 12 años, que estudia 2º curso de la ESO en el instituto público IES Marjana de Chiva. Aaron no puede andar. Vive en una silla de ruedas, porque padece el Síndrome de Duchenne: una enfermedad degenerativa de las más graves que afectan al ser humano, porque el tejido muscular deja de funcionar adecuadamente y es sustituido lentamente por tejido graso. De manera que, con la progresiva pérdida de fuerza muscular, cada vez se le hace más difícil realizar cualquier actividad de la vida cotidiana.
Este síndrome es una de las enfermedades raras más graves
"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo"
La debilidad muscular primero afecta a los pies, el frente de los muslos, la cadera, la barriga, los hombros, codos y después afecta a los músculos de las manos, la cara y el cuello. Eso ocurre cuando la enfermedad está muy avanzada y ya no pueden mantener la cabeza erguida. A medida que pasa el tiempo, se caen y ya no hay remedio.
Eso es lo que le ha pasado a Aaron este verano. Tras tropezar con la silla de ruedas con un bache en la calle -al no tener fuerza en las manos y codos- cayó contra las rodillas y se rompió las dos piernas. Así que, además, va escayolado.
El inspector de Educación solicitó la plaza de educador el año pasado. Este curso, la dirección del centro -respaldada por el Ampa- tiene que iniciar el trámite otra vez. "Es desesperante, el niño sale del instituto con la bolsa abierta, que se le caen los libros y le cogen las gomas y sin poder ponerse ni la chaqueta", resume su madre.
Los neurólogos y médicos especialistas recomiendan que el niño o niña con DMD -además de asistir a terapias, revisiones médicas y sesiones de rehabilitación- tengan "la oportunidad de madurar con niños de su edad, de jugar, de aprender, y de vivir en un ambiente normalizado" y la escuela es un elemento integrador clave. Así lo certifica el médico que en octubre evaluó a Aaron el curso pasado. En tres años, certifica el historial médico, Aaron ha pasado de una distrofia del 60% de su cuerpo al 90% actualmente.
"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo. Si el niño necesita ir al baño se tiene que quedar así, porque no hay nadie que le acompañe", añade su madre. En los cinco colegios públicos de Chiva y el instituto hay 19 casos reconocidos clínicamente con Síndrome de Down, que padecen Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) y el caso más singular, el de Aaron, con este tipo de distrofia muscular muy inusual. Sólo la padecen 3 de cada 10.000 niños varones, mientras que la epilepsia afecta a 8 de cada 1.000 y la discapacidad mental compleja, a 5 por 1.000.
La voluntad de la Generalitat Valenciana de obstaculizar la aplicación de la Ley e impedir la mejora en el tratamiento de los dependientes queda claro con la reforma llevada a cabo por la misma de las consecuencias del silencio administrativo en la resolución de las solicitudes de los dependientes. La posición inicial de la Generalitat Valenciana ante esas solicitudes fue la de no atenderlas, dejarlas morir en el cajón. Hasta que de repente descubrió que, en aplicación de la legislación estatal, el transcurso del plazo sin dictar resolución conducía a la conclusión legal de que la petición había sido estimada. Es lo que se conoce como silencio administrativo positivo.
La reacción de la Generalitat fue modificar la legislación valenciana para que el silencio administrativo tuviera efecto negativo, de rechazo de la solicitud. Y cuando el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional esta modificación y en previsión de que dicho Tribunal pudiera dictar sentencia favorable al recurso, llevó a cabo una modificación de otra ley en el mismo sentido de que el silencio administrativo tuviera resultado negativo, con el objeto de que, caso de perder vigencia la primera reforma, se aplicara esta segunda. Es clara la determinación de la Generalitat : que no se aplique a los dependientes la ley y para ello ni doto de los equipos evaluadores adecuados ni permito que la inactividad administrativa beneficie a los dependientes.
Fuente: Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana
El PSPV afirma que el Gobierno valenciano “se burla” de los Dependientes al “bloquear” las ayudas
La situación de las personas dependientes en la Comunidad Valenciana es realmente lamentable. No sabemos qué se está haciendo con los 250 millones de euros que el gobierno central ha transferido a la comunidad para cubrir esta urgente necesidad social.
Sin embargo, sí sabemos que en esta Comunidad tenemos una Ciudad de la Luz -en la cual se han gastado cifras enormes en su creación y en las infraestructuras del entorno- para rodar películas, aunque no sabemos nada respecto al número de puestos de trabajo ni al dinero que genera, ni tan sólo si compensa esta inversión a largo plazo.
También tenemos maravillosos circuitos para carreras de moto, gastamos 2.000 millones de las antiguas pesetas para la visita del Papa (que venga el mismo Jesús y lo vea) y disponemos de instalaciones estupendas para que los veleros más suntuosos y que el personal de élite puedan competir.
Por fin queda la joyita de la corona, nuestra ruinosa TERRA MITICA, un espacio lúdico supuestamente pensado para generar dinero en esta comunidad, pero que hasta ahora nos ha costado a todos montones de dinero. Es muy probable, que en algún momento esos terrenos acaben en manos de constructores que intentarán “ayudar a crear puestos de trabajo”, para seguir ampliando la mole de cemento que rodea Benidorm.
Pero seguimos sin respuesta para aquellos que más lo necesitan. Para quienes cada día supone una lucha constante generar esos medios para sobrevivir o convivir con una enfermedad crónica o una discapacidad. Para quienes ven reducidas sus vidas al cuidado de un enfermo, sin ninguna expectativa más y sin posibilidades de llevar una vida profesional, con todos los beneficios que ello supone.
Los enfermos, los familiares y todos aquellos voluntarios que participan en la gestión de estos problemas, son los que están cargando en primera fila con el peso de La Ciudad de la Luz, Terra Mítica, circuitos de motos, competencias de veleros y visitas papales.
Para más inri, en el uso de las competencias delegadas, el parlamento valenciano ha sacado un decretazo a través del cual, una vez concedida la dependencia, cuando por fín llega si se sobrevive a ese largo periodo de espera, se pagará sólo a partir de la fecha de concesión y no de la fecha de solicitud como está pasando en el resto del Estado.
Sr. Camps… sabemos que no se sonroja, pero… ¿no se le ocurre pensar que cuando ya deje el cargo y vuelva a ser un ciudadano más -que algún día sucederá-, cuando vaya por la calle, más de un dedo -entre ellos estará el mío- le señalarán diciendo “Este hombre dejó que mi madre, o mi padre, o mi hija muriera sin los cuidados que necesitaba y se merecía”? ¿Qué explicación como ser humano le dará a sus propios hijos o nietos?
Rectifique Sr. Camps, que es de sabios, aunque en su caso sólo serviría para devolver la dignididad y los cuidados de muchos desamparados.
El Sr. Camps y el Sr. Fabra
(este último implicado
en falsificaciones de permisos para
comercialización de plaguicidas)
AVADEC muestra su “indignación” por el retraso y anima a recurrir a los Tribunales
El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata afirmó hoy que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes y de los grandes inválidos al tardar más de cuatro años en proporcionarles las ayudas a las que tienen derecho por ley como constata el hecho, dijo, de que “tras 250 millones de euros trasferidos desde el Gobierno de España y de que 50.000 personas tuvieran derecho a la prestación, sólo 27.000 hoy estuvieran en condiciones de percibirla”.
Mata mantuvo hoy una reunión con la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, para analizar la situación de este colectivo y especialmente de los 25 afectados que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el apoyo jurídico del grupo socialista, su situación por el “bloqueo” de las ayudas establecidas en la Ley por parte del Gobierno valenciano.
Así, estos 25 afectados solicitaron en mayo de 2007 el reconocimiento de su dependencia para percibir las ayudas pero pasado un año aún no habían recibido contestación con lo que, unido al cambio de criterio del Consell por el que el silencio administrativo en lugar de considerarse positivo se cambiaba a negativo, no sabían si sus reclamaciones habían sido aceptadas.
Ahora el recurso está listo para sentencia y Mata recalcó que a la vista de cómo evoluciona el pleito “va a ser que nos van a determinar que la gente es dependiente a los seis meses de que hayan cursado la solicitud, que tienen derecho a la prestación desde esa fecha y que además tienen que ser indemnizados por los daños morales que el retraso les supone”.
En ese sentido, destacó que el pleito ha servido para hacer un seguimiento de cada una de las situaciones y se ha constatado que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes, de los grandes inválidos y de los que tienen graves enfermedades porque “tardan más de dos años en decirles que son dependientes, otro año en decirles qué les correspondería y otro más en proporcionarles estas ayudas” con lo que cuando al fin les llegan “lamentablemente muchos han fallecido”. Por contra, evidenció que la calidad de vida de estas personas “cambiaría muchísimo” si recibiera la prestación.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, mostró su “indigación” pues, dijo, desde que se aplica la ley en la Comunitat “sabemos que no estamos al mismo nivel del resto de las Comunidades” ya que “aquí se están cometiendo una serie de escándalos que hacen que tengamos menos derechos”, se lamentó.
Por ello, manifestó la necesidad de una mayor implicación de la Justicia en la defensa de sus derechos ya que el Colegio de Abogados de Valencia, pese a sus reiteradas peticiones, no les brinda los abogados del turno de oficio que requieren pese a que “no debería ser necesario discutir cuando es un dependiente”.
Al respecto, dijo no entender por qué se prolongan “tantísimo” los plazos, lo que supone “un incumplimiento manifiesto” de la ley, así como el no cumplimiento de la retroactividad o el que no se reconozca la compatibilidad de recursos como en otras comunidades, entre otros aspectos. “No queremos sentirnos ciudadanos de segunda”, proclamó.
CIFRAS REALES
Castellano reclamó conocer las cifras “reales” de dependientes y cuestionó en ese sentido las que aporta la Conselleria de Bienestar Social en las que en septiembre “hablaban de 40.000 solicitudes, lo que les valía para afirmar que aplican la ley en un 90 por ciento de los casos, cuando desde esta asociación se tiene conocimiento de que hay más de 120.000 expedientes“.
“Se está muriendo mucha gente, hay muchas quejas y se está creando un servicio doble que, en lugar de beneficiar al interesado ,está provocando un despilfarro de los recursos que no llegan a la persona que lo necesita”, criticó Castellano, quien añadió: “están destruyendo una cosa que funcionaba para montar otra que no sabemos aún si va funcionar”.
En ese sentido, mostró su oposición a la voluntad de un cambio administrativo ya que ello supondría “atascar la tramitación” al principio del proceso con el propósito de que “se presenten menos solicitudes” ya que se les exigirá una serie de informes que “se tardarán en reunir por el atasco de los servicios municipales”. Por ello, concluyó: “la mejor solución es a través de los tribunales”.
Fuente: AVADEC
Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana
Bienestar social
El PSPV teme el traslado de enfermos mentales a la privada
EP/LEVANTE-EMV.COM
La diputada del grupo socialista en las Corts valencianes Rebeca Soler mostró hoy su "temor" ante la posibilidad de que el Consell esté "ultimando el traslado de los enfermos mentales a residencias privadas que no cubren sus plazas, a cuenta de los fondos percibidos a través de la ley de la Dependencia".
En un comunicado, Soler consideró que éste "es el legado que ha dejado el ex conseller de Bienestar Social, Juan Cotino" y advirtió de que el PSPV "no va a consentir la privatización de más recursos, ni un paso atrás en el reconocimiento y regulación de los centros para enfermos mentales".
La diputada lamentó que el borrador de la nueva orden de Bienestar Social, que ahora dirige Angélica Such, "influye directamente en la atención de estos enfermos", puesto que "modifica el registro, autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana". Añadió que esto "impedirá mantener la idea de la atención específica a las personas con enfermedad mental y convertirá los centros en meros aparcamientos".
En este sentido, Soler anunció que los socialistas exigirán la comparecencia de la consellera en la próxima comisión de Política Social, para que explique en qué términos queda este nuevo plan. La diputada esperó "una mayor sensibilidad de Such para atender a los enfermos y a sus familias", aunque manifestó su "recelo" porque consideró que la gestión de la consellera "podría estar tutelada por Juan Cotino".
Así, reclamó a Such que "atienda a las reivindicaciones" que ha presentado la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en forma de alegaciones al borrador del plan integral que prepara el Consell. Entre las exigencias de este colectivo citó "la creación de centros de día, la ampliación de los servicios o la elaboración de programas de inserción laboral o dirigidos a la población del Psiquiátrico Penitenciario".
PROVINCIA ALICANTE
Sin amparo legal por ser dependiente
«No entiendo nada», le contesta el padre de una joven paralítica a la juez tras suspender el primer pleito contra Bienestar por las dudas sobre la competencia territorial.
E. BROTONS | ALICANTE
Los juzgados de Alicante se convirtieron ayer en un clamor popular por el incumplimiento de la Ley de Dependencia. La celebración de la primera demanda en la sala uno de lo contencioso-administrativo, -denuncia que ha sido interpuesta por una familia para exigir a Bienestar Social los derechos recogidos en la normativa-, sirvió de reclamo para que discapacitados, padres, hermanos y amigos se concentraran en las puertas con pancartas y camisetas naranjas y denunciasen la situación por la que están pasando.
Eran pasadas las nueve y media de la mañana cuando comenzó la vista oral y algunos dependientes entraron esperanzados en la sala. «Puede ser un precedente», comentaban. Veinte minutos después, salían indignados. «Es una vergüenza», afirmaban tras la decisión judicial. La odisea de los discapacitados por los tribunales no ha hecho más que comenzar.
La familia de Ayeisa Méndez se ha convertido en un emblema. Esta joven de 27 años padece una parálisis cerebral de nacimiento, con un grado de discapacidad del 85% y en abril de 2007 sus padres se acogieron a la polémica ley. Año y medio después de no recibir contestación del Consell, pusieron el caso en manos del abogado David Gandía, quien posteriormente amplió la demanda ya que se le reconoció un grado de dependencia inferior al que consideraban. A Ayeisa, que necesita una atención las 24 horas al día, le concedieron finalmente una prestación de la que ya está disfrutando: la asistencia al centro de día Infanta Elena, de nueve de la mañana a cinco de la tarde y de lunes a viernes.
El padre, Javier Méndez, teme por su futuro y quiere una plaza residencial o el servicio de un cuidador que cubra las horas, fines de semana y las vacaciones.
La incompetencia territorial fue el argumento esgrimido ayer por el letrado de la Conselleria y que llevó a que la jueza decidiese anular la vista oral hasta que la Fiscalía decida en unos días qué tribunal es el competente: el contencioso-administrativo de Valencia o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano donde se están derivando todos los casos, dilatándose en el tiempo y dejando «totalmente abandonados» a los afectados, apuntó Gandía.
Traslado a Valencia
Ante un público mucho más numero de lo habitual -faltaron sillas para todos los que entraron-, la parte demandante recordó el compromiso de los poderes públicos para hacer cumplir la ley. Y puso de manifiesto las dificultades que supondrá para la familia trasladar el juicio a Valencia, por la discapacidad de la joven, cuando el órgano que dicta las resoluciones de la ley es la Conselleria que, con sede en Valencia, tiene también una dirección territorial con ubicación física en Alicante.
Una vez la jueza explicó al padre que el juicio quedaba suspendido, le preguntó si quería decir algo. «No entiendo nada», le contestó. «No sé si esto es algo de alienígenas», añadió. Dirigiéndose al abogado de la administración le recriminó que «esto -en referencia a la competencia- es demorar la resolución» y ante una sala repleta denunció que «la ley se está aplicando mal».
Amigos, dependientes y familiares, ayer, en la puerta del juzgado.
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NOTICIA «Estoy indignado pero no pienso rendirme»
fotos Concentración de los afectados
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Desde las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana, agradecer el apoyo que con su presencia nos han manifestado los sindicatos CC.OO. y U.G.T., los partidos políticos Esquerra Unida, PSPV-PSOE y Vecinos por Alicante y muy especialmente el de COCEMFE ALICANTE (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante) por cuanto para todos representa esta acción reivindicativa.
¡GRACIAS!
JUZGADO ALICANTINO
La primera vista oral en la Comunitat Valenciana en demanda de la aplicación de la Ley de la Dependencia ha sido suspendida por una jueza de Alicante después de que el abogado de la Generalitat pusiera en duda la competencia territorial del tribunal.
EFE / INFORMACION.ES
Según ha explicado a Efe el abogado de los demandantes, David Gandía, el letrado de la Conselleria de Bienestar Social ha puesto en entredicho la competencia objetiva y territorial de la titular del juzgado administrativo número 1 de Alicante.
Si esa intención prospera, el asunto debería ser trasladado a un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia o, en todo caso, al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Ante esta situación, la jueza ha decidido suspender la vista y pedir un dictamen jurídico que aclare si es competente en este caso, que podría estar en unos días.
La parte demandante es la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, que sufre parálisis cerebral de nacimiento y tetraplejia y que, con un grado de discapacidad reconocido por la Conselleria del 85 por ciento, actualmente es atendida por el centro de día de parálisis cerebral Infanta Elena, en Alicante.
La familia pide que le reconozca una discapacidad superior, el grado tres nivel dos con el fin de que sea atendida por la misma institución (Infanta Elena) pero no únicamente en horario de centro de día sino con una plaza de residencia (24 horas).
Según el abogado, el centro de día hace que la familia tenga que hacerse cargo a partir de las 17 horas los días laborales, todos los fines de semana, así como en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y durante el verano.
Por ello, en su demanda plantean que si no hay plaza como residente, al menos la Conselleria sí sufrague los gastos económicos de mantenimiento de la joven dependiente durante las horas que excedan del servicio del centro de día.
En contra de la postura de la Generalitat, la familia ha argumentado ante la juez que la competencia objetiva para tratar este caso es del juzgado de Alicante porque el órgano que dicta la resolución sobre la Ley es la Conselleria que, aunque con sede en Valencia, tiene una dirección territorial con ubicación física en la ciudad.
Además, han recordado que la Constitución Española refleja la necesidad de que los poderes públicos apoyen a los dependientes, por lo que el traslado del juicio a Valencia sería una grave dificultad para esta familia, por la discapacidad de la joven.
Para la familia, al discutir la competencia de la juez la Generalitat únicamente busca "alargar el procedimiento" y dejar "totalmente abandonados" a la familia.
A la vista oral han acudido numerosos colectivos políticos y sociales de la ciudad para arropar a la familia, entre ellos miembros de la Plataforma por la Aplicación de la Ley de Dependencia, los sindicatos UGT y CCOO y los partidos PSPV-PSOE y EU, entre otros.
ASPE
La Generalitat ´debe´ dos millones a 150 dependientes por el retraso en aplicar la ley
El PSOE pide al Consell que no trate a los miembros de este colectivo como pedigüeños a la caza de una limosna
Las responsables de la Plataforma de la Dependencia de Aspe
INFORMACION
PÉREZ GIL
El aspense Juan Manuel Padilla, concejal y diputado provincial, considera una "vergüenza" que más del 85% de los grandes dependientes de Aspe que han solicitado las prestaciones sigan sin recibir un solo euro 29 meses después de la entrada en vigor de la ley estatal.
Los datos oficiales que ha facilitado constatan la existencia de 323 solicitudes en Aspe de las que se han emitido 166 resoluciones de grado y nivel, poco más del 50 por ciento, y de las que 142 corresponderían a grandes dependientes. Son estos grandes dependientes los que, con los baremos establecidos por la ley, deberían haber cobrado a día de hoy dos millones de euros, lo que supone que a cada uno se le adeuda una cantidad media de 18.000 euros.
Unos datos que han llevado al dirigente socialista a afirmar que "la Generalitat Valenciana pervierte el uso de las leyes, que no tienen otro fin que dar respuesta a las demandas de la gente, para ahorrarse un dinero que hasta marzo de 2009 recibía del Gobierno central aunque no le llegaba al dependiente porque el Consell nunca terminaba el proceso". Ahora, el Estado sólo envía el dinero cuando el proceso está totalmente acabado con lo que es el Gobierno valenciano quien obstaculiza, con su inactividad, que los dependientes puedan cobrar. En estos términos lo ha denunciado Padilla advirtiendo que "el dinero de los dependientes hasta marzo de 2009 recibido por la Generalitat nadie sabe a donde ha ido a parar".
Defensor del Pueblo
El dirigente socialista se ha sumado a todas y cada una de las demandas formuladas ante el Defensor del Pueblo por las plataformas en defensa de los dependientes de la Comunidad Valenciana.
En este sentido también exige que el procedimiento desde que se solicita hasta que se concede la ayuda no supere los nueve meses y pide, asimismo, que se acabe con el silencio negativo que viene aplicando la Conselleria de Bienestar Social.
Dignificar el trato
A su juicio son dos medidas esenciales, entre otras muchas que reclaman las plataformas, para dignificar el trato que reciben los dependientes. "Que en el caso de Valencia son tratados sin el más mínimo respeto, como pedigüeños a la caza de una limosna, cuando en realidad se trata de que la Administración Autonómica cumpla con su obligación y no les niegue un derecho reconocido por la ley", reitera Padilla. Por eso rechaza el diputado socialista la medida del Gobierno valenciano de aplicar el silencio negativo a las resoluciones que no se resuelvan dentro del plazo.
Comunidad Valenciana
Javier Méndez muestra una fotografía de su hija Ayeisa.
Un juez celebra el viernes
la primera vista oral por el
caso de una joven
paralítica.
Los dependientes están esperanzados. El juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Alicante celebra este viernes la primera vista oral por el caso de una joven con parálisis cerebral, que reclama desde abril del año 2007 los derechos contemplados en la normativa estatal.
Pese a que la familia se muestra escéptica con respecto a lograr una resolución favorable, se trata de la primera demanda en Alicante que, por el momento, no ha sido rechazada por el juzgado ya que otras denuncias anteriores han sido derivadas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia alegando falta de competencia territorial, lo que está demorando aún más todo el proceso.
Ante la posibilidad de que la demanda prospere -lo que abriría las puertas a cientos de afectados- las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia están citando a los discapacitados para que se congreguen pasado mañana en las puertas de los juzgados y muestran su apoyo a la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, y con una discapacidad del 85%.
El padre de la joven explicó ayer que en verano de hace dos años solicitaron las ayudas para que su hija, -que acude al centro privado Infanta Elena, de lunes a viernes y en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde- recibiese los derechos recogidos en la ley.
Hartos de esperar durante año y medio y de no recibir una contestación de la Conselleria de Bienestar Social decidieron presentar la demanda, que posteriormente tuvo que ser ampliada ya que la administración reconoció un grado de dependencia inferior al que considera la familia. Es decir, el Consell le autorizó acudir a un centro, al que ya está asistiendo desde hace años, y no amplió las prestaciones.
«No tengo esperanzas», aseguró el padre, Javier Méndez, en referencia a la resolución que tomará el juez el próximo viernes. Aun así, «seguiré luchando por los que vienen detrás» y para que la administración «deje de torearnos».
Ayeisa necesita una asistencia las 24 horas al día que no se cubre sólo con el centro de día, y cuyo coste es sufragado en parte por los padres. La madre, que dejó de trabajar cuando se publicó la ley, ha tenido que volver al no solucionarse la prestación. «Conforme pasan los años, mi mujer y yo tenemos menos salud y me preocupa el futuro de mi hija», insistió Javier, quien quiere una plaza en una residencia o el servicio de un cuidador profesional o de un familiar que cubra las horas, fines de semana y vacaciones que no está en el centro. El problema, según el abogado de la familia David Gandía, es que ambos servicios son «incompatibles» en la Ley de Dependencia de la Comunitat. El letrado también se muestra escéptico y prevé que al final el caso se remita al TSJ de Valencia por incompetencia territorial. El objetivo será el juzgado de lo social.
Por otra parte, el Síndic de Greuges, José Cholbi, anunció ayer que tiene previsto mantener próximamente una reunión con la consellera de Bienestar, Angélica Such, para encontrar una solución a las quejas que se están recibiendo de familiares por el incumplimiento de la ley.
ÚLTIMA HORA
SOBRE LA VISTA ORAL DEL CASO DE JAVIER MÉNDEZ Y SU HIJA AYEISA.
Así es como rezaba inicialmente nuestra entrada del pasado día 6 de Septiembre, sobre la celebración del juicio a la primera demanda por la Ley de Dependencia que se iba a celebrar en Alicante este próximo viernes, día 16 de octubre, en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante.
Posteriormente y, desconocemos el motivo que nos indujo al error, lo comenzamos a anunciar que sería celebrado en los juzgados de Elche, pese a que esta familia vive en Alicante. Ahora y esperemos que nuestra rectificación llegue a todos con el tiempo suficiente, pedimos disculpas por esa información equivocada.
Definitivamente, os comunicamos que la vista oral de AYESIA MÉNDEZ se fija para el viernes 16 de octubre, a las 09:30 horas y se celebrará en la Sala nº 1 de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de ALICANTE (Edificio de Cristales), situados en la C/. Pardo Jimeno y no en ELCHE como últimamente se venía diciendo.
A todos los que podáis asistir os esperamos este próximo viernes.
Un saludo