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La Generalitat de Catalunya provocó el ERE de la empresa Icària Arts Gràfiques que ha dejado en la calle a 21 discapacitados y trasladado sus encargos a otra cuyos trabajadores son presos.

 

 

 

Generalitat_de_Catalunya-logo-CBABF319A1-seeklogo.com Salut adjudica a presos un trabajo que hacían discapacitados psíquicos.

 

Los responsables de Icària no se han quedado de brazos cruzados. Se han entrevistado con las conselleres de Justícia, Montserrat Tura, y Treball, Mar Serna.

 

JOSEP PLAYÀ MASET | Barcelona | 13/10/2009 | Actualizada a las 00:56h | Ciudadanos

La Generalitat aprobó el pasado 3 de septiembre un expediente de regulación de empleo (ERE) en la empresa Icària Arts Gràfiques que ha dejado temporalmente en la calle a 21 personas. La noticia no tendría más relevancia que otros expedientes, si no fuera porque los 21 afectados son discapacitados psíquicos que con muchas dificultades habían logrado un trabajo por el que se sentían recompensados en su economía y en su autoestima. Y si no fuera porque ese ERE es consecuencia de que la misma Generalitat, hasta ahora principal cliente de esta empresa, ha trasladado sus encargos a otra cuyos trabajadores son presos.

La situación parece digna de una película de enredo pese al dramatismo que encierra. Desde hace doce años la empresa Icària Arts Gràfiques, un centro especial de trabajo sin ánimo de lucro que emplea a trabajadores con disminución psíquica, realizaba la estampación de la ropa del Institut Català de la Salut (ICS). Dicho de otra forma, se encargaba de grabar las letras de sábanas, fundas de almohada, batas y toda la ropa utilizada en los hospitales públicos de Catalunya. No había quejas ni del trabajo ni del precio, pero el Departament de Salut convocó una nueva licitación de este y otros trabajos y adjudicó a finales del año pasado la concesión (confección y estampación) al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa pública del Departament de Justícia que emplea a presos de las cárceles. El objetivo fundamental del CIRE es fomentar la inserción laboral de las personas encerradas, mediante formación profesional y prácticas en talleres ubicados dentro y fuera de los centros penitenciarios. En pocos años de funcionamiento, su experiencia ha sido valorada muy positivamente.

Una vez obtenida la concesión, los gestores del CIRE negociaron con Icària las condiciones para mantener el trabajo de estampación, pero a mediados de este año les dijeron que resultaban demasiado caros. Al día siguiente, Icària perdía el 30% de su facturación, unos 330.000 euros anuales, y se veía obligada a reducir su plantilla a la mitad.

Para María José Pujol, directora de Icària, se trata de una competencia desleal. "La productividad de un preso es superior a la de un discapacitado psíquico, pero con el presupuesto de prisiones, que sale de todos nosotros, se pagan gastos básicos como la luz o el agua, se han comprado las máquinas y las instalaciones. Además, por cada ocho presos tienen a un encargado al que no necesitan pagarle porque es funcionario, y disponen de hasta 2.000 presos para trabajar". Según Pujol, "a los presos se les paga un sueldo especial de convenio estipulado en 430 euros mensuales, muy inferior al salario mínimo interprofesional, que pagamos nosotros". "Contra esto, ni los chinos pueden competir", dice la directora de Icària.

El centro especial de trabajo Icària Gràfiques funciona desde 1992 con sus propios talleres en el Poblenou. Sus trabajadores, con disminución psíquica, han recibido una formación profesional específica en la Escola Taiga y obtienen un salario que les permite la integración social. La empresa Icària Iniciatives Socials empezó su andadura en 1976 y hoy es una entidad consolidada que agrupa la Escola Taiga, que cuenta con 60 alumnos; el Centre Ocupacional Bogatell, con 64 alumnos; el Albergue Inout, en Vallvidrera, con capacidad para 168 plazas y donde trabajan 53 personas, en su mayoría discapacitados psíquicos, y el restaurante del albergue, abierto recientemente.

Los responsables de Icària no se han quedado de brazos cruzados. Se han entrevistado con las conselleres de Justícia, Montserrat Tura, y Treball, Mar Serna, con los gerentes de los hospitales y con representantes políticos. Su objetivo es recuperar el trabajo. Han logrado que el diputado Josep Lluís Cleries (CiU) hiciese varias preguntas a la Mesa del Parlament. Una de ellas dice: "¿Encuentran lógico que el mismo Govern de la Generalitat promueva que personas con discapacidad pierdan su trabajo, cuando por ley tienen la obligación de fomentar su ocupación?".

PALABRAS CLAVE

Icària, Generalitat, ERE, Josep Lluís Cleries, Mar Serna, Vallvidrera, Institut Català, Montserrat Tura, Pujol, ICS, CiU, Poblenou