Comunidad Valenciana
Javier Méndez muestra una fotografía de su hija Ayeisa.
Un juez celebra el viernes
la primera vista oral por el
caso de una joven
paralítica.
Los dependientes están esperanzados. El juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Alicante celebra este viernes la primera vista oral por el caso de una joven con parálisis cerebral, que reclama desde abril del año 2007 los derechos contemplados en la normativa estatal.
Pese a que la familia se muestra escéptica con respecto a lograr una resolución favorable, se trata de la primera demanda en Alicante que, por el momento, no ha sido rechazada por el juzgado ya que otras denuncias anteriores han sido derivadas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia alegando falta de competencia territorial, lo que está demorando aún más todo el proceso.
Ante la posibilidad de que la demanda prospere -lo que abriría las puertas a cientos de afectados- las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia están citando a los discapacitados para que se congreguen pasado mañana en las puertas de los juzgados y muestran su apoyo a la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, y con una discapacidad del 85%.
El padre de la joven explicó ayer que en verano de hace dos años solicitaron las ayudas para que su hija, -que acude al centro privado Infanta Elena, de lunes a viernes y en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde- recibiese los derechos recogidos en la ley.
Hartos de esperar durante año y medio y de no recibir una contestación de la Conselleria de Bienestar Social decidieron presentar la demanda, que posteriormente tuvo que ser ampliada ya que la administración reconoció un grado de dependencia inferior al que considera la familia. Es decir, el Consell le autorizó acudir a un centro, al que ya está asistiendo desde hace años, y no amplió las prestaciones.
«No tengo esperanzas», aseguró el padre, Javier Méndez, en referencia a la resolución que tomará el juez el próximo viernes. Aun así, «seguiré luchando por los que vienen detrás» y para que la administración «deje de torearnos».
Ayeisa necesita una asistencia las 24 horas al día que no se cubre sólo con el centro de día, y cuyo coste es sufragado en parte por los padres. La madre, que dejó de trabajar cuando se publicó la ley, ha tenido que volver al no solucionarse la prestación. «Conforme pasan los años, mi mujer y yo tenemos menos salud y me preocupa el futuro de mi hija», insistió Javier, quien quiere una plaza en una residencia o el servicio de un cuidador profesional o de un familiar que cubra las horas, fines de semana y vacaciones que no está en el centro. El problema, según el abogado de la familia David Gandía, es que ambos servicios son «incompatibles» en la Ley de Dependencia de la Comunitat. El letrado también se muestra escéptico y prevé que al final el caso se remita al TSJ de Valencia por incompetencia territorial. El objetivo será el juzgado de lo social.
Por otra parte, el Síndic de Greuges, José Cholbi, anunció ayer que tiene previsto mantener próximamente una reunión con la consellera de Bienestar, Angélica Such, para encontrar una solución a las quejas que se están recibiendo de familiares por el incumplimiento de la ley.