JUZGADO ALICANTINO
La primera vista oral en la Comunitat Valenciana en demanda de la aplicación de la Ley de la Dependencia ha sido suspendida por una jueza de Alicante después de que el abogado de la Generalitat pusiera en duda la competencia territorial del tribunal.
EFE / INFORMACION.ES
Según ha explicado a Efe el abogado de los demandantes, David Gandía, el letrado de la Conselleria de Bienestar Social ha puesto en entredicho la competencia objetiva y territorial de la titular del juzgado administrativo número 1 de Alicante.
Si esa intención prospera, el asunto debería ser trasladado a un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia o, en todo caso, al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Ante esta situación, la jueza ha decidido suspender la vista y pedir un dictamen jurídico que aclare si es competente en este caso, que podría estar en unos días.
La parte demandante es la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, que sufre parálisis cerebral de nacimiento y tetraplejia y que, con un grado de discapacidad reconocido por la Conselleria del 85 por ciento, actualmente es atendida por el centro de día de parálisis cerebral Infanta Elena, en Alicante.
La familia pide que le reconozca una discapacidad superior, el grado tres nivel dos con el fin de que sea atendida por la misma institución (Infanta Elena) pero no únicamente en horario de centro de día sino con una plaza de residencia (24 horas).
Según el abogado, el centro de día hace que la familia tenga que hacerse cargo a partir de las 17 horas los días laborales, todos los fines de semana, así como en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y durante el verano.
Por ello, en su demanda plantean que si no hay plaza como residente, al menos la Conselleria sí sufrague los gastos económicos de mantenimiento de la joven dependiente durante las horas que excedan del servicio del centro de día.
En contra de la postura de la Generalitat, la familia ha argumentado ante la juez que la competencia objetiva para tratar este caso es del juzgado de Alicante porque el órgano que dicta la resolución sobre la Ley es la Conselleria que, aunque con sede en Valencia, tiene una dirección territorial con ubicación física en la ciudad.
Además, han recordado que la Constitución Española refleja la necesidad de que los poderes públicos apoyen a los dependientes, por lo que el traslado del juicio a Valencia sería una grave dificultad para esta familia, por la discapacidad de la joven.
Para la familia, al discutir la competencia de la juez la Generalitat únicamente busca "alargar el procedimiento" y dejar "totalmente abandonados" a la familia.
A la vista oral han acudido numerosos colectivos políticos y sociales de la ciudad para arropar a la familia, entre ellos miembros de la Plataforma por la Aplicación de la Ley de Dependencia, los sindicatos UGT y CCOO y los partidos PSPV-PSOE y EU, entre otros.