«No entiendo nada», le contesta el padre de una joven paralítica a la juez tras suspender el primer pleito contra Bienestar por las dudas sobre la competencia territorial.

E. BROTONS | ALICANTE

Los juzgados de Alicante se convirtieron ayer en un clamor popular por el incumplimiento de la Ley de Dependencia. La celebración de la primera demanda en la sala uno de lo contencioso-administrativo, -denuncia que ha sido interpuesta por una familia para exigir a Bienestar Social los derechos recogidos en la normativa-, sirvió de reclamo para que discapacitados, padres, hermanos y amigos se concentraran en las puertas con pancartas y camisetas naranjas y denunciasen la situación por la que están pasando.

Eran pasadas las nueve y media de la mañana cuando comenzó la vista oral y algunos dependientes entraron esperanzados en la sala. «Puede ser un precedente», comentaban. Veinte minutos después, salían indignados. «Es una vergüenza», afirmaban tras la decisión judicial. La odisea de los discapacitados por los tribunales no ha hecho más que comenzar.

La familia de Ayeisa Méndez se ha convertido en un emblema. Esta joven de 27 años padece una parálisis cerebral de nacimiento, con un grado de discapacidad del 85% y en abril de 2007 sus padres se acogieron a la polémica ley. Año y medio después de no recibir contestación del Consell, pusieron el caso en manos del abogado David Gandía, quien posteriormente amplió la demanda ya que se le reconoció un grado de dependencia inferior al que consideraban. A Ayeisa, que necesita una atención las 24 horas al día, le concedieron finalmente una prestación de la que ya está disfrutando: la asistencia al centro de día Infanta Elena, de nueve de la mañana a cinco de la tarde y de lunes a viernes.

El padre, Javier Méndez, teme por su futuro y quiere una plaza residencial o el servicio de un cuidador que cubra las horas, fines de semana y las vacaciones.

La incompetencia territorial fue el argumento esgrimido ayer por el letrado de la Conselleria y que llevó a que la jueza decidiese anular la vista oral hasta que la Fiscalía decida en unos días qué tribunal es el competente: el contencioso-administrativo de Valencia o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano donde se están derivando todos los casos, dilatándose en el tiempo y dejando «totalmente abandonados» a los afectados, apuntó Gandía.

Traslado a Valencia

Ante un público mucho más numero de lo habitual -faltaron sillas para todos los que entraron-, la parte demandante recordó el compromiso de los poderes públicos para hacer cumplir la ley. Y puso de manifiesto las dificultades que supondrá para la familia trasladar el juicio a Valencia, por la discapacidad de la joven, cuando el órgano que dicta las resoluciones de la ley es la Conselleria que, con sede en Valencia, tiene también una dirección territorial con ubicación física en Alicante.

Una vez la jueza explicó al padre que el juicio quedaba suspendido, le preguntó si quería decir algo. «No entiendo nada», le contestó. «No sé si esto es algo de alienígenas», añadió. Dirigiéndose al abogado de la administración le recriminó que «esto -en referencia a la competencia- es demorar la resolución» y ante una sala repleta denunció que «la ley se está aplicando mal».

Sin amparo legal por ser dependiente

Amigos, dependientes y familiares, ayer, en la puerta del juzgado.

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fotos Concentración de los afectados

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Desde las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana, agradecer el apoyo que con su presencia nos han manifestado los sindicatos CC.OO. y U.G.T., los partidos políticos Esquerra Unida, PSPV-PSOE y Vecinos por Alicante y muy especialmente el de COCEMFE ALICANTE (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante) por cuanto para todos representa esta acción reivindicativa.

¡GRACIAS!